El primer punto que se discutió en La Habana fue el de la reforma rural integral. Con ese componente los negociadores buscaron atender el rezago histórico del campo, que ha sido en gran parte producto del conflicto armado y que hoy se expresa con cifras como que allí la tasa de pobreza, cercana al 44,7 %, dobla los niveles de las zonas urbanas del país. Entre las prioridades de ese primer punto estuvo garantizar el acceso a la tierra y a las herramientas para ponerla a producir.

Sin embargo, al margen de la mesa en La Habana, el Gobierno llevó a cabo una reforma institucional, permitida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, una transformación compuesta por la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la creación de la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Renovación del Territorio. Se trató de un revolcón que no estuvo condicionado a lo acordado en Cuba.

Las funciones que asumieron esas nacientes instituciones resultaron en línea con muchos de los objetivos del acuerdo de paz con las Farc. Del lado de la Agencia Nacional de Tierras, su director, Miguel Samper Strouss, anunció el inicio del programa “más ambicioso de la historia de Colombia” para la formalización de predios -el acuerdo apuntaba a siete millones de hectáreas formalizadas-, al cual han adherido departamentos como Huila, Cundinamarca y Cesar.

Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, nacida con el objetivo de atender las zonas afectadas por el conflicto armado, en diálogo con este diario en vísperas del plebiscito, explicó que su entidad sería la encargada de gerenciar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se proponían en el primer punto discutido en La Habana.

A la pregunta de qué ocurriría con esa intervención territorial en caso de que ganara el No, Escobar respondió: “El tema del punto uno es algo que el presidente ha dicho que va con o sin acuerdo (…). El país es consciente de que tiene que avanzar en esos derroteros porque el campo se ha convertido en un espacio inviable en donde la institucionalidad por muchas razones se ha quedado rezagada frente a sus demandas”.

Escobar, además, se refirió a pasos que ha dado el Ejecutivo en favor del sector rural, independientemente del acuerdo de paz con las Farc: el primer censo nacional agropecuario en 45 años y la convocatoria a la Misión para Transformación del Campo, un grupo de expertos que diagnosticó el mundo rural nacional y entregó recomendaciones de política pública, como precisamente liquidar el Incoder y escindir sus funciones en entidades especializadas.

La también denominada Misión Rural, por lo demás, fue enfática en la necesidad de proveer al campo con bienes y servicios públicos, una arista transversal en los PDET del acuerdo con la guerrilla. La tarea de llevar esos avances al sector rural en todo caso quedó desde diciembre, cuando se crearon las tres nuevas entidades, en manos de la Agencia de Desarrollo Rural, la cual debe propender por un desarrollo más allá de lo agropecuario.

De acuerdo con Rocío Peña, del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, “del primer punto hay mucho desarrollado con la nueva institucionalidad rural”. Observó que el catastro rural multipropósito, del que se habla en la reforma rural integral, está de todas formas consignado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Conpes 3859 de junio de este año.

“El catastro dará herramientas para el cobro del impuesto predial y para hacer política pública en lo rural”, agregó Peña. En efecto, Miguel Samper ha insistido en que el barrido predial que se contempla en el plan de formalización, junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, buscará ir de la mano con el castro multipropósito.

Por su parte, Rafael Mejía, expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y nuevo presidente de la Bolsa Mercantil, resaltó: “El país debe mirar el resultado no como una victoria o una derrota, sino como oportunidad constructiva de mirar qué falta. ¿Por qué si el campo era la esperanza a través del punto número uno, se le redujo el presupuesto de inversión al Ministerio de Agricultura, inicialmente en 40 %, con la posterior adición de $434.000 millones, que no se sabe bien para qué son?”.

Según él, con la disponibilidad presupuestal “el punto uno no hubiera quedado satisfecho. Ese es sólo un ejemplo de lo que las partes deben mirar ahora para buscar el camino hacia la paz”. Desde la SAC, Mejía fue defensor de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres, otra de las políticas que la administración Santos ha impulsado en el sector rural. Las Farc, sin embargo, durante los diálogos manifestaron su desacuerdo con la creación de esas zonas.

“Las zidres son parte de recomposición económica, política, social y de sostenibilidad de ciertas zonas donde el Estado nunca ha llegado”, concluyó Mejía. Esa suerte de zonas francas para el agro, que no obstante deben aún sortear dos demandas por inconstitucionalidad ante la Corte, son otro de los componentes que quedan en pie de cara al campo, ahora que la mayoría de ciudadanos demostrara que no apoya el acuerdo alcanzado con las Farc.

Fuente: El Espectador