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Fuente: Razón Pública

Autoría: Lorena Carrillo González*

Fecha: Miércoles, 12 Julio 2017

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos.

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)