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Esta semana se llevó a cabo, en Cochabamba, el taller sobre desarrollo rural, descentralización y compras estatales, auspiciado por Agrecol Andes, Ciudadanía, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y SOS Faim. Participó un interesante grupo de especialistas y activistas en ese eje de contenidos, como directivos de la instituciones auspiciantes,  de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) Cochabamba, Fundación Valles, Mancomunidad del Caine, e investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) y de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba).

Por encargo de SOS Faim, el IPDRS está llevando a cabo la evaluación intermedia de las experiencias de desarrollo territorial rural en Bolivia, Ecuador y Perú en el marco del programa de SOS Faim 2014-2016. La evaluación es realizada de manera simultánea en los tres países y tiene por objetivo generar conclusiones, recomendaciones y propuestas en cuanto a indicadores programáticos y lineamientos para un próximo programa regional. Esta tarea se efectúa en base a la comparación e identificación de coincidencias, diferencias, especificidades y generalidades suficientes en cuanto al contexto, las estrategias de intervención y los resultados en los tres países.

Uno de los temas centrales refiere a estrategias para apoyar y fortalecer la producción campesina asociativa. Esto impulsa a hablar también del papel preciso de los gobiernos municipales como potenciales clientes de la cadena de producción – transformación - comercialización. La especialista Geovana Mercado (UMSA) y los asistentes al taller plantearon que las compras públicas pueden favorecer a productores campesinos convirtiéndose en complemento a sus recursos, activando circuitos locales de compra y venta, reinversiones, rescate de productos tradicionales, refuerzo nutricional, valorar tradiciones alimentarias, etc.

Se llegó a la conclusión de que no se trata sólo de voluntad o de eficiencia, sino que hay que tomar medidas más integrales que ayuden a funcionar el sistema, a través de la adecuada combinación entre normativa, fortalecimiento organizaciones (capacidad de gestión), información a funcionarios/as sobre normas y competencias, alianzas y condiciones de producción.

Un aspecto fundamental es que las y los técnicos de campo conozcan de primera mano la normativa, a medida que ésta vaya cambiando. Si las ventajas de la nueva normativa no se transmiten en su momento a las y los funcionarios de gobiernos municipales, la incidencia peca por omisión. De igual manera, deben conocerla las y los productores, para demandar y ejercer sus derechos.

 

(Ver Ayuda Memoria en la sección Nuestra Producción, de esta misma Página)

24 de marzo de 2016