Temas como el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales y participación social y resolución de conflictos se trató en la jornada.
Con la participación de organizaciones sociales de la provincia se analizaron los consensos y desacuerdos identificados por cada sector en torno a los temas con relación a derechos colectivos. "Esperamos que lo poco que vamos a dejar a nuestros hijos no se reduzca con el 10% que se debe dejar para espacios verdes", comentó Manuel Escola, de la parroquia de Angochagua, quien argumentó que en su comunidad han reforestado y conservan el páramo, por lo que pidieron que se considere esas áreas para no restarles metraje en sus propiedades.
Por su parte, el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la comisión de Soberanía Alimentaria, explicó que hay la posibilidad de hacer nuevos créditos a familias de comunidades que no pueden hipotecar la tierra para obtener créditos para vivienda y producción, por lo que mediante la certificación de los cabildos de sus comunidades podrían hacerlo.
Además, dentro de los análisis de la ley, se contaría con un Concejo Ciudadano, junto a la autoridad de tierras, para que asesore, evalúe y de seguimiento a conflictos que puedan resolverse mediante diálogos antes de acudir a otras estancias. "Es fundamental recibir opiniones de diversos actores que permiten hacer precisiones, correcciones, abordar problemas que no están conocidos", dijo el asambleísta al hacer referencia a que, según el territorio de cada comunidad, las necesidades varían, siendo Imbabura una de las provincias que más observaciones ha hecho al proyecto de Ley.
Resultados
"Los campesinos ignoramos de la ley, por lo que se debería socializar antes para que la gente conozca y evite endeudarse en algo que luego no puede pagar", opinó Pastora Tabango respecto a los créditos que entregó el Banco de Fomento para ganadería y agricultura en el sector de La Magdalena, donde actualmente varias personas no han podido cancelar los créditos desde hace dos años y piden que se reconsidere su situación.
Al finalizar las audiencias, la comisión de la Asamblea tenía previsto emitir un informe y el proyecto de Ley volverá al pleno de la Asamblea en agosto o septiembre para ser tratado en segundo debate con la finalidad de garantizar que la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales respete los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos, de acuerdo a información de Carvajal.
"Mi deber como parte del movimiento indígena será tomar nota de las intervenciones de las provincias, sobre todo donde hay un sector representativo de pueblos indígenas para que los aportes sean incorporados en el texto, caso contrario no va a tener sentido las socializaciones", afirmó Lourdes Tibán, quien también estuvo en la audiencia provincial. (HOKC)
Dato
En Imbabura y Sucumbíos se cumplió con la agenda de audiencias provinciales.
