Al menos 12 disensos nacionales son los que la Comisión de Soberanía Alimentaria y los representantes de organizaciones titulares de derechos colectivos deberán resolver hoy en el marco de la tercera y última fase de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de la Ley de Tierras.
Así consta en el informe que será debatido en la Mesa Nacional de Diálogo que se cumplirá en la Asamblea con la participación de entidades como el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la Confederación Nacional Afroecuatoriana, la Asociación de Negros del Ecuador, entre otras.
De este proceso se autoexcluyó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por considerar que el proyecto no responde a las aspiraciones de sus bases.
Son disensos que se han mantenido tras las audiencias con organizaciones de segundo grado que se cumplieron entre el 10 de junio y el 10 de julio de este año en 22 provincias del país. En Zamora Chinchipe la audiencia se instaló, pero no se desarrolló por la ausencia de las organizaciones.
Algunos disensos
La consulta prelegislativa no se realiza sobre el contenido total del proyecto sino que se enfoca en tres temas que podrían contravenir los derechos colectivos y que por eso la Comisión consideró necesario someterlos a discusión con las comunidades.
Estos son "reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades", donde se registran dos disensos sobre lo que consta en el proyecto. Estos se refieren a la autoridad que defina la frontera agrícola y la efectiva vigencia de los derechos colectivos, cuyo ejercicio se ve "obstaculizado por una legislación obsoleta y contradictoria".
El segundo tema es "reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales" donde se identificaron seis disensos. Aquí se considera la necesidad de establecer un registro interno de la asignación de tierras comunales, y establecer una verdadera política de desconcentración de los procesos de titulación a escala nacional, entre otros aspectos.
En el tercer punto de consulta se contempla la participación social y resolución de conflictos donde no se lograron resolver cuatro puntos. Entre estos la creación de un Consejo Nacional Agrario con participación de las comunas y con voz y voto de las organizaciones de pueblos y nacionalidades cuyas decisiones serían vinculantes, así como la creación de juzgados agrarios para que resuelvan los conflictos de tierras.
Estos son algunos temas que serán puestos en el debate, donde los representantes de las organizaciones darán sus puntos de vista, pero es la Comisión la que resolverá si los incorpora o no
