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Los terrenos improductivos que no cumplan una función social ambiental serán declarados de 'utilidad pública'.

La Conaie mantendrá este lunes una reunión con directivos de diferentes organizaciones de agricultores y campesinos, para analizar el informe para segundo debate de la Ley de Tierras que la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene listo, y cuya discusión en el pleno está previsto que no pase de este mes.

Jorge Herrera, presidente de la organización indígena, mantiene cuestionamientos a la propuesta de normativa, ya que asegura que no cumple con el objetivo de una verdadera redistribución de la tierra. "Vemos en la Ley que no hay una clara estrategia sobre el mecanismo de redistribución, nosotros exigimos que ese espacio sea democratizado y que las decisiones se las tomen con participación de las actores principales", aseguró Herrera.

Lo que dice la norma

La propuesta de Ley de Tierras consta de 132 artículos con temas como la prioridad en la redistribución de las tierras rurales, derechos colectivos, el acceso equitativo a la tierra, la agricultura familiar campesina, la autoridad agraria, entre otros aspectos.

En relación a la autoridad agraria, el artículo 32 dice que será el ministerio del ramo. La instancia rectora, coordinadora y reguladora de las políticas públicas en materia de tierras rurales en relación con la producción agropecuaria y a la garantía de la soberanía alimentaria.

Para el dirigente indígena había la necesidad de conformar un Consejo Plurinacional en esa materia, lo que no ha sido tomado en cuenta por la Comisión de Soberanía Alimentaria, encargada de preparar el informe. "Por eso nosotros no participamos en la consulta prelegislativa ya que no tiene el carácter de vinculante, pero hicimos llegar nuestras observaciones, 18 puntos", aseguró Herrera.

El proyecto

Sin embargo, el asambleísta Miguel Carvajal (PAIS), presidente de la Comisión, dijo que el proyecto de Ley es el resultado de acuerdos con varios sectores, ya que recoge la opinión de asambleístas, representantes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, empresarios, entre otros.

Destacó que es una Ley que promueve la producción, garantiza las formas de propiedad, genera mecanismos para inversión pública, precisa la función social y ambiental de la tierra, y crea condiciones para la aplicación de políticas de redistribución de la tierra cuando se tenga propiedades superiores a las 25 hectáreas en la Sierra, 100 en la Amazonía y Galápagos, y 75 en la Costa y que estén abandonadas. "Quienes están produciendo no tienen ningún problema porque es una Ley que garantiza la producción", dijo Carvajal.

Añadió que se han incorporado varias observaciones que surgieron en la consulta prelegislativa y que los disensos que no se superaron en este proceso serán informados al Pleno cuando se trate el informe de segundo debate. "En la consulta prelegislativa los textos propuestos en su mayoría tienen consensos sobre el 85-95 %", aseguró el legislador. (HC)

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