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El pronunciamiento de las organizaciones del campo smanifesta rechazo al paquetazo agrario y la modernización conservadora del campo ecuatoriano, a la ley de tierras rurales y territorios ancestrales considerada una política anticampesina que sólo beneficia al agronegocio y denuncia los puntos críticos al segundo informe de ley de tierras rurales y territorios ancestrales.

Este jueves 17 de diciembre de 2015 se ha convocado a la sesión N° 362 del Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Ante la inminente aprobación de la normativa, las organizaciones firmantes, declaramos que en tiempos de “Revolución Ciudadana”, el proyecto de Ley de Tierras consolida la alianza entre los sectores de las élites agroindustriales y el Estado nacional, pues forma parte del proceso de modernización capitalista de carácter conservador impulsado desde el 2008 por el gobierno de Alianza Pais, bajo el discurso de “Revolución Agraria”.

El proyecto de Ley de Tierras se suma a otros cuerpos normativos y políticas públicas que atentan a la autonomía de las organizaciones campesinas, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y el derecho a la alimentación, como lo hace ya la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Semillas, el Acuerdo Ministerial N° 299 y su instructivo para Agrocalidad, la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera y la permisividad para el ingreso y uso de semillas transgénicas y su posible tratamiento en el próximo paquete de enmiendas constitucionales.

Las organizaciones firmantes, denunciamos que el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es parte del “paquetazo agrario” del actual gobierno, que deja intacta la estructura desigual del campo ecuatoriano, debido a que:

  • Parte del concepto de la tierra como una mercancía y no como un derecho humano.

  • Niega la concentración actual de la tierra en pocas manos, causal de la pobreza en el campo, y en su lugar, promueve la productividad de la tierra como único mecanismo de superación de la pobreza (maximiza la explotación de los suelos).

  • Deja intactas las condiciones de desigualdad en al acceso a la tierra como parte de su alianza con el capital agroindustrial y del agronegocio.

  • Es demagógico porque anuncia la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, pero no estipula límites o mecanismos claros y concretos para desconcentrar tierra o limitar el latifundio.

  • Entiende la Soberanía Alimentaria como un simple acto de producción de alimentos de las agriculturas familiares, desconociendo el sentido político del campesinado al luchar históricamente por la tierra y el territorio.

  • Incentiva un mercado de tierras que el Estado no puede controlar, y sobre el cual sólo se limita a administrar, burocratizándolo y generando una política clientelar de tierra.

  • Impulsa el control y el disciplinamiento del sector campesino a través del mercado de tierras, el crédito para la compra de tierras y los proyectos productivos.

  • La fórmula de distribución de la tierra que propone este proyecto de ley es la compra y venta de predios a precios de mercado, lo que hace imposible el acceso a la tierra de pequeños campesinos. 

  • La propuesta de desarrollo agropecuario tiene la visión del Estado del capital y los sectores agroindustriales, y no admite la participación de las organizaciones campesinas.

  • Excluye al campesinado como sujeto importante de la dinámica económica, social y política del agro nacional, y lo presenta como un sujeto atrasado y empobrecido que debe ser intervenido por el Estado y modernizado por el capital.

  • La Autoridad Agraria Nacional se constituye en la Autoridad Única de la Tierra al no generar mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones. 

  • Burocratiza el desarrollo rural, dejando en manos de la tecnocracia agraria el desarrollo de planes y proyectos, generación de información y criterios para medir la productividad.

  • Promueve la descampesinización del agro y permite el avance de la agroindustria y el agronegocio sobre las tierras de pequeños y medianos campesinos.

  • Abre las puertas a la inversión extranjera en el campo promoviendo mayores niveles de desigualdad.

  • Acaba con las posibilidades de una reforma agraria integral propuesta por los sectores sociales, campesinos, pueblos y nacionalidades.

  • Restringe el principio de plurinacionalidad a un simple reconocimiento cultural y deja de lado el carácter político territorial, sin generar mecanismo alguno para la reconstitución de los territorios ancestrales.

  • No crea ningún mecanismo jurídico institucional que viabilice el ejercicio de los derechos colectivos ni define el rol del Estado respecto de éstos. 

  • En definitiva el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios ancestrales deja de lado a los sistemas comunitarios y privilegia a la agroindustria como principal sujeto de la economía agraria.

Finalmente, reprobamos la actitud cómplice de aquellas organizaciones campesinas que cayendo en la política clientelar del actual régimen, han declarado al proyecto de Ley de Tierras como “revolucionario”, posicionándolo como una normativa que favorece a los sectores empobrecidos del campo y aceptándolo como pago de la deuda agraria.
  ¡Contra la modernización conservadora del capitalismo en el campo!

¡Contra el despojo, la exclusión y la explotación de los y las campesinas!
¡Rumbo a la Cumbre Agraria!


Organizaciones firmantes:
 
Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino FEUNASSC
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE
Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC
Pueblo Kitu Kara
Asamblea de los Pueblos del Sur
Comisión Nacional de Agroecología
Red Agroecológica del Austro RAA
Tierra y Vida
Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral FECAOL
Plataforma por la Salud y la Vida