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“Queremos paz en el territorio waorani y queremos que se lo respete” Con esta frase Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani resumió los hechos que han ocurrido en los último años en el Yasuní, sobre todo el último ataque Taromenane ocurrido el pasado 25 de enero, que terminó con la vida de Caiga Baigua . En una rueda de prensa ofrecida en Acción Ecológica, varios expertos en temas de explotación petrolera y pueblos indígenas expresaron su preocupación por lo que está ocurriendo en el Yasuní.

Para Alicia Cahuiya, la intervención del Estado debe ser inmediata con el fin de lograr la pacificación de la zona, ella teme que este ataque desencadene una nueva matanza de indígenas aislados y añade “Pedimos que atiendan lo más pronto posible a las familias que quedaron y que perdieron los hijos, tienen que ayudar a esas familias lo más pronto posible, si no arreglan (el problema) va a empezar  pasar eso (una nueva matanza); tienen que dar territorio wao y taromenani para que no haya más enfrentamientos.”

Alexandra Almeida, experta en temas petroleros de Acción Ecológica señaló que dentro del Parque Nacional Yasuní existe mucha actividad petrolera, “Esta zona, que es para que ellos vivan de acuerdo a su cultura, está completamente rodeada de actividades petroleras que son completamente destructivas del ecosistema amazónico”. Almeida muestra mucha preocupación por la forma en la que el Ministerio de Justicia está llevando adelante este tema, ya que para justificar la explotación petrolera en el Bloque 31 y el ITT, esta cartera de Estado tuvo que modificar los mapas de presencia de pueblos aislados en el Yasuní e invisibilizarlos, de manera que se pueda llevar adelante la actividad petrolera en estos campos, sin embargo, cuando se los reubica dentro de los mapas, se indica que su presencia había sido detectada dentro de los bloques recientemente licitados 79 y 83, es decir que “el mismo día que pasaba esto en Quito se estaba firmando la concesión de los bloques 79 y 83. El Ministerio de Justicia está diciendo que hay pueblos aislados donde se está firmando el contrato para la exploración.” 

Para la antropóloga Kathy Álvarez este no es únicamente un conflicto interétnico, como querría hacerlo parecer el gobierno a través de sus mensajes. Para ella este tipo de incidentes reflejan que el pueblo Waorani es principalmente un pueblo de reciente contacto con el mundo occidental; recién en 1980 se establece contacto con el último clan “Huepe”, lo que significa que no hemos aprendido ni comprendido todavía a esta nacionalidad y por lo tanto, intervenir en su territorio de la manera como se lo está haciendo está afectado de manera negativa la interacción con el resto de la sociedad.  Finalmente Álvarez concluye “Es necesario un diálogo interinstitucional, existió un informe de presidencia debería ser socializado, hay un peritaje antropológico que debería ser publicado necesitamos comprender sobre estos pueblos. Lo más importante existen divisiones entre las instituciones del estado respecto a este tema, se entorpecen los trabajos, cuando lo que hay que poner sobre la mesa es el bienestar de los wao y de los pueblos en aislamiento.”

Finalmente, Ramiro Ávila, abogado del Colectivo YASunidos y Co-peticionario ante la CIDH indica que se ha presentado “una actualización de las medidas cautelares” el pasado 27 de enero a la CIDH, con el propósito de que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2006. Si el estado no toma medidas efectivas, es posible que los pueblos indígenas en aislamiento sufran una nueva masacre. “Pedimos a la CIDH que prevenga y garantice la vida de los pueblos en aislamiento, un control de armas, que se repare a las víctimas para que no exista una represalia por parte de los waorani, que se transparenten todas las acciones que está tomando el gobierno y pedimos que se atienda a la población Waorani para reducir la conflictividad.”

Ávila concluye indicando que “en el artículo 57 se establece a los pueblos en aislamiento a no tener contacto, su derecho a la autodeterminación y se dice que si no se toman las acciones eso se considerará un etnocidio. Y se dice que en los lugares de lsos no contactados no puede haber explotación petrolera, y pueden cometer etnocidio con lo que está pasando.”

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