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ELIZABETH VARGAS SOLÁ

Domingo, 17 Septiembre 2017

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Este viernes se reunirán en la capital los representantes de más de 40 organizaciones indígenas, montubias y afro del país. En el encuentro, liderado por la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, los más de 300 delegados del país definirán la agenda agraria.

Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, dijo que el encuentro tiene un "carácter estratégico, político" para avanzar con la agenda agraria. Además indicó que ese día harán público el apoyo que tienen a un candidato, cuyo nombre lo darán a conocer en dicho encuentro. "Realizaremos una evaluación de la política agraria de todo el proceso antes de Rafael Correa y durante su mandato, así como el futuro de los gobernantes", señaló. 

En 2010, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), el Gobierno Nacional estableció el Seguro Agrícola, un instrumento diseñado para beneficiar a los pequeños y medianos productores del país. Según los datos proporcionados por el proyecto AgroSeguro, en su primer año de operaciones, el Seguro Agrícola abarcó a 1.893 productores y protegió 9.885 hectáreas de cultivos. Cinco años después, la cobertura del instrumento evidencia su éxito: solo en 2015, 84.351 agricultores contrataron el seguro para proteger 312 mil hectáreas de cultivos.

Un instrumento que indemniza ante la adversidad del clima

El Seguro Agrícola es una propuesta a la que pueden aplicar productores de todo el territorio nacional. Ángel Gabriel Guaillas, un productor de San Pedro de Yumate (Azuay), sembró quinua en 1,5 hectáreas. Debido a factores climatológicos adversos, él perdió su cultivo pero, dado que meses antes aseguró su producción, recibió una indemnización por $ 337,5.

El viernes 5 de febrero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Babahoyo, se celebró un taller como antesala rumbo a la Cumbre Agraria en el Ecuador.

Los convocantes del evento fueron la Cooperativa Guarel y la Cooperativa Agricola Las Mercedes de Babahoyo junto a la organización Tierra y VIda y el Observatorio del Cambio Rural. Alrededor de 50 personas aportaron al debate agrario con su análisis a la Ley de Tierras y propuestas desde la organización social en la Costa.

Esteban Daza expuso los puntos críticos de la Ley de Tierras que difícilmente se podrán poner en práctica por la influencia histórica de la agroindustria en Ecuador.

El sábado 13 de febrero de 2016 cumplimos 6 meses desde que el Levantamiento Indígena y Popular Nacional de los pueblos se realizó. Hace seis meses los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, obreras nos levantamos en movilizaciónpara exigir al gobierno el alto a la política extractivista que está ingresando con mineríay petróleo a nuestros territorios, el Archivo de las Enmiendas Constitucionales, unaverdadera educación intercultural donde no se cierren las escuelas comunitarias y nose limite el ingreso a estudiantes a la universidad, la derogación del decreto 016, una reforma agraria real desde los pueblos, el alto la política contra los trabajadores,rechazo al alto costo de la vida, y muchas otras razones que nos llamó a levantarnos.

Hace seis meses, el gobierno haciendo uso de un Estado de Excepción inconstitucionalreprimió a las comunidades que protestaron haciendo uso de la fuerza policial y militar. El Arbolito se llenó de solidaridad por parte del Pueblo de Quito que demostró que es posible hacer una alianza entre el campo y la ciudad por mejores días.

El presidente Rafael Correa remitió ayer a la Asamblea 18 objeciones al proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales relacionadas con la compra de tierras por parte de las empresas públicas extranjeras, causales de afectación y de expropiación, entre otros temas.

Correa propone que las empresas públicas extranjeras puedan adquirir arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional.

Según el veto, para las actividades en sectores estratégicos, construcción de infraestructura prevista en las políticas públicas de vivienda rural, servicios de salud y educación, y otros proyectos de infraestructura y servicios públicos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ceder al Estado el derecho de uso y usufructo, aunque estas tierras se mantendrán en propiedad comunitaria.