La consulta previa, figura establecida en el convenio 169 de la OIT y regulada por laLey de la Consulta Previa en nuestro país, ha sido materia de debate en este último proceso electoral. Solo nueve de los dieciocho candidatos presidenciales se han mostrado a favor de que dicho proceso sea vinculante, ante la siguiente pregunta de este diario: ¿La consulta previa debe ser vinculante al momento de aprobar un proyecto minero? Ellos son Vladimir Cerrón, Francisco Diez Canseco, Yehude Simon, Alfredo Barnechea, Renzo Reggiardo, Miguel Hilario, Verónika Mendoza, César Acuña y Fernando Olivera.Por otro lado, otros contestaron que es una herramienta importante, pero que no necesariamente deberá constituir parte fundamental de la decisión final.
Si bien parece haber poca información al respecto, tanto el convenio de la OIT como la ley 29785 (Ley de Consulta Previa) establecen que este mecanismo aplica para los pueblos indígenas “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Al final, el objetivo es lograr un acuerdo o consentimiento sobre lo que se plantee y que afecte a dichos pueblos.
A pesar de ello, muchos candidatos han planteado, en más de una ocasión, reformular dicho mecanismo. Es el caso de Julio Guzmán, quien entrara en contradicciones sobre este tema. El candidato por el partido Todos Por el Perú aseguró, finalmente, estar a favor de la consulta, aunque dijo que buscaría mejorar su implementación.
Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, ya había declarado sobre el tema desde el 2011. En dicho año, dijo que la recientemente creada Ley de la Consulta Previa era “un obstáculo a la minería, mucho más grande que la sobretasa a las ganancias mineras”.
No solo candidatos, sino también desde el lado de los empresarios se ha generado debate. Este año, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos del Solar, declaró que consideraba a la Ley de Consulta Previa “una estupidez“. En su exposición para el Seminario de Energía y Minería, dijo que dicha consulta no era necesaria pues “solo son más trabas a la inversión minera”. Las críticas fueron inmediatas y varios consideraron dichas opiniones como preocupantes.
Finalmente, además de candidatos y empresas, las organizaciones de la sociedad civil no podían dejar de alzar sus voces. Es el caso de la organización internacional Oxfam en Perú, la cual sacó un comunicado pidiendo se proteja a las comunidades y se defienda el medio ambiente.
Del mismo modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) sacó un pronunciamiento pidiendo el respeto a sus derechos: “Los 52 pueblos indígenas del Perú (amazónicos, andinos y costeros) exigimos el máximo respeto a nuestros derechos por parte de los postulantes al nuevo gobierno y congreso nacional. Somos el 30% de la población nacional y ocupamos el 80% del territorio peruano”. También pidieron que se tome en cuenta la titulación de más de 1,250 comunidades en la Amazonía.
En defensa del medio ambiente
La organización internacional Oxfam en el Perú recordó, en su comunicado, el proceso de la creación de la Ley de Consulta en los años pos “Baguazo”: “Desde el 2013, en vez de seguir avanzando como líder en el respeto de los derechos indígenas y protección ambiental, el país empezó a retroceder con la aprobación de ‘paquetazos ambientales’”.
La organización alertó que dicha legislación podría poner en peligro el derecho a la consulta de más de 6 millones de indígenas y el medio ambiente. Por ello, hicieron una carta pública recogiendo adhesiones a través de las redes para pedir que se fortalezca y mejore la implementación de la consulta previa, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura.
“Reglas del juego claras”
Alexander huerta / Antropólogo PUCP
No debiera haber discusión porque la consulta es un derecho. Me parece, sin embargo, que debe ser mayor el nivel de comunicación, información y participación para que no se consulte solo entre grupos de poder. Lo que pasa es que nuestra cultura ciudadana parece quedarse en las formalidades y hay todo un discurso de deberes pero con poco sobre derechos. Una consulta que solo es consulta y no genera acciones a partir de ella es lo mismo que una cáscara vacía.
Por otro lado, deberían estar mucho más claras las reglas de juego y ser menos tramposas las definiciones relacionadas a comunidad. En el Perú, debido a la migración, racismo e historia poscolonial, las identidades son mucho más flexibles. Es absurdo que el Estado, o desde la ciudad, se defina que es comunidad. Además, ojo que también hablamos de territorio, algo que afecta a todo grupo humano.
“No es obligatoria siempre”
Ivan Lanegra / Ex viceministro de Interculturalidad
No es que la consulta previa sea obligatoria para cada proyecto minero, porque no en todos los proyectos hay comunidades campesinas o nativas que son parte de pueblos indígenas. En realidad, si hay comunidades parte de pueblos indígenas que puedan ser afectadas por un proyecto, tiene que hacerse la consulta previa, es obligatorio. En resumen, este no es un tema discrecional. Si las condiciones existen, las autoridades electas están obligadas a implementarla.
Han habido ya tres consultas en el ámbito de la minería: Una en Áncash, en Apurímac, y en Cusco. De las 6,000 comunidades, existen unas 2,938 reconocidas como parte de los pueblos indígenas, según la base de datos del Ministerio de Cultura, ubicadas desde la zona de Cajamarca hasta Tacna. Finalmente, es indispensable fortalecer la capacidad del Estado y del Senace para este proceso. Hace falta invertir en las comunidades.
