El cuatro de julio debió conocerse el dictamen de Marcelita Gutiérrez, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, el cual determinará si, luego de 14 años de investigaciones, se abrirá una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de salud, entre otros operadores del Estado por los casos de las 2074 víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y el año 2000.

Frente a ello, las respectivas defensas de las víctimas coincidieron en que, si bien se trata de un caso complejo con un extenso expediente, la fiscal Marcelita Gutiérrez –a cargo del caso- dispone de suficientes evidencias para abrir un proceso, a la vez que ven con preocupación la demora de su fallo.

“Solo queda la elaboración de la resolución fiscal que, de acuerdo con las pruebas existentes, amerita la formulación de una denuncia penal contra los responsables", indicó Carlos Rivera, abogado de IDL y uno de los defensores de las víctimas.

De otro lado, el también defensor Milton Campos, abogado de DEMUS, refirió que “de acuerdo con lo informado por la Fiscalía se viene culminando la estructura del documento en el que plasmarán su decisión. Estamos en el tiempo en que la Fiscalía tiene que tomar una decisión”.

Denuncia contra todos los responsables

Campos también señaló que se espera que dicha denuncia se abra contra todos los responsables, sean directos o indirectos, y no solo sobre algunos. Ello en referencia al supuesto caso en que la denuncia no incluya responsabilidades a Alberto Fujimori o a algunos de sus exministros. “Vamos a impugnar esa decisión hasta conseguir que tengan carácter de investigadas todas las personas en las que se evidencia indicios de responsabilidad penal en estos hechos y se abra paso a una investigación judicial”, expresó.

Asimismo, el abogado remarcó que confía en que la fiscal adopte el criterio de lesa humanidad al formalizar la denuncia porque “cuando se habla de lesa humanidad se hace referencia a la ‘sistematicidad’, es decir, que había una práctica constante y permanente de esterilizaciones forzadas en las diferentes regiones”.

Esta semana podría cerrarse una etapa prolongada por más de 14 años esperando justicia, tanto para las afectadas como para los deudos de aquellas que incluso perdieron la vida, como es el caso de Alfonso Ramos, hermano de una de las víctimas mortales: “El próximo 22 de julio Celia Ramos cumple 19 años de fallecida. Esperamos que transcurrido todo ese tiempo, nosotros tengamos la oportunidad de decir la justicia ya se avizora”, expresó.

 

Fotografía y texto: Servindi

Artículo original disponible en: 

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