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Fuente: LandPortal

Abusos sexuales, desnutrición, partos prematuros y ruptura familiar son algunos de los daños causados por las empresas extractivas en la Amazonía del Perú, por los que hoy mujeres activistas e indígenas reclamaron protección del Estado a sus derechos y al medio ambiente.

En los últimos años, las empresas petroleras y mineras adyacentes a comunidades indígenas han contaminados afluentes naturales por los derrames y sus trabajadores foráneos han abusado de las mujeres, indicó la representante del pueblo indígena machiguenga asháninka de la zona de Camisea (Cuzco), Jackeline Binari Pangoa.

“Las mujeres indígenas tenemos afectaciones por lo que hacen las industrias extractivas; no hay seguridad alimentaria, existen problemas de salud como abortos, infecciones, presencia del VIH en menores de edad y mujeres”, comunicó con malestar Pangoa.

La lideresa, que participó hoy en una audiencia pública del 159 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre denuncias de violaciones de derechos humanos de las mujeres en las actividades extractivas, se quejó que el Estado peruano las tiene invisibilizadas.

“Tenemos el problema de la desatención del Estado hacia las mujeres indígenas, hasta ahora no existe un estudio o diagnostico de la realidad social que pasan las mujeres afectadas por el extractivismo”, afirmó.

“Estamos aquí en la CIDH para que el Gobierno tome en cuenta la realidad y empiece a documentar y crear índices de los problemas y sus posibles soluciones”, sostuvo Pangoa.

Mientras que la activista de la Federación de Asociaciones de Pueblos Kukama Kukamiria, Gladys Davila, dijo a Efe que en su comunidad el panorama de abandono es igual, ya que no ven acciones contundentes cuando ocurren los derrames de hidrocarburos a los ríos cercanos de su comunidad, que dañan gravemente el medio ambiente.

“El Estado dice que nos apoya, pero en realidad no es así. Hay derrames continuos y las habitantes no podemos estar tranquilas, esta contaminación petrolera es desde hace más de 45 años y ya no lo soportamos, es por eso que como mujerescontinuaremos defendiendo los derechos de nuestras comunidades”, aseguró.

Durante la audiencia el representante del Estado del Perú, Iván Vázquez, dijo ante los peticionarios y los comisionados de la CIDH que los derrames se producen generalmente en zonas donde existen mayores niveles de pobreza y pobreza extrema cerca de la Amazonía del norte y sur.

Argumentó que el país andino tiene en marcha programas de inclusión social y que varias instituciones están examinando la situación denunciada.

“El impacto en la salud por la contingencia de los derrames genera situaciones a la que la medicina tradicional no responde, es por eso que el Estado tomará medidas en la Amazonía del norte”, anunció el portavoz del Gobierno.

Destacó que el Ministerio de Salud vigilará de cerca las enfermedades causadas por la contaminación al ecosistema y que fortalecerá los organismos que supervisan a las empresas extractivas, a fin de resguardar el medio ambiente.

Las audiencias públicas de la CIDH sirven para recabar información sobre los casos que conoce el organismo, sin que se puedan tomar decisiones de forma inmediata, y escuchar a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil sobre distintos temas que quieren exponer.

El 159 periodo de audiencias, en el que se verán temas de 15 países, finaliza el próximo 7 de diciembre.

Fuente: EFE

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