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La avalancha de críticas y rechazo a la iniciativa legal de la congresista fujimorista Ursula Letona prosigue a tal punto que la propia congresista Ursula Letona anunció por la tarde de hoy jueves que retiraría su proyecto de Ley para consultarlo directamente con las comunidades.

Según reportó el diario Gestión fuentes fujimoristas indican que el proyecto de Ursula Letona no habia sido discutido al interior de la bancada parlamentaria. Esta sería una salida política para evitar cargar con las críticas.

Ad portas de culminar sus funciones como Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega solicitó la aprobación e implementación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, a fin de garantizar la protección de estas poblaciones.

El pedido, hecho ante el titular del Ministerio de Cultura, Jorge Nieto se debe a que los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial son poblaciones extremadamente vulnerables, tanto física, biológica, cultural como socialmente.

Por ello, el riesgo de encuentros entre estos con poblaciones foráneas puede desencadenar desde el contagio de enfermedades frente a la que los nativos no están debidamente adaptados inmunológicamente, hasta violentos enfrentamientos.

El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a las industrias extractivas, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.

La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac  y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de 10.000 millones de dólares.

Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400.000 toneladas  anuales de concentrado cuprífero.

No cumplir con implementar canales de comunicación con todas las comunidades en la zona de influencia del derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de Cuninico, en la región Loreto, ha conllevado a que la empresa Petroperú se haga acreedora de una nueva multa o sanción.

Así lo determinó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que decidió sancionar con una multa de 53 unidades impositivas tributarias (UIT) o 211,000 soles, aproximadamente, a Petroperú.

La medida sancionadora se adoptó mediante la Resolución 1283-2016-OEFA, notificada el lunes 1 de setiembre, en el marco del proceso administrativo abierto contra Petroperú, por el derrame de 2,500 barriles de petróleo ocurrido en junio de 2014.

Tal como lo venían anunciando a través de las redes sociales a través del perfil Defensores Ambientalistas de Llalli, los pobladores de los distritos puneños de Ocuviri (provincia Lampa) y Llalli (provincia Melgar) acatarán este miércoles 31 de agosto un paro preventivo de 24 horas en contra de las mineras que operan en la zona.

Las poblaciones de estas localidades señalan que las mineras Aruntani SAC y Ciemsa Águilas, han contaminado con metales pesados las cuencas de río en las que se asientan. El nivel de contaminación viene en aumento desde el año 2014, ocasionado la muerte y mal formación de animales domésticos y de peces a causa del contacto y consumo del recurso hídrico en un estado evidentemente tóxico.