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Luego de más de 30 años de explotación minera a gran escala la población de la provincia de Espinar, en el Cusco, afectada por la presencia de metales pesados por encima de los límites saludables exige una adecuada respuesta y atención por parte de las autoridades del sector Salud.

Se trata de personas de comunidades campesinas con arsénico, cadmio y plomo en el cuerpo en cantidades superiores a las fijadas por la Organizaciób Mundial de la Salud (OMS) y que es pasible de padecer enfermedades como el cáncer e insuficiencia renal, entre otras.

La alarma se desató desde el 2010 en que se detectó metales pesados en hombres, mujeres y niños así como en las principales fuentes de agua.

Gracias a las denuncias y a la presión de las organizaciones indígenas que anunciaron una marcha el Gobierno Regional de Amazonas (GRA) dio un paso atrás y decidió declarar nulo el permiso de minera Afrodita para explotar oro en El Cenepa, en plena Cordillera del Cóndor.

Así se desprende de la Resolución de gerencia regional 020-2016-GRA/GRDE del 23 de agosto de 2016 que trascendió a través de una fuente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) pero que aún no ha sido publicada en el diario El Peruano.

El citado dispositivo —aún por publicarse— declara nula de oficio la autorización para explotación otorgada a Afrodita por haberse vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de El Cenepa.

A un mes del pronunciamiento público y luego de cuatro años de emitirse la sentencia por parte del Tribunal Constitucional (TC), la comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios aún está a la espera su cumplimiento.

En el documento emitido el 21 de julio último, la comunidad nativa daba a conocer las decisiones adoptadas en la asamblea general realizada el 18 de julio.

En el pronunciamiento se exige el retiro inmediato y el impedimento de ingreso de todo minero, talador ilegal y terceros quienes ingresan sin su consentimiento a extraer recursos a la altura del kilómetro 24 a extraer recursos.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó la Guía para la Fiscalización Ambiental a la pequeña minería y minería artesanal, con la finalidad de brindar pautas y orientar las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos regionales y la Dirección General del Ministerio de Energía y Minas.

En dicho documento se desarrollan las principales obligaciones ambientales fiscalizables, las pautas generales para la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores y los aspectos de organización y disposiciones referidas al personal a cargo de las labores de supervisión ambiental.

Parece pesadilla pero es realidad. Al mismo tiempo que los medios traen diariamente noticias de indígenas amazónicos sufriendo por derrames de petróleo, de pueblos andinos padeciendo de agua, aire y suelos envenenados por la minería, sin mencionar los desmanes de la minería ilegal, los dirigentes de las sociedades de hidrocarburos y de minería proponen abrir las áreas naturales protegidas para su explotación. Y para colmo reciben apoyo del Presidente del Directorio de Perupetro, la empresa que distribuye a su antojo gran parte del territorio nacional, excepto, claro, parte de las áreas naturales protegidas.

En efecto, fue noticiado que ambas sociedades, a las que se sumó el Presidente del Directorio de Perupetro, recomiendan al nuevo gobierno cambiar la legislación sobre áreas naturales protegidas por el Estado para permitir actividades de las empresas de sus gremios en los últimos y únicos reductos naturales del Perú.