Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Envíe su artículo

Posts @IPDRS

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - desco, se complace en invitar a la presentación del libro Ni Gran Transformaciòn ni Hoja de Ruta, de nuestra serie semestral Perú Hoy, que en esta oportunidad ofrece un balance de la gestión de los cinco años de gobierno de Ollanta Humala. El evento se realizará el jueves 21 de julio en los ambientes de DESCO.

Ollanta Humala deja la presidencia del Perú cuando Latinoamérica presenta dos frentes cuyo denominador común es la consolidación de las instituciones democráticas. Uno de ellos, planteado por Chile con sus reformas fiscales y en educación, además de Colombia controlando el posconflicto en función a metas de desarrollo, y otro que tiene que ver con los esfuerzos de reinstitucionalización para desmontar Estados con vocación redistribucionista y dañados por altos grados de corrupción, como es el caso de Brasil y, suponemos, Venezuela y Argentina, dentro de poco. Al respecto, tememos que el Perú de Humala no se inscriba en ninguno de los escenarios mencionados.

El cuatro de julio debió conocerse el dictamen de Marcelita Gutiérrez, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, el cual determinará si, luego de 14 años de investigaciones, se abrirá una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de salud, entre otros operadores del Estado por los casos de las 2074 víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y el año 2000.

Frente a ello, las respectivas defensas de las víctimas coincidieron en que, si bien se trata de un caso complejo con un extenso expediente, la fiscal Marcelita Gutiérrez –a cargo del caso- dispone de suficientes evidencias para abrir un proceso, a la vez que ven con preocupación la demora de su fallo.

En los últimos cinco años los conflictos sociales que han tenido como actores a las poblaciones locales, las empresas y el Estado, han dejado como saldo 50 muertos y 750 heridos. Así lo dio a conocer el abogado David Velazco Rondón en el marco de la presentación del 18º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Según el abogado, de la organización Fedepaz, por estos hechos no se encuentran procesos judiciales en curso. Esto pese a que en algunos casos se han presentado pruebas que demuestran que las muertes y lesiones han sido causadas, en su gran mayoría, por efectivos policiales. 

En un operativo dirigido por el alto comisionado de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), la Fiscalía Ambiental y la Dirección Ejecutiva del Medio Ambiente (Direjma) se detuvo a diez personas dedicadas a la minería ilegal en la modalidad de extracción de arena blanca y a la tala de árboles dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), en la región Loreto. 

El operativo se desplegó la primera semana de julio entre los kilómetros 17, 20 y 25 de la carretera Iquitos-Nauta. Allí las autoridades también hallaron dos cargadores frontales y un volquete que fueron dinamitados ya que eran usados para trasladar arena y árboles maderables del área protegida.

“Los mineros se están acercando a la reserva y los animales están huyendo”, declaró el jefe de la reserva Carlos Rivera a El Comercio, y agregó que dicha actividad ilegal fue denunciada hace más de tres años a la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto; sin embargo, en lugar de reducirse, la extracción de arena ha aumentado.

“El ingreso de cultivos transgénicos podría traer irreparables consecuencias sobre las variedades genéticas, las prácticas agrícolas y la economía del país”, advierte un vídeo que destaca el proceso de lucha para evitar el ingreso de dichos productos al Perú hasta por diez años mediante la Ley de Moratoriaa los transgénicos en el 2012.

El vídeo producido por la Revista Leisa resalta el proceso de formación de la Plataforma Perú País Libre de Transgénicos y recoge la opinión de José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Bilógica del Ministerio del Ambiente (Minam), Fernando Alvarado de la Fuente de la Red de Agricultura Ecológica (RAE) y Lucila Quintana de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO).