Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran

Eduardo Gudynas

Jueves, 09 Noviembre 2017

Indígenas avasallados por otros indígenas en Bolivia

JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES

Domingo, 29 Octubre 2017

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El Banco Agropecuario (Agrobanco) y el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para promover la reforestación de los bosques secos de la región Piura.

En el marco de ese convenio funcionarios de ambas instituciones realizaron una visita de trabajo a una exitosa experiencia de aprovechamiento forestal sostenible en el bosque seco.

El personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Piura, oficina descentralizada del Serfor, y el administrador de la Agencia Regional de Agrobanco en Piura, Johnny Guerrero Saucedo, fueron testigos del emprendimiento de una plantación de la especie exótica neem (Azadirachta indica), en el caserío Pelingará del distrito de Las Lomas, provincia de Piura.

Un enfrentamiento entre más de 300 ronderos y medio centenar de policías en la provincia liberteña de Otuzco, sierra norte de Perú, dejó como saldo dos docenas de heridos de ambos lados y la desaparición de dos efectivos policiales a quienes en este momento su institución busca intensamente.

Los hechos violentos se originaron la tarde del miércoles 8 de junio, luego de que un grupo de ronderos del centro poblado Barro Negro, del distrito de Usquil, que se opone al funcionamiento de una carretera que bordea las lagunas San Lorenzo y La Grande, impidió el pase de vehículos colocando piedras en diversos tramos de la vía. 

Si bien varios medios locales señalan que el hecho dejó varios muertos, lo cierto hasta el momento es que no se ha confirmado aún de manera oficial que esto haya sido así.

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al próximo Gobierno a comprometerse con la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), de la cual Perú es parte desde el año 2005. Esto luego de que en el marco del proceso electoral peruano no se hayan visto propuestas concretas en materia de transparencia en dichas industrias. 

"El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales", resaltan en un pronunciamiento difundido hoy en el diario La República. 

Cabe señalar que la explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo. Es el caso de Perú. No obstante, desde hace varias décadas las actividades extractivas se relacionan con conflictos sociales y denuncias de corrupción.

En un hecho sin precedentes la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Requema-Ucayali abrió un proceso penal contra José de la Paz Hidalgo Quevedo, gerente general de la Empresa Petróleos del Perú-Petroperú S.A., por el presunto delito de contaminación del medio ambiente.

El hecho fue informado por representantes de las comunidades de Cuniníco afectados por los derrames de petróleo, la Comisión de Justicia y Paz-Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Los afectados por el derrame de Cuninico exhortan al Ministerio Publico a realizar las investigaciones que se requieran y formular acusación ante el Poder Judicial para que se sancione a los responsables de los derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana.

Niños y jóvenes de siete comunidades achuar, de la cuenca del río Corrientes, en Loreto, han visto afectadas sus capacidades intelectuales debido a la presencia de altas concentraciones de plomo en la sangre.

Este daño y otros riesgos para su salud fueron revelados en el estudio “Estimación de los puntos de cociente intelectual perdidos en niños indígenas debido a los niveles de plomo en sangre en la cuenca petrolera del río Corrientes, Perú”, elaborado por la antropóloga e historiadora Frederica Barclay y el experto en salud pública y ambiental, y toxicología, José María Ordoñez.

El estudio se basó en una muestra conformada por 74 personas menores de 18 años de las comunidades Nueva Jerusalén, José Olaya, San José Nueva Esperanza, Pucacuro, Santa Elena, Palmeras y Villa Trompeteros.