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Miércoles, 31 Enero 2018

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En uno de los lugares más ricos y aislados del Perú, cuna del proyecto Camisea, se produce una de las transformaciones más feroces de nuestro tiempo: el boom gasífero que trajo prosperidad a una parte del país ha sido una maldición para la mujer indígena machiguenga. Ahora tiene más posibilidades que antes de ser contagiada de VIH, de ser agredida cada vez que su marido se embriaga en las decenas de cantinas que han aparecido, ha perdido el liderazgo del hogar que le daba el cultivo de su chacra y depende del sueldo del esposo que trabaja en el lote de gas. Se alimenta mal y en estas condiciones debe sobreponerse a la desnutrición para luchar contra la anemia de sus propios hijos. En los últimos 12 años la explotación de gas ha generado más de US$ 7.700 millones en regalías para el país, pero nunca como ahora las mujeres machiguengas han sido más pobres.

Un detalle fue el primer signo de estos nuevos tiempos: las machiguengas dejaron de cosechar el tubérculo más tradicional de su dieta familiar, la yuca. ¿Para qué iban a sembrarla si podían comprarla o reemplazarla por arroz en las tiendas que aparecieron luego de la instalación del proyecto Camisea?

Una multa de 20 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 79 millones de soles, se le impondría a la empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), luego de que en un plazo de nueve meses el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) finalice un segundo procedimiento administrativo sancionador contra la estatal tras los derrames de unos tres mil barriles del crudo negruzco en las regiones de Amazonas y Loreto en enero y febrero de este año. Esto se aplicaría luego de que el OEFA corrobore que Petroperú es responsable de la contaminación de un total de 70 mil metros cuadrados en ambos distritos afectados: Morona (Datem del Marañón) e Imaza (Bagua).

El organismo de control precisó que se actuaría por daños causados a la vida y salud de los más de ocho mil ciudadanos que viven alrededor de ambos ductos rotos y que aún no han sido cambiados por la compañía petrolera. El pasado 26 de febrero, el OEFA inició el primer proceso sancionador tras notificar a la compañía peruana sobre remitir el cronograma de las actividades de cambio de ambos tubos, pero hasta el momento hacen caso omiso ante dicho pedido.

Alrededor de cien comunidades nativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, en Loreto, ven peligrar su titulación debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cumple con desembolsar el segundo presupuesto asignado para dicho fin.

"Esta situación nos preocupa porque no se estarían respetando los acuerdos que se han firmado en el Acta de Lima", acusó Alfonso López Tejada, presidente de la federación nativa kukama del Marañón Acodecospat.

El dirigente recordó que dicha acta la firmaron el 10 de marzo del 2015 representantes de más de diez ministerios y del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), luego de una lucha de varios años de los pueblos indígenas afectados por más de cuatro décadas de actividad petrolera. 

Con su firma el Estado se comprometió a actuar en los siguientes planos: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos, educación y proyectos de desarrollo.

La organización indígena ORPIAN-P, con el respaldo del IDL, ha denunciado a Petroperú ante la autoridad laboral por valerse del trabajo de niños y adolescentes awajún en el recojo de crudo de petróleo en Imaza, en la región de Amazonas, tras el derrame ocurrido hace un mes en la quebrada de Inayo.

Los menores, de entre 7 y 17 años, trabajaron a piel desnuda, sin ningún tipo de instrucción previa ni recipientes adecuados para el recojo del petróleo. Petroperú tampoco les ofreció atención médica y, para colmo, apenas les entregó ”propinas” a cambio de sus labores.

Es importante señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo han prohibido el trabajo de menores de 18 años en actividades peligrosas, como las relacionadas con el sector hidrocarburos.

Larsen Marine Oil Recovery (Lamor), compañía finlandesa que tuvo el encargo de reparar los daños ocasionados en Cuninico por el derrame de más de 2 mil 500 barriles de petróleo, asumió esta vez la tarea de remediar los graves perjuicios producidos por los derrames de Petroperú en Chiriaco y Morona.

Como es sabido, el primero se reportó el 25 de enero en la provincia de Bagua, en la región Amazonas, y el segundo el 3 de febrero en la provincia Datem del Marañón, en Loreto.

La empresa estatal dio a conocer la noticia ayer lunes. Según ésta, los especialistas de Lamor ya ingresaron a las zonas afectadas en los kilómetros 206 y 441 del Oleoducto Norperuano, donde se reportaron los vertidos de crudo que juntos sobrepasan los 3 mil barriles.