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La comisión vecinal Santa Lucía, que agrupa a miles de campesinos sin tierras acampados en la zona de Ñacunday, en el este paraguayo, rechazó los resultados del censo de sus integrantes realizado por el Gobierno.

El desconocimiento se hizo público después que el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luis Ortigoza, planteó que los labriegos y sus familias totalizan mil 200 personas viviendo en carpas junto a los terrenos por ellos reclamados.

El dirigente de los carperos, como se les conoce públicamente, Federico Ayala, impugnó ese estimado, señaló que el conteo estuvo plagado de irregularidades y denunció la acción policial contra muchos de los integrantes del asentamiento.

Según Ayala, ya existe otro anterior, aceptado por el Indert y hasta por el propio Ortigoza, el cual implica la existencia en el lugar de cuatro mil 870 familias y ahora se quiere desconocer a la mayor parte de ellas.

Explicó que el censo fue interrumpido por la falta de planillas para ser llenadas por los campesinos, además de impedir la policía el regreso a sus carpas de casi 900 personas que se habían movilizado fuera del lugar para conseguir abastecimientos para sus familiares y no fueron censados.

Ellos vinieron a hacer ese trabajo y a las 15:00 hora local lo suspendieron porque dijeron no tenían suficientes planillas, puntualizó.

Por su parte, Ortigoza dijo que el censo será ahora depurado para saber si alguno de los campesinos accedió antes a tierras del Estado o si trabaja en instituciones estatales, para después tratar de encontrar solución a los restantes.

De todas formas, ratificó que no hay posibilidad de entregar las tierras por ellos reclamadas, actualmente en poder de una empresa latifundista, por lo cual mas adelante se buscarán en otras zonas, opción ya rechazada anteriormente por los labriegos.

Ayala fue concluyente en reclamar lo que el sector campesino considera sus derechos y amenazó con traer a esta capital a las cinco mil familias de carperos para demostrar su existencia real.

 

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