La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó este jueves un recurso de inconstitucionalidad planteado por el ex presidente paraguayoFernando Lugo, que exige la anulación del juicio político que afrontó "por mal desempeño en sus funciones" y que derivó en su destitución el 22 de junio pasado.
La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de junio pasado un primer recurso del ex mandatario, presentado contra el reglamento del Legislativo que fijó los horarios de las sesiones del juicio político, concluido en un solo día, argumentando que no se le dio el tiempo para articular su defensa y calificándolo como un "golpe de Estado parlamentario", mientras que la acción de inconstitucionalidad rechazada el jueves iba en contra del veredicto mismo del Legislativo.
La nueva disposición, que fue adoptada luego de que el Senado y la Fiscalía recomendaran al Supremo el rechazo del recurso promovido por Lugo el 4 de julio pasado, fue firmada por los magistrados Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro. Para el tribunal, "el juicio político es un procedimiento contemplado en la Constitución", por lo que lo consideró válido aunque recomendó la reglamentación del artículo relacionado con el tiempo de duración de la defensa en un juicio político.
La sentencia de la Corte remarcó que el juicio contra Lugo "fue político" y no judicial, por lo que no está regido por las reglas del proceso ordinario. Además, el 27 de agosto último también tramitó un recurso de hábeas data en el Poder Judicial para exigir el acceso a los expedientes del juicio político.
La Constitución paraguaya contempla la posibilidad de un juicio político al presidente por parte del Legislativo y que sea reemplazado por el vicepresidente en caso de su separación del cargo.
La destitución de Lugo -sustituido en el cargo por su vicepresidente, Federico Franco- provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela, además de la exclusión de Paraguay de los bloques Mercosur y Unasur. Además, Franco admitió que no ha sido invitado a participar de la Cumbre Iberoamericana de Cadiz (sur de España), los días 16 y 17 de noviembre.
Los abogados del ex jefe de Estado anunciaron que con la sentencia del jueves seagotaron las instancias nacionales a las que reclamar y que ahora recurrirán a laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Adolfo Ferreiro, defensor del ex gobernante, dijo que la CIDH "podría disponer la restitución de Lugo como presidente y si eso no fuese posible obligaría a algún tipo de resarcimiento".
El período presidencial que debe completar Franco termina el 15 de agosto de 2013, cuando jure el nuevo jefe de Estado electo en los comicios del 21 de abril.
