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Los ocupantes de campos de Favero en la zona de Ñacunday se reúnen con los representantes del Ejecutivo en el Palacio, donde el Gobierno busca una solución a la crisis por las invasiones en el Este.

Mientras el dirigente labriego Federico Ayala anunciaba la reunión de hoy con representantes del Poder Ejecutivo y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, una tensa y fría calma se vivía ayer entre los campesinos del asentamiento Santa Lucía de Ñacunday, quienes entre 600 familias ocuparon amplios campos de cultivo del empresario Tranquilo Favero, quien a su vez los arrienda a productores brasiguayos para la explotación agrícola y son los principales afectados.

El encuentro se llevará a cabo a las 8.00 en el Palacio de los López, a iniciativa del equipo interinstitucional que conformó el Ejecutivo para hallar una salida al conflicto que se suscitó en Iruña con las ocupaciones de tierras. De la reunión no participaría el presidente Fernando Lugo, sí los miembros de la comisión, encabezados por Miguel Ángel López Perito. Además de representantes de los campesinos, asistirán el gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinagalde, el presidente de la Junta Departamental, José Sánchez, y el intendente de Santa Rita, Concepción Rodríguez. Los productores fueron invitados, pero se desconoce si participarán de la reunión. Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción, confirmó que no fueron invitados.

El grupo de campesinos sostienen que la tierra donde están es un excedente fiscal y que documentos del Indert prueban ello. Mostraron una posición firme ante la amenaza de un posible desalojo, señalando que darán pelea y que de ahí ya no los moverán, a menos que prueben que las tierras son legalmente de Favero.

La situación se vuelve cada vez más complicada para todos los actores de este drama: los colonos, los campesinos, las autoridades y el propio Favero, todos en pie de guerra ante la lenta y tibia reacción del Gobierno frente a un eterno conflicto en el país, la tierra.

REUNIÓN

Los campesinos se reunieron ayer en horas de la tarde al volver un grupo de la localidad vecina de Iruña, donde obtuvieron el levantamiento de la orden de detención que pesaba sobre 36 dirigentes. Tras celebrar ello, la preocupación volvió cuando se anunció que los expedientes del Indert, que por mensura aparentemente prueban que esas tierras son excedente fiscal, fueron traídos de la oficina de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al juez de Iruña, Hugolino López, de manos de los propios abogados de Favero, según dijeron.

Los ocupantes sostienen que debe ser el MOPC el que delibere sobre el tema y no el magistrado de Iruña, quien ya se vio envuelto en presiones cuando dio lugar a un recurso de amparo promovido por los campesinos y luego levantó el mismo.

Otra ráfaga de viento frío fue el anuncio de que estaban sin fondos para viajar a Asunción, por lo que se deliberó y finalmente se realizaron aportes voluntarios de 50 mil guaraníes por familia, algunos aportaron y otros no, pero todos fueron llamados por lista.

A la reunión con representantes del Poder Ejecutivo también fue convocada la fiscala de Iruña, María del Carmen Meza, quien dictó la orden de detención contra dirigentes del grupo de ocupantes.

 

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