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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Lunes, 20 Noviembre 2017

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El Grupo Democratización y Construcción de la Paz lanzó el 22 el Observatorio de la Política de la Reforma Agraria del gobierno de Fernando Lugo.
Este Observatorio propone constituirse en una herramienta de sistematización de la política de reforma agraria que el gobierno viene implementando en el contexto de renovación del Poder Ejecutivo y del enfoque de las políticas sociales.
En la ocasión del lanzamiento se presentará el Documento que contiene el Informe del estudio realizado sobre el proceso de la reforma agraria comprendido entre el periodo del 2008-2010, a cargo de sus autores: Tomás Palau, Quintín Riquelme y Luis Rojas. Seguidamente se expondrá una actualización de los últimos acontecimientos relacionados al tema, para evidenciar que la política de reforma agraria es siempre un ámbito de disputas contantes entre los actores sociales y económicos del campo: el campesinado y el agronegocios.

Un conflicto diplomático entre la Argentina y Paraguay amenaza con hacer fracasar la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar el 16 y el 17 de este mes en Foz de Iguazú.

Paraguay no asistirá a la próxima cumbre del Mercosur si no se destraba esta semana el conflicto que golpea al comercio exterior local. Esto es más que un problema bilateral, apuntó el canciller Lacognata.

"Si no podemos garantizar el libre tránsito de nuestros productos dentro del Mercosur, ¿de qué Mercosur estamos hablando?". Estas palabras del canciller Héctor Lacognata sustentan la decisión de Paraguay de llevar al ámbito del bloque regional su reclamo por el bloqueo a la flota local por parte de los portuarios argentinos.

Hace más de un mes que los obreros marítimos de la nación vecina no prestan los servicios de remolcadores a los barcos con contenedores que circulan desde o hacia Paraguay, lo que pone en riesgo al 80% del comercio exterior local.

Ante esto, el secretario de Estado anunció ayer que el Gobierno decidió ir un paso más allá de la vía diplomática y condicionó su asistencia a la cumbre semestral del bloque Mercosur en Foz de Iguazú (16 y 17 de diciembre) a la solución del problema esta semana.

En la cumbre, Paraguay debe asumir la presidencia temporal del bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Uruguay.

"Si en esta semana este conflicto no tiene una definición favorable a los intereses paraguayos, Paraguay definiría este fin de semana la conveniencia o no de asistir a la cumbre del Mercosur a realizarse en Foz de Iguazú", declaró el canciller luego de reunirse con el embajador argentino Rafael Romá y dijo que había transmitido la decisión a los embajadores de Brasil y Uruguay acreditados en Asunción.

"A nosotros nos parece que no están dadas las condiciones para seguir profundizando la firma de acuerdos y documentos dentro del Mercosur hasta tanto no esté garantizado el cumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción, el acuerdo marco que da origen al Mercosur, que es el de libre tránsito de mercadería, bienes y productos", apuntó Lacognata.

El Gobierno, agregó, se reserva el derecho de resolver en su momento la toma de otras medidas en el ámbito bilateral, aunque "en este momento nuestro objetivo es que el problema sea asumido como conflicto al interior del Mercosur".

GARANTÍAS. Por su parte, el embajador argentino dijo que el tema se trató en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Mar del Plata la semana pasada y que su Gobierno estaba haciendo gestiones para conformar una mesa de negociación con los armadores y trabajadores del sector en su país. "El conflicto es pura y exclusivamente entre los gremios portuarios (argentinos) y los armadores de Paraguay", señaló Romá.

Pero Lacognata, si bien reconoció que las trabas tienen un origen gremial, argumentó que el Gobierno argentino "tiene la obligación, por el derecho internacional, de garantizar el libre tránsito de nuestros productos, no puede dejar en manos de un sindicato el arbitrio (para) que nuestros productos pueda circular por la hidrovía".

TRABA MOYANISTA, SEGÚN CLARÍN

La medida de fuerza que está paralizando el comercio exterior paraguayo es impulsada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina (SOMU), que comanda el gremialista moyanista Omar Suárez. Esto, en solidaridad con el gremio marítimo de Paraguay (SOMUPA) que creó el propio Suárez, cercano al poderoso Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, según fuentes sindicales citadas por el diario bonaerense Clarín.

En medio del conflicto trascendió que la única empresa que está operando cargas a Paraguay es la firma CONAY, que pertenece al grupo Maruba que tiene como director precisamente a Omar Suárez.

La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, y el fiscal de Boquerón, José Brusquetti, allanaron el miércoles la oficina de la ONG Iniciativa Amotocodie (IA). Irrazábal dijo que  es por denuncias presentadas por líderes ayoreos de la Unión Nacional de Ayoreos del Paraguay (UNAP).

La ONG IA fue allanada ayer por orden del juez Penal Víctor Hugo Ronzewsky, a pedido de Derechos Etnicos del Ministerio Público. Se incautaron documentos y una computadora del lugar, entre otras cosas. La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, justificó el allanamiento diciendo que ayoreos de la UNAP presentaron denuncias contra la ONG y su representante Benno Glauser, por presunta lesión de confianza y simulación de hecho punible. Explicó que "IA afirma que se tuvo a punto de cometer un genocidio con la expedición científica, que comprometió fuertemente el nombre de Paraguay". Además, denunciaron los ayoreos que firmaron un documento, presentado por la ONG, cuyo contenido  desconocían y que después supuestamente fue utilizada para suspender la expedición.

El abogado Emigdio Castillo, quien fue convocado de urgencia por IA,  calificó la orden judicial "de muy genérica, no especifica nada en particular que busca, que pretende, tampoco está individualizado que hecho punible se esta investigando". Resaltó, además, que el allanamiento se hizo durante la siesta y no había nadie en la oficina para defender los intereses de la ONG y corroborar el procedimiento.

ONGs se pronuncian sobre el caso del allanamiento de Iniciativa Amotocodie

Allanaron la oficina de la organización Iniciativa Amotodie, en Filadelfia, Boquerón. El procedimiento respondía a denuncia hechas por la UNAP (Unión Nacional Ayoreos del Paraguay) ante Derechos Étnicos de Asunción. Ante el hecho se pronunciaron las Organizaciones No Gubernamentales Tierraviva y BASE IS. Reproducimos los documentos.

Estimados compañeros y compañeras,

A raíz del allanamiento de la oficina de Iniciativa Amotocodie realizada por el Fiscal José Luis Brusquetti el día de la fecha, desde Tierraviva hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en general, a pronunciarse repudiando claramente este hecho, y solidarizándose con los compañeros y compañeras de dicha institución.

El procedimiento fiscal, que se ha iniciado poco después del medio día -y que al momento de escribir estas líneas continúa-, se inscribe en un largo proceso de hostigamiento hacia la Institución defensora de los derechos de los indígenas ayoreos que viven en situación de aislamiento voluntario en el norte del Chaco paraguayo.

Desde hace algún tiempo ha sido notoria la compaña de amedrentamiento por parte de numerosos actores vinculados a los intereses ganaderos y latifundistas que tienen puesta su mirada y deseo de lucro en el rico patrimonio forestal de la región sobre el cual se expanden a ritmo alarmante la frontera ganadera y sirve hoy día como área privilegiadas para la exploración hidrocarburíferas.

Asimismo, más recientemente, con motivo de la expedición científica del Museo de Historia Natural de Londres, programado a desarrollarse en lugares de ocupación y dominio ancestral del pueblo Ayoreo, donde existen evidencias creíbles de presencia de los aislados, Iniciativa Amotocodie llamo la atención, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los riesgos de un contacto involuntario y de las consecuencias que esto podría acarrear, tanto para los indígenas como para los propios expedicionarios.

Este hecho, de público conocimiento, fue el último disparador para que agentes estatales y medios de comunicación empresariales, atizaran una inaudita campaña en contra de los defensores de los ayoreos, quien reclamaban el acatamiento de las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento, así como la debida participación de las organizaciones y comunidades del mismo Pueblo, quienes fueron ignorados en todo el proceso de elaboración y planificación de la misión a sus territorios, situación reconocida por la propia Secretaria del Ambiente al momento de disponer la suspensión de la llamada expedición "Chaco Seco 2010".

Además, estos organismos del Estado se están valiendo de un episodio puntual en el que una organización indígena e Iniciativa Amotocodie se encuentran con dificultades de relacionamiento pero sobre el cual Iniciativa siempre ha expresado su más profundo respeto a la autonomía de los y las indígenas.

Este hecho, constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política del Paraguay, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno como por la prensa comercial que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.

En el caso que afecta a Iniciativa Amotocodie y sus miembros, el Estado está incumpliendo con su deber de respetar derechos y proteger su labor que está encaminada a promover y defender los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, particularmente el de los grupos de ayoreos que aún viven en situación de aislamiento, que requieren una protección especial, conforme las Naciones Unidades lo ha señalado, así como otros organismos internacionales.

Es importante en esta desafortunada ocasión, todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil del Paraguay y del mundo nos pronunciemos, recordando al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo, que en una democracia, no es el Estado quien controla a sus ciudadanos, si los ciudadanos organizados quienes ejercen de contralor del poder público.

Consideramos menester repudiar nítidamente el evidente abuso de poder en el que incurre el Ministerio Público, al violentar la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.

Finalmente, es de rigor repudiar enérgicamente a quienes han cuestionado a IA con argumentos fundados en la nacionalidad de algunos de sus miembros, diciendo claramente que los derechos humanos son universales y deben ser promovidos y defendidos en cualquier parte del mundo por cualquier persona, independientemente de su identidad nacional.

Por todo esto, desde Tierraviva, solicitamos a las organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales, un pronto pronunciamiento sobre estos hechos, exigiendo al Estado de Paraguay el cese de su conducta represiva hacia las organizaciones de derechos humanos, en particular, de Iniciativa Amotocodie y sus miembros.

Fraternalmente,

Oscar Ayala Amarilla

Coordinador Ejecutivo

Tierraviva

Pronunciamiento de BASE IS

Desde BASE Investigaciones Sociales repudiamos enérgicamente el allanamiento irregular de la oficina de Iniciativa Amotocodie ubicada en Filadelfia (Departamento de Boquerón) realizado el día de ayer, 1º de diciembre, por el Fiscal José Luís Brusquetti, y nos solidarizamos con dicha organización que trabaja en defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Ayoreos. Repudiamos asimismo el abuso de poder del Ministerio Público, quien violentó la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.

El procedimiento fiscal, fundamentado en una denuncia que no especifica el hecho punible, y con una orden de allanamiento que no aclara qué se quiere investigar, es parte del largo hostigamiento por parte de numerosos actores vinculados a intereses ganaderos y latifundistas. Iniciativa Amotocodie había llamado recientemente la atención sobre los riesgos de contacto involuntario y las posibles consecuencias trágicas de la expedición de científicos británicos conocida como expedición "Chaco Seco 2010", argumentando que no se habían acatado las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento voluntario.

Este hecho constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política de nuestro país, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno, como por la prensa comercial, que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.

La actitud de la Fiscalía General del Estado demuestra, con este tipo de acciones, tanto su supeditación a los intereses de la oligarquía y el agronegocio, como su desprecio por la política gubernamental de respeto a los derechos de los pueblos originarios.

El presidente Fernando Lugo solicitó a la cúpula liberal que apoye el ingreso de Venezuela al Mercosur, cuyo pedido fue remitido la semana pasada a la Cámara de Senadores. El planteamiento fue hecho ayer en el marco del habitual almuerzo de los lunes compartido con miembros del directorio, ministros y legisladores del PLRA, en Mburuvicha Róga.

Sobre el punto, el directorio del PLRA sentará una postura institucional el próximo miércoles donde analizará el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur, según comentó el diputado Víctor Ríos.

"Yo estoy confiado de que se tendrán los votos para la aprobación del ingreso de Venezuela. Se cree que una vez que se apruebe esto, el tema Unasur ya viene solo, por inercia ya", refirió.

En este encuentro con el mandatario, también se analizó la posibilidad de sugerir los nombres de los liberales Miguel Abdón Saguier y Mirtha Vergara como candidatos a embajadores de Brasil y Uruguay, respectivamente. En ese contexto se buscará cambiar la estrategia estableciendo alianzas con los sectores con representación parlamentaria.

"Se está viendo una política de mejorar la situación dentro de la Alianza, de buscar acordar con todos los sectores. Pero hay que estudiar un poco más para ver acuerdos completos y así ir cerrando. Algunas cosas se pueden lograr para fin de año", afirmó.

Según el diputado, en esta ocasión no se abordaron los temas referentes al espionaje impulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco se evaluó quién será el elegido dentro de la terna para la Fiscalía General del Estado, aunque extraoficialmente se baraja que el viceministro del Interior, Carmelo Caballero, es el más aceptado.

Por otro lado, en la reunión se informó que finalmente se zanjó el conflicto entre la ministra de Salud Esperanza Martínez y el doctor Félix Ayala, quien finalmente aceptó el cargo de superintendente de Salud, tras dejar la dirección del Hospital Nacional de Itauguá.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel Angel López Perito, anunció ayer a la mañana que  podría haber invasiones masivas de propiedades privadas por parte de campesinos "sin tierras" luego de la decisión en la Cámara de Diputados de tratar de impedir la compra de una parte de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira.

Indicó que hay una urgencia de comprar tierras para los campesinos que necesitan lotes para trabajar. Pero la iniciativa surgida el lunes pasado en la Cámara Baja complica aún más el proceso de negociación y la situación en el campo.

No descartó que surjan hechos de violencia y/o invasiones de tierras por parte de campesinos "sin tierras" como reacción a la decisión de los diputados.

Insistió en comprar las 7.900 hectáreas de Teixeira, situadas entre los departamentos de San Pedro y Amambay para paliar el problema que soportan los labriegos.

La Cámara de Diputados incluyó en el proyecto de ley de presupuesto 2011 un artículo que impedirá al Gobierno utilizar los fondos destinados al Indert para la compra de las tierras de Teixeira. La propuesta fue efectuada por el diputado de Patria Querida Carlos Soler, y tuvo el acompañamiento de todos los legisladores presentes en la sesión del lunes pasado en horas de la tarde.

El legislador patriaqueridista explicó que el proyecto de ley establece que un 40% de los fondos presupuestados deben destinar para pagar deudas en concepto de compra de tierras y el 60% para la compra de tierras ofertadas al Indert y que se encuentran en proceso de adquisición.

Soler acusó a López  Perito de tener una obsesión por la compra del inmueble.

Descartarían compra

Ante una consulta periodística, López Perito afirmó que el Gobierno podría dejar de lado la compra del inmueble para los campesinos sin tierras y se estarían buscando otras ofertas, si el Congreso aprueba el proyecto de ley.

Sin embargo, uno de los dirigentes que impulsan la compra de las tierras de Teixeira, José Rodríguez, había manifestado que es innegociable la adquisición del inmueble del brasileño.

El Gobierno acordó comprar 7.900 hectáreas por US$ 14 millones, pero el brasileño compró las 22.000 hectáreas en poco más de US$ 10 millones, lo que daría pie a pensar que se trata de un gran negociado.

Dirigente habla de  medidas drásticas

SANTA ROSA DEL AGUARAY, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal).  El dirigente campesino Eulalio López califica de criminal la decisión tomada por la Cámara de Diputados con relación al cerrojo que pusieron para no permitir la compra de las obsesionadas, polémicas y cuestionadas tierras de Ulisses Rodrigues Teixeira.

López advierte que este fin de semana mantendrán un encuentro con los dirigentes campesinos del país, y luego tomarán medidas e iniciarán acciones que serán drásticas. "Esta decisión que tomaron los diputados es criminal, y serán ellos los responsables de la violencia si se desata en el campo", afirma Eulalio López.   

Está todo claro, ya no hay nada que agregar, utilizan el Parlamento, con caprichos para impedir que se adquiera las tierras de Teixeira, y con eso evitar la reforma agraria, expresó López. Añadió que  lo único que van a conseguir los diputados  es el enfrentamiento en el campo y ellos serán responsables si eso ocurre.   

Acusó que  los diputados  tratan de impedir la compra,  primero declarando área protegida una parte de la propiedad sin argumento ni sustento legal.

Siguió diciendo que cuando están ya muy avanzadas las negociaciones para que se adquieran las siete mil hectáreas, se frena todo  y no queda otro camino que la invasión.  López también señala que existen algunos diputados que entienden la necesidad, no a todos se puede meter en la misma bolsa, pero con esta decisión ellos incitan a la violencia y provocan a la gente necesitada.   

El dirigente campesino desafía a que se presenten pruebas sobre la sobrefacturación de las tierras:  "Desafío públicamente a quien sea y donde sea a que presenten pruebas sobre irregularidades en el proceso de compra; no hay sobrefacturación, ni intento de estafa", dijo.

Actualmente están presentes unas 300 personas frente al inmueble de Teixeira, entre ellos hay gran cantidad de niños en situación de extrema necesidad, explicó. Reiteró  López que este fin de semana tomarán la decisión que  seguirán ante la nueva situación.  "Este sábado. en principio, nos quedamos para reunirnos en Guayaybí  para determinar las acciones a seguir", concluyó.