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La entrega de tierras con su debida documentación es uno de los puntos centrales de la política propuesta por el gobierno de Fernando Lugo para llevar una reforma agraria integral en Paraguay. El nuevo director del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Eugenio Alonso Massare, afirmó hoy que "no es posible pensar en alguna inversión o vivir dignamente si no se sabe si la tierra le pertenecerá o no; en esto hay que ser estrictos". Durante la presentación de los Lineamientos Estratégicos para una Política de Reforma Agraria Integral y Desarrollo Rural Territorial, dijo que la titulación de tierras es el punto de partida del arraigo campesino. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, subrayó que la Reforma Agraria permitirá la lucha contra la pobreza. Agregó que también evitará en gran medida la salida de compatriotas al exterior por falta de trabajo en el campo. La propuesta gubernamental busca mejorar la calidad de vida de los paraguayos, acotó el ministro. Puntualizó que los lineamientos serán sometidos a la discusión con todos los sectores de la sociedad. Al acto asistió el presidente del país, Fernando Lugo, quien, desde su campaña electoral, prometió llevar a cabo la reforma agraria integral en el país. En Paraguay, la mayoría de las tierras fértiles y cultivables están en situación de titulación falsa e ilegítima, según especialistas en este tema. Por otro lado, la agricultura mecanizada de la soja, así como la extensión de la ganadería han desplazado de sus tierras a pequeños y medianos productores y ha dejando a la sociedad rural con un 50 por ciento de desocupación.

Plan Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), firmaron este viernes un acuerdo para asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en las comunidades rurales y para impulsar acciones, en que ambas organizaciones desarrollen proyectos para lograr seguridad alimentaria y un ambiente saludable en el marco de políticas públicas de las acciones a nivel nacional. La firma del convenio estuvo a cargo del Dr. Francisco Muñoz en representación de la FAO, y Ernesto Morán, Director de País, en representación de Plan Paraguay. El acuerdo tendrá una extensión, desde el momento de su firma, hasta dos años.

Patricia Serafín, Asesora de Seguridad Alimentaria de Plan Paraguay, hablo a Radio Viva sobre las acciones básicas a ser planteados en los programas y proyectos, que estarán dirigidos a poblaciones rurales pobres y buscarán el mejoramiento de la calidad y condición de vida de los niños y niñas de las comunidades asegurando sus derechos básicos. Los mismos deberán ser diseñados con un enfoque de equidad de género, y velando por la protección de los niños y niñas y para ue sean sostenibles por las mismas comunidades a través del tiempo. Deberán además tener un enfoque inclusivo en que la participación sea abierta a todas las personas de las comunidades sin distinciones por razones de: género, raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

También mencionó que deberán proteger el medio ambiente con un enfoque sostenible en todas las etapas de su implementación. Se asegurará la participación y se tomarán en cuenta los aportes de la población beneficiaria en todas las etapas de los proyectos. Las lecciones aprendidas y las mejores prácticas se incorporarán en el diseño de cada nuevo proyecto, en forma sistematizada. Se difundirán, diseminarán y comunicarán las actividades realizadas en forma conjunta. Se apoyará el proceso de organización comunitaria y promoverá el liderazgo en las comunidades, con un enfoque de equidad de género y desarrollo integral.

Plan viene trabajando en Paraguay desde el año 1994, llegando hoy a más de 25.000 niños, niñas, adolescentes y sus respectivas familias en 4 departamentos (Paraguari, Caaguazú, San Pedro y Guairá).

Leticia Gimémez

El presidente Fernando Lugo "no cumple su promesa de realizar la reforma agraria", dijo el líder campesino Odilón Espínola el jueves durante una manifestación de labriegos en esta capital y luego de reunirse con el mandatario.

La Federación Nacional Campesina (FNC), se manifestó en una plaza de Asunción por décimoséptimo año consecutivo. En sus filas militan agricultores de todas las fuerzas políticas, es la segunda más grande del país detrás de la izquierdista Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

La manifestación de unas cinco mil personas fue pacífica, según reportes de las autoridades policiales.

La mayoría de los campesinos es propietaria de pequeñas parcelas de hasta 10 hectáreas dedicadas al cultivo prioritariamente de algodón y sésamo pero según Marcial Gómez, otro de sus dirigentes, "tenemos nuevos miembros necesitados de tierra para subsistir".

Espínola fue recibido por Lugo en el palacio de Gobierno el jueves temprano antes de la manifestación y al término del encuentro comentó: "el Presidente no tiene novedades, dice el mismo discurso y no cumple su promesa de realizar la reforma agraria".

"En nuestras zonas (centro y norte del país) existen asentamientos (pequeñas comunidades) de compañeros sin los servicios básicos como agua potable, electricidad, centro de salud y escuelas que deberían acompañar al programa de reforma agraria", se quejó.

Para Espínola, desde 1989 cuando fue derrocada la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado con mano de hierro desde 1954, "ningún gobierno en los sucesivos años pudo responder a las necesidades del campesino pobre".

Recientemente, ante el fracaso de su promesa electoral de otorgar tierras a los paraguayos pobres ante la falta de dinero para comprar terrenos privados, Lugo resolvió lanzar un nuevo modelo direccionando los proyectos de los ministerios hacia los sectores rurales desprotegidos.

"Ese programa no sirve, será otro fracaso", expresó Espínola, argumentando que Lugo "no contempla la creación de ningún pueblo o comunidad para ubicar a los más necesitados".

Advirtió que "seguiremos bloqueando rutas nacionales y realizando manifestaciones para reclamar la asistencia del estado; estas son las únicas herramientas que tenemos para que las autoridades escuchen nuestros reclamos".

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmó el apoyo al Paraguay a través de una línea de crédito de hasta US$ 1.000 millones, para el periodo 2009-2013, orientado a brindar asistencia técnica y financiamiento en áreas de infraestructura como transporte, energía, agua y saneamiento, agricultura, biocombustible y también para paliar los efectos del cambio climático, según un reporte de prensa del Ministerio de Hacienda.
Autoridades del BID entregaron ayer al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, la Estrategia de País 2009-2013 del banco con Paraguay, documento que contiene los acuerdos, entre las autoridades nacionales y el organismo, que sirven como guía del apoyo de la entidad multilateral a nuestro país, durante la administración del presidente Fernando Lugo.

Asimismo, el documento pone énfasis en el área social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para el efecto, el organismo prevé poner a disposición de las necesidades del país un total de 1.000 millones de dólares, para los cinco años del Gobierno actual, a través de programas de préstamos y cooperación técnica no reembolsable del BID para las áreas prioritarias fijadas en la Estrategia.

Esta Estrategia está basada en el Plan Estratégico Económico y Social (2003-2013) y fue elaborada en permanente consulta con las autoridades y los técnicos del Ministerio de Hacienda, además de los estudios técnicos sectoriales realizados por el Banco. Por tanto, refleja el diálogo institucional del Gobierno y el mismo contiene las áreas prioritarias de proyectos y cooperaciones técnicas del sector público y también del sector privado. El documento reafirma el compromiso del BID con Paraguay para apoyar su proceso de desarrollo económico, orientado hacia las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) del Gobierno.

 

La FAO apoya hoy al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, a fin de remover y destruir 150 toneladas de plaguicidas obsoletos, almacenados en Asunción desde 2003.

El proyecto dispone de financiamiento de Japón y da seguimiento a acciones para resolver el problema de esos productos en tal estado, según la Oficina en La Habana de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Ese programa de la entidad, que tiene su sede central en Roma, cuenta además con respaldo de un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

También es apoyado por la Secretaría del Ambiente y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

De acuerdo con la FAO, la iniciativa da seguimiento a acciones realizadas de manera sistemática por el gobierno paraguayo, con apoyo de ese organismo de la ONU, para resolver el problema de los plaguicidas obsoletos en ese país.
Desde 2004 se desarrolló un inventario nacional de esos productos en tales condiciones, y se eliminaron exitosamente 25 toneladas de ellos.

La organización explicó que los plaguicidas obsoletos se definen como los que han sido prohibidos y están deteriorados químicamente, caducos, que son desconocidos o entraron en desuso.

El volumen de esos productos deteriorados supera en el mundo las 500 mil toneladas y las principales dificultades están en países no industrializados.
En estos, la agricultura es uno de los pilares de la economía y esos agentes son las sustancias químicas más usadas. Con frecuencia se encuentran en forma de mezclas tóxicas, en envases con filtraciones que generan derrames y en almacenes y sitios no aptos para el almacenamiento de este tipo de producto.

Lo anterior genera un riesgo de exposición que puede causar intoxicaciones agudas y crónicas, además de contaminar el suelo y fuentes de agua.

La FAO respalda a las naciones en desarrollo, en la adecuada gestión de todos los plaguicidas, lo que implica la limpieza de sitios contaminados y la destrucción o eliminación de los que están en estado de deterioro.

Ella es la principal agencia de las Naciones Unidas a cargo de este tema y acumula muchos años de experiencia en África, Asia y América Latina.
Su apoyo es clave porque muchos países no cuentan con capacidad técnica, institucional, ni financiera que permitan desarrollar políticas y elementos reguladores que favorezcan la adecuada gestión de tales sustancias químicas.