Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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cosecha de soya en Venezuela El viceministro de Desarrollo Rural Integral, Javier Ramos, informó este jueves que unas 14 mil 100 hectáreas de soya se están cosechando en la mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, como parte del proyecto agrario José Ignacio Abreu e Lima.

La información la suministró durante un contacto televisivo, en cadena nacional, con la reunión de trabajo que sostuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, con representantes del Gabinete Ministerial.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó este jueves un recurso de inconstitucionalidad planteado por el ex presidente paraguayoFernando Lugo, que exige la anulación del juicio político que afrontó "por mal desempeño en sus funciones" y que derivó en su destitución el 22 de junio pasado

La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de junio pasado un primer recurso del ex mandatario, presentado contra el reglamento del Legislativo que fijó los horarios de las sesiones del juicio político, concluido en un solo día, argumentando que no se le dio el tiempo para articular su defensa y calificándolo como un "golpe de Estado parlamentario", mientras que la acción de inconstitucionalidad rechazada el jueves iba en contra del veredicto mismo del Legislativo.

 

"Ya nos juzgaron y sentenciaron sin derecho a la defensa ni apelación", contestó el canciller José F. Fernández.

En conversación con radio 970 AM, el ministro de Relaciones Exteriores reveló que el Tribunal Superior de Justicia Electoral envió notas de invitación a países vecinos para las instituciones juzgadoras de elecciones de los mismos, a fin de que estas dispongan el envío de observadores electorales al Paraguay.

Estas notas, sin embargo, no fueron recibidas. "El Tribunal Electoral, que es absolutamente libre e independiente, manda la invitación y las embajadas no le reciben la nota. No se hizo por medio de Cancillería. Y es el mismo Tribunal Electoral que consagró el triunfo de Lugo y Franco", indicó Fernández Estigarribia.

"Lo mismo Unasur me dice: necesitamos mandar una misión de observación electoral, pero después de sancionarnos. Ahora me pide que la Cancillería acepte. Pero ¿cuál es el gesto para que la Cancillería paraguaya reconsidere su posición de no aceptar misiones de observación de países que nos han sancionado sin escucharnos, y nos han despojado de la presidencia (del Unasur)?", cuestionó.

"Me sancionan, me niegan el derecho a la defensa, me niegan la presidencia del bloque ¿y después van a venir a observar? Pero si ya han juzgado, ya han dictado sentencia definitiva y, además, la consideran inapelable. Aquí, en estas condiciones, no entrarán", enfatizó el canciller.

Lamentó también que hayan "algunos paraguayos" que pretendan sembrar dudas sobre la legitimidad de los próximos comicios generales del 21 de abril.

En otro momento, dejó entrever que el pedido de marginación de Paraguay en la próxima Cumbre Iberoamericana también es iniciativa de los países de Unasur, los que -dijo- siguen pretendiendo sancionar al país.

 

 

Paraguay sigue sin sentar postura sobre los polémicos protocolos "democráticos" de Unasur y del Mercosur, firmados durante el gobierno de Fernando Lugo. La Cámara de Senadores tiene frenado el primero, mientras que el segundo, más conocido como Ushuaia II, no fue siquiera remitido por el Ejecutivo. Este último inclusive había sido citado en el libelo acusatorio, que llevó a la destitución del presidente de la república. 

Pese a haber sido calificados de intervencionistas y de atentatorios contra la soberanía de los pueblos, el Paraguay no ha sentado hasta ahora postura sobre los protocolos "democráticos" de Unasur y del Mercosur, este último más conocido como Ushuaia II.

El documento sobre compromiso democrático de Unasur fue enviado al Congreso el pasado 19 de julio, a pedido de las cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, hasta ahora no fue tratado en plenaria. Ni siquiera fue evaluado en comisión, consecuentemente no se dictaminó sobre el mismo. Fue suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010 por el entonces presidente Fernando Lugo.

El texto, en su primer artículo, habilita la intervención de un Estado en otro Estado, o de la Unasur en un Estado cuando interpreta una situación no democrática. Según los detractores del documento, esta disposición viola la soberanía y atenta contra el Art. 143 de la Constitución de nuestro país, que refiere a las relaciones internacionales. El mismo menciona, entre otras cosas, que "la República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención".

En el Senado habría votos suficientes para rechazar el documento, pero hasta ahora no fue tenido en cuenta para ser incluido en el orden del día.

Por otro lado, el protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur, más conocido como Ushuaia II, ni siquiera fue puesto aún a consideración del Congreso. Este documento fue firmado en Uruguay, el 20 de diciembre de 2011. El texto es similar al del Unasur.

El canciller José Fernández Estigarribia, la última vez que fue consultado sobre el documento, dijo que iba a "pensar" si ponía o no a consideración del Legislativo.

El expresidente Lugo había sido muy cuestionado por haber firmado este protocolo. Fue una de las razones para ser juzgado por mal desempeño de funciones y destituido del cargo el 22 de junio pasado.

 

 

La ratificación de las sanciones impuestas por Unasur al gobierno paraguayo, ampliamente divulgada aquí hoy, pareció sepultar toda su esperanza de lograr el ansiado apoyo de la OEA a la destitución del presidente Fernando Lugo.

  Toda la prensa destacó el acuerdo del Grupo de Alto Nivel del bloque integracionista que reconoció la existencia de violaciones de las libertades políticas y los derechos humanos realizadas especialmente contra quienes se oponen al gobierno de Federico Franco.

El nuevo acuerdo de Unasur constituyó, de hecho, una confirmación de las múltiples denuncias realizadas por organizaciones sociales de todo el país concentradas en el Foro Social Paraguay Resiste que sesiona desde este martes en Asunción.

En ese marco surgieron planteamientos sobre despidos masivos de partidarios de Lugo en diversos centros de trabajo, amenaza de cierre de la televisión pública, desalojos de campesinos sin tierras e incluso acuerdos con entes multinacionales para la entrega de riquezas nacionales.

Además, desde el punto de vista político, constituyo un duro revés a la mencionada esperanza acariciada por el Ejecutivo de alcanzar, con la ayuda de Estados Unidos, una resolución en la próxima reunión de la OEA que justifique el juicio que sacó a Lugo de su cargo.

La cancillería y el propio Franco manifestaron la seguridad de que, en la cita del próximo 22 de agosto, se aprobaría el informe sobre la situación paraguaya preparado por el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, justificativo del llamado golpe de Estado parlamentario.

Sin embargo, el presidente de Unasur, el peruano Salomón Lerner, fue claro al señalar que la ratificación de las sanciones anula cualquier posibilidad de un consenso favorable a Asunción en la próxima reunión de OEA, a pesar del interés de Washington en ese sentido.

Igual criterio fue adelantado por Marco Aurelio García, asesor especial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Brasil, quien negó toda posibilidad de reconocimiento del gobierno de Franco en el seno de la entidad regional.

Así las cosas, todo apunta a la continuación del aislamiento del gobierno paraguayo, como una constante mientras no haya una recomposición del proceso democrático interrumpido en la nación guaraní.