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Eduardo Gudynas

Jueves, 09 Noviembre 2017

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El Senado de Paraguay resolvió esperar el resultado de las elecciones venezolanas de octubre para analizar el pedido presentado por el presidente Hugo Chávez para que su país sea incorporado como miembro pleno del Mercosur. 

La postergación fue propuesta por el senador Miguel González, líder de los legisladores del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico al que pertenece el presidente Federico Franco.

El pedido de Chávez debía debatirse el jueves, pero González explicó a los periodistas que "existe una situación jurídica compleja: si el Senado llegare a rechazar el tratado internacional de incorporación venezolana a la unión aduanera, esa decisión será inapelable y nunca Venezuela será miembro del bloque".

Agregó que "entonces es mejor esperar el resultado de las elecciones venezolanas de octubre o en el mejor de los casos, esperar hasta abril de 2013 cuando se realicen los comicios en Paraguay".

La mayoría de los 45 senadores opinan que Chávez no respeta la institucionalidad democrática por lo que la nación caribeña no debería acoplarse al Mercosur.

No obstante, el 29 de junio en la ciudad argentina de Mendoza, los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay tomaron la decisión de permitir el ingreso de Venezuela al tiempo que suspendieron del bloque a Paraguay en rechazo a la destitución de Fernando Lugo de la presidencia en un juicio político que consideraron irregular.

El canciller paraguayo José Félix Fernández dijo en conferencia de prensa que la postergación del debate del pedido de Chávez "no fue una solicitud del gobierno del presidente Franco sino una decisión soberana del Senado".

Recordó que desde el punto de vista jurídico "Venezuela no es miembro pleno del Mercosur porque su incorporación fue una resolución política y no de derecho", ya que aún resta el visto bueno del Senado paraguayo.

 

 

Brasil, la Argentina y Uruguay oficializarán mañana la incorporación del país caribeño como miembro pleno, en una nueva cumbre del bloque. Sin embargo, Caracas aún debe asumir todos los compromisos económicos.

El polémico ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur anunciado en la última cumbre realizada en Mendoza se verá plasmado mañana durante un nuevo encuentro que se realizará en Brasilia.

Allí, los presidentes Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica darán la "bienvenida" a Hugo Chávez, en lo que será un acto de fuerte gesto político, pero de escaso contenido formal, ya que Caracas aún debe cumplir con todos los requisitos económicos que implica formar parte del bloque regional.

Para tal fin, el gobierno brasileño envió la semana pasada una misión "del más alto nivel" para acelerar los tiempos para que el quinto país del bloque incorpore todos los instrumentos que requiere el Mercosur. El grupo, recibido el último miércoles por el propio Hugo Chávez, fue encabezado por Marco Aurelio García, asesor para asuntos exteriores de Dilma Rousseff.

El ingreso de Venezuela es fuertemente cuestionado por Paraguay, el otro miembro pleno del bloque que se encuentra suspendido luego de la destitución de Fernando Lugo y la asunción del nuevo presidente, Federico Franco.

El nuevo gobierno paraguayo objeta la supuesta "ilegalidad" del ingreso del país caribeño, precisamente por la falta de cumplimiento de las normas del país que gobierna Hugo Chávez.

Según fuentes del gobierno brasileño, García logró que Caracas incorpore antes de fin de año, entre otras cosas, el sistema de identificación y clasificación de mercaderías, conocido como Nomenclatura Común del Mercosur. Es el paso previo a las desgravaciones arancelarias entre los cinco países del bloque y la inclusión venezolana del arancel externo común.

De todas formas, se calcula que el proceso completo de adecuación de las normas internas venezolanas al bloque regional se completará recién en 2014.

 

La comisión vecinal Santa Lucía, que agrupa a miles de campesinos sin tierras acampados en la zona de Ñacunday, en el este paraguayo, rechazó los resultados del censo de sus integrantes realizado por el Gobierno.

El desconocimiento se hizo público después que el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luis Ortigoza, planteó que los labriegos y sus familias totalizan mil 200 personas viviendo en carpas junto a los terrenos por ellos reclamados.

El dirigente de los carperos, como se les conoce públicamente, Federico Ayala, impugnó ese estimado, señaló que el conteo estuvo plagado de irregularidades y denunció la acción policial contra muchos de los integrantes del asentamiento.

Según Ayala, ya existe otro anterior, aceptado por el Indert y hasta por el propio Ortigoza, el cual implica la existencia en el lugar de cuatro mil 870 familias y ahora se quiere desconocer a la mayor parte de ellas.

Explicó que el censo fue interrumpido por la falta de planillas para ser llenadas por los campesinos, además de impedir la policía el regreso a sus carpas de casi 900 personas que se habían movilizado fuera del lugar para conseguir abastecimientos para sus familiares y no fueron censados.

Ellos vinieron a hacer ese trabajo y a las 15:00 hora local lo suspendieron porque dijeron no tenían suficientes planillas, puntualizó.

Por su parte, Ortigoza dijo que el censo será ahora depurado para saber si alguno de los campesinos accedió antes a tierras del Estado o si trabaja en instituciones estatales, para después tratar de encontrar solución a los restantes.

De todas formas, ratificó que no hay posibilidad de entregar las tierras por ellos reclamadas, actualmente en poder de una empresa latifundista, por lo cual mas adelante se buscarán en otras zonas, opción ya rechazada anteriormente por los labriegos.

Ayala fue concluyente en reclamar lo que el sector campesino considera sus derechos y amenazó con traer a esta capital a las cinco mil familias de carperos para demostrar su existencia real.

 

El presidente paraguayo, Federico Franco, decidió "dejar sin efecto" la medición judicial de amplias extensiones de tierras cuya propiedad el anterior Ejecutivo disputaba a un gran empresario sojero de origen brasileño, informó hoy una fuente oficial.

El presidente paraguayo, Federico Franco, decidió "dejar sin efecto" la medición judicial de amplias extensiones de tierras cuya propiedad el anterior Ejecutivo disputaba a un gran empresario sojero de origen brasileño, informó hoy una fuente oficial.

El nuevo titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, dijo que la mensura generaría un "caos jurídico-administrativo" que no permitiría cumplir técnicamente con el objetivo del Indert.
Según Ortigoza, citado por la agencia estatal IP, la decisión de desistir del cotejo fue plasmada ayer en una resolución presidencial.

La medición, desbloqueada por la Corte Suprema en febrero pasado, afectaba a 257.900 hectáreas de dos fincas ubicadas en los departamentos orientales de Itapúa y Alto Paraná.
Las tierras habían sido vendidas en 1888 por el Estado paraguayo a distintos propietarios, que sin llegar a pagarlas se las transfirieron al empresario de origen francés Domingo Barthe.

En 1921, el Estado promovió una causa para recuperarlas, que sólo culminó en 1958 con una sentencia favorable del Supremo.
El caso se reabrió en 2011, cuando el Indert denunció que el empresario "brasiguayo" Tranquilo Favero, principal productor individual de soja de Paraguay, ocupa ilegalmente casi 60.000 hectáreas de esos terrenos en la zona de Ñacunday.

Ese año, se produjeron sucesivas ocupaciones de las tierras de Favero por parte de campesinos de la Liga Nacional de Carperos, semejantes a la de la finca, cuya propiedad también le disputaba el Estado, del empresario Blas N. Riquelme en Curuguaty (nordeste), donde 17 policías y "sin tierras" murieron en un tiroteo durante un desalojo el pasado 15 de junio.

Ese suceso, que tiñó de sangre la lucha por la tierra en Paraguay, fue el detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo una semana después.

El nuevo presidente paraguayo anunció al asumir el poder que elaborará un completo catastro rural, que permita un "auténtico desarrollo rural sostenible".

También prometió, pero no ha sucedido, que el lunes pasado iba a ofrecer una solución para los campesinos afectados por la tragedia de Curuguaty, aunque observó que "sería injusto" pretender una "donación" de tierras de la familia Riquelme pues el empresario ha hecho un "arduo trabajo" en la zona.

Ortigoza dijo hoy que el Indert no cuenta con documentación fidedigna en su catastro y recordó que las otras dos instituciones responsables, la Dirección General de Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, mantuvieron que los títulos de propiedad de la zona afectada por la mensura que ahora se dejó sin efecto están "en orden".

El nuevo jefe del Indert dijo haber solicitado un dictamen al director de Asesoría Jurídica del Instituto, Alfredo Torres, quien recomendó el desistimiento pues la medición "estaría afectando a cientos de propietarios de inmuebles ubicados principalmente en la zona de Alto Paraná e Itapúa".

Torres sugirió en cambio "agotar las instancias administrativas, mediante la contrastación de los títulos de propiedad obrantes" en los distintos registros, para ver si se identifican "excedentes" de tierras del Estado.

En tal caso, recomendó, "promover las mensuras correspondientes, pero limitadas a las jurisdicciones afectadas".

 

Dichas negociaciones podrían restablecerse tras las elecciones previstas para 2013 en Paraguay, anticipó un miembro de la delegación de eurodiputados que realizó una visita de tres días a Asunción para recabar informes.

La destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay interrumpió las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, las que podrán restablecerse tras las elecciones de 2013, dijo una misión de eurodiputados al termino de su visita de tres días a Asunción.

"Se suspendió el calendario de negociaciones con el Mercosur" con la UE y su reanudación tendrá lugar después normalizarse la transición paraguaya con los comicios generales del 21 de abril de 2013, dijo en rueda de prensa el español Luis Yáñez-Barnuevo, que encabeza la delegación de eurodiputados.
Asimismo, Yáñez-Barnuevo dijo que la delegación se limitó a recabar informes sobre la situación paraguaya.

"No somos jueces que vienen a dictar un veredicto, eso corresponde a los paraguayos", respondió al ser consultado si el Parlamento Europeo tenía previsto dictar medidas en respuesta a la destitución de Lugo, la que tuvo lugar el pasado 22 de junio tras un sumarísimo juicio político.

Yáñez-Barnuevo abogó para que "las próximas elecciones se desarrollen en un marco de paz social, respeto de los derechos humanos y transparencia" en Paraguay.

Indicó que "al escuchar las campanas, vimos que hay que fomentar el diálogo y mantener la paz social" hasta los anunciados comicios generales, y agregó que si Paraguay solicita la presencia de observadores la Unión Europea en los mismos, se evaluará la posibilidad de enviar una delegación.
Yáñez-Barnuevo señaló asimismo que la UE mantendrá sus programas de apoyo y cooperaciones con Paraguay.

Lugo fue destituido el pasado 22 de junio por "mal desempeño" de sus funciones, tras violentos choques entre policías y campesinos sin tierra que dejaron 17 muertos.

La destitución de Lugo llevó a los socios de Paraguay en el Mercosur -Argentina, Brasil y Uruguay- a decidir el 29 de junio, en la cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, su suspensión del bloque hasta las elecciones de 2013. La misma determinación tomó la Unión Suramericana de naciones (Unasur).