Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Lunes, 20 Noviembre 2017

Envíe su artículo

Posts @IPDRS

El canciller Jorge Lara Castro  aseguró ayer que  la Unasur definirá el rumbo político, social y económico de los pueblos latinoamericanos. Reconoció que se registran varias falencias en el Mercosur, pero que las mismas se deben a "desinteligencias gubernamentales". Habló del encuentro del próximo sábado.

Jorge Lara Castro, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, señaló ayer que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) es un bloque en el cual se puede definir el rumbo económico, político y social de América Latina.   

El secretario de Estado hizo referencia a la reunión de ministros y ministras de la Unasur que se realizará en hotel Sheraton, el sábado 17, a partir de las 9:00.   

Añadió que será un encuentro de gran importancia, ya que el Paraguay que goza de la presidencia pro témpore del órgano expresará a los demás integrantes la necesidad de desarrollar políticas de Estado que puedan ayudar al crecimiento de países mediterráneos, como el nuestro y Bolivia.   

"Nos va a permitir un verdadero diálogo político que pretende fortalecer nuestras coincidencias, compartir nuestros intereses y fortalecer los mecanismos institucionales", expresó.   

Mercosur desigual  

Por otra parte, el canciller nacional reconoció que en el Mercado Común del Sur (Mercosur) se registran varias desigualdades entre sus socios, pero que las mismas están siendo estudiadas y analizadas para una pronta solución.   
  
Apuntó que cada gobierno debe asumir sus responsabilidades, pero "que muchas veces se producen desinteligencias gubernamentales".   

Con respecto a las trabas comerciales  del gobierno de Cristina Fernández, señaló que todo se está canalizando por los servicios diplomáticos y augura llegar a una solución lo antes posible.   

Diez cancilleres  

Hasta la fecha diez ministros que integran la Unasur confirmaron presencia a la reunión del sábado y aún quedan dos por confirmar más adelante.

El Presidente irá a la reunión

El presidente Fernando Lugo asistirá este sábado a la apertura de la Cumbre de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton. El inicio de las deliberaciones está previsto para las 09:00 y concluirá  a las 15:00, aproximadamente.

Se prevé que Lugo brinde un discurso de apertura y saludo a las delegaciones.   

Ayoreo Totobiegosode reclaman cautela en favor de sus parientes aislados 

En reuniòn mantenida con líderes y miembros Ayoreo Totobiegosode en fecha 20 de febrero, el Fiscal General del Estado Javier Dìaz Verón informó sobre la Resolución No. 357 del Ministerio Público por la cual se dispone la creación de un Grupo Especial de Trabajo para abordar la problemática de los indígenas en situación de aislamiento y sin contacto en la Región Occidental o Chaco. 

El Considerando de la Resolución indica que los mismos "desarrollan su vida y su cultura en estrecha relación con la naturaleza y sus recursos, en consecuencia son grupos altamente vulnerables a las amenazas que sufren, debido a la acelerada expansión de la frontera agrícola en sus territorios, que pueden desembocar  en contactos que pongan en peligro la vida, la salud e integridad psicofísica de los mismos"

Los Ayoreo Totobiegosode manifestaron al Fiscal General su gran preocupación por el desmonte acelerado en sus tierras ancestrales del Alto Chaco, área de la Reserva de Biosfera Chaco Paraguay. 

Solicitaron medidas urgentes de cautela en el nucleo de la zona sur de su Patrimonio Natural y Cultural, donde recientemente (día 06 de Enero de 2012) una comisión interinstitucional pública encabezada por la Fiscalía (Asunción y Filadelfia) e integrada por la SEAM, el INDI, el Gabinete Social y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, certificó evidencias de la presencia de sus parientes en situación de aislamiento. Aguardan medidas efectivas de protección y se garanticen sus derechos. 

 

El general (SR) y excomandante de las FFMM, Bernardino Soto Estigarribia, sostuvo que de no respetarse la propiedad privada y la ley, se puede generar la ruptura del Estado de Derecho, que, puede derivar también en la suspensión de las próximas elecciones generales. El foro de militares retirados emitió un comunicado.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, Soto Estigarribia dio detalles del comunicado del Foro de Generales y Almirantes retirados, dado a conocer este miércoles. Explicó que preocupa que las mismas ocupaciones sean "alentadas" por algunas autoridades.

El conflicto en el campo se centra hoy en el departamento de Alto Paraná, donde un grupo de carperos y productores se disputan tierras.

"Estas actividades son alentadas por algunos gobernantes y se puede dar una escalada de violencia con consecuencias impredecibles", expresó el general retirado, al agregar que se puede desencadenar el caos si sigue subiendo de tono el conflicto.

Al ser consultado si la problemática en Alto Paraná es tan grande que puede generar un autogolpe, Soto Estigarribia respondió: "No sé en qué dimensión se puede generar; se puede generar las condiciones de la ruptura del Estado de Derecho si no se respetan las propiedades privadas y la ley y porqué no también podemos llegar a eso. Ese es el temor que tiene este foro y hacemos un llamado a los tres poderes del Estado a extremar medidas".

Insistió en que se puede generar "un desorden generalizado" que incluso puede propiciar la suspensión de las elecciones.

No obstante, el excomandante de las Fuerzas Militares aclaró que en el comunicado emitido por el foro la palabra autogolpe no han mencionado. "Sí hemos puesto que conduciría a un estado peligroso para la ruptura del Estado de Derecho", aclaró, ante la consulta.

El general retirado también sostuvo que preocupa al sector que el efectivo militar está siendo "muy mal utilizado". Explicó que la ley que establece que en la zona de seguridad fronteriza los trabajos deben ser encabezados por el Ministerio de Defensa Nacional.

"En vez de que sea el Ministerio de Defensa el que lidere, está liderando el Indert. Los trabajos no se están haciendo como corresponden y no se puede de ninguna manera hacerlo en compañía de turbas como los carperos que están pendientes de ocupar propiedades privadas", afirmó.

El gobernador de San Pedro, José "Pakova" Ledesma, expresó que no se gana nada invadiendo tierras si es que el Estado no acompaña la revisión de los excedentes. Indicó que se debe recuperar las tierras en la franja de seguridad fronteriza.

"No ganamos nada invadiendo tierras, el Estado debe entender que tiene que acompañar a través de los poderes la revisión de las tierras, porque tenemos que recuperar esa franja que nos corresponde de los 50 km. Estamos siendo invadidos en la zona, a 10 km todos son colonos brasileños, no estamos en contra, pero qué podemos hacer como país soberano para recuperar todo", dijo el gobernador de San Pedro José Ledesma.

La autoridad departamental se reunió este martes con el presidente Fernando Lugo en el Palacio de Gobierno, acompañado por líderes carperos, para presentar sus intenciones en las zonas invadidas en Alto Paraná.

"Venimos acá a molestar al Presidente para que nos abra las puertas para que podamos hablar del programa, los proyectos, no solo la tierra sino también el arraigo, y como Estado queremos preservar lo que es nuestro. Es triste ver a ciudadanos paraguayos sin tierra, mientras que los extranjeros están en la franja que es de seguridad nuestra", comentó.

Ledesma reconoció que los carperos actuaron de manera equivocada, refiriéndose a la agresión que sufrió la intendenta de Santa Rosa del Monday. Agregó que dicha reacción se debió a que las autoridades municipales trataron de evitar la realización de la mensura.

"Casi todas las tierras de Caaguazú están arrendadas", nos dijo el nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala, luego de hacer un relevamiento de la situación que encontró en el ente. Explicó que los sojeros están utilizando la figura de la "aparcería rural" para persuadir a los nativos y explotar sus lotes. En esta nota, Ayala se refiere al momento que atraviesan los nativos.

Una de las primeras medidas que tomó Ayala a poco de su asunción (10-10-11) como presidente del Indi fue disponer un relevamiento de los documentos para ordenar la parte jurídica y saber qué compromisos asumió el Estado.   

En ese contexto, una de sus prioridades será atender el departamento de Caaguazú, donde hay comunidades que no tienen tierra, mientras que las que poseen han arrendado sus lotes. "Casi todas las propiedades indígenas de este departamento están alquiladas a sojeros. Este procedimiento es totalmente ilegal", apuntó. (El Capítulo V de la Constitución dice que las tierras indígenas son intransferibles, no son arrendables ni mucho menos comercializables).   

Apuntó que los indígenas están siendo utilizados por los sojeros, que  les hacen firmar un contrato denominado "aparcería rural", que es un "arrendamiento simulado". Así se aprovechan de las necesidades de los nativos y le sacan la tierra. Para peor, algunos juzgados les están dando la razón para quitarles la tierra, aseguró.   

El funcionario no pudo precisar cuántas hectáreas están en esta situación, porque recién van a comenzar las verificaciones. "Los técnicos del Indi me dicen que el 100% de las parcelas de Caaguazú tiene algún nivel de arrendamiento u ocupación de sojeros o campesinos", remarcó.   

Ocupaciones
  
En Canindeyú, donde los nativos tienen tierra, también se registran casos de ocupación. Por ejemplo, en la zona de Ypehû, los campesinos invadieron en estos últimos días un territorio indígena. Las tierras son del Indi.   

Para Ayala, los problemas de tierra indígena son inmensos. Citó otro caso del mismo departamento donde  3.500 hectáreas compradas por el Indi en 1997 aparentemente se negociaron con una persona que no era la dueña, pero se anuló la operación y el inmueble quedó como tierra de nadie. Al respecto, buscarán todos los documentos para que el lote quede a los nativos, quienes están en el lugar.   

Preguntado por qué los indígenas están recurriendo a este mecanismo para despojarse de sus tierras, indicó que a ellos les dieron tierra sin ningún tipo de seguridad, ni mucho menos acompañamiento para producir. Sostuvo que se compraron papeles, no se realizaron  mensuras y hoy están apareciendo inmuebles con menos extensiones. En el Chaco hay varios casos, así como en la región Oriental. Para colmo, no se registraron los documentos y esto hace que aparezcan otros títulos sobre algunas propiedades indígenas, que generan un estado de inseguridad jurídica. A esto se suman los operadores de justicia, quienes siempre favorecen  derechos ajenos.   

Comentó que en la zona de Itakyry, de acuerdo a un relevamiento preliminar, hay productores de soja que ocupan el 70 % de tierras indígenas. Uno de ellos es el brasileño Renilson Maia. "El me admitió que planta soja en tierra indígena en base a un contrato", apuntó.   

Ante esta realidad de las tierras arrendadas y de los nativos que no saben qué hacer de las mismas, el funcionario explicó que tiene previsto implementar proyectos agrícolas a un costo de 20 a 25 millones de guaraníes. El año pasado ya se implementaron en comunidades vulnerables y en aquellas que frecuentaban las ciudades. Se comprobó que dieron resultados y se pretende continuar en esa línea para evitar los desplazamientos. Ahora todo dependerá del presupuesto que aún no está bien decidido. "La idea es que aseguren el alimento, que puedan autoabastecerse. Sería una propuesta de contención para evitar el abandono de las comunidades", remarcó.   

Opinión jurídica  

El Indi quiere generar una opinión jurídica sobre la legalidad de estas ocupaciones, porque hay leyes que favorecen a los nativos. Este tema será tratado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Estado para que se precautele la propiedad de los nativos. Ayala apuntó que hasta ahora no encontró datos de cuántas hectáreas de tierra tiene el Indi, pero destacó que para llegar a esa conclusión se debe ordenar nuevamente el archivo del Indi que está desparramado por varios locales a consecuencia de los cambios de sede que tuvo en los últimos años.   

En ese sentido, indicó que encontró partes del archivo en el depósito del Indi en el Mercado de Abasto, otro estaba en el local que funciona en el centro sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción; algunos documentos están en la Infantería y organizarlos llevará su tiempo. Agregó que la idea es informatizar esos datos para saber qué se tiene.   

Cree que estos trabajos comenzarían cuando el Indi recupere su local, que según las estimaciones, debe ser entregado mañana martes, luego de las refacciones que se realizaron en el lugar.

Tierras de Unión   

Sobre las tierras de Unión, departamento de San Pedro, Ayala indicó que pedirán a las instituciones especializadas otro informe pericial sobre la calidad de la tierra, así como una nueva tasación. Se realizarán consultas en San Pedro y Caaguazú sobre las necesidades de tierra, porque muchos nativos no están de acuerdo con la compra de este inmueble muy sobrevaluado. Al respecto, sostuvo que hay otras prioridades que deben ser atendidas, anteriores a este caso. Agregó que entre los nativos que estuvieron en la plaza, algunos no tienen tierra, otros fueron desalojados como los ava guaraní de la Finca 470, que el Congreso dio solo a los aché. Había también otro grupo que salió el 19 de diciembre y que ahora está en Luque. Otro de los grupos, que inició las gestiones para la compra de las tierras de Unión, se abrió totalmente porque entraron a la plaza presionados por Panta Piris y Miguel Toro, quienes les habrían prometido alimento, camión y otros beneficios. Se rectificaron y se quedaron en su comunidad.   

Coordinar acciones   

Por otra parte, el Indi está notificando a las gobernaciones, binacionales, ministerios y otras instituciones para saber cuánto tienen en rubros para el componente indígena, a fin de coordinar  actividades para que el ente asuma su protagonismo como ente rector. Pidió también informes a institutos penales sobre la cantidad de nativos que están presos, porque son datos que exigen los relatores internacionales.