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Miércoles, 31 Enero 2018

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A tres años de la masacre, que derivó en el golpe institucional al expresidente Fernando Lugo, 13 campesinos serán juzgados por "invasión de inmueble ajeno y asociación criminal", mientras que 10 de ellos afrontarán cargos por "intento de homicidio" contra 6 policías. Referentes de Derecho Humanos de sudamérica, entre ellos Nora Cortiñas, viajaron vigilar el proceso, tras varias denuncias por violación de garantías procesales durante la etapa de investigación. El proceso comenzará mañana, luego de que doce de los imputados renunciarán hoy a sus defensas.

En el juicio, que ya había sido pospuesto en varias ocasiones y se prevé que finalice el próximo 28 de agosto, serán juzgados sólo los campesinos, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de 11 trabajadores rurales, ocurrida en el mismo hecho.

La audiencia había comenzado con sus trámites iniciales esta mañana, ante la presencia de los acusados, familiares y los observadores internacionales; pero sufrió una nueva demora, cuando doce de los campesinos acusados renunciaron a la defensa de los abogados particulares Guillermo Ferreiro y Vicente Morales. Los imputados solicitaron como abogado de oficio a Joaquín Díaz, quien lleva la defensa pública de Felipe Urbina, uno de los campesinos.

Ante esa renuncia, el juicio fue suspendido hasta mañana para que el Ministerio de la Defensa Pública decida si Díaz puede asumir el conjunto de la defensa o necesitará mas abogados.

La Articulación por Curuguaty, que reúne a varias organizaciones sociales en torno a esta causa judicial, destacó que el proceso de investigación recibió varias denuncias de violaciones a las garantías procesales de la defensa y de los imputados y acusados en el juicio.

Frente a estas regularidades, la plataforma convocó a expertos en derechos humanos abogados y dirigentes campesinos e indígenas de Argentina, Chile, Brasil y Colombia, entre ellos a Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Los expertos llegaron al juicio en calidad de "observadores internacionales" para vigilar "el respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial".

La Articulación por Curuguaty señaló en la previa la "persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante a la defensa técnica" del caso por parte de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa Jalil Rachid, en relación con un sumario abierto a los abogados defensores.

La organización pidió además que el juicio sea anulado dado que "no hay prueba alguna que señale a ninguno de los acusados como autores de homicidio", y acusó a la fiscalía de "ocultar pruebas".

El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú, a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito. Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos.

El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012). El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas Riquelme, histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.

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