Campesinos acusados por la masacre de Curuguaty rechazan versiones del gobierno sobre traslado de personas que reclaman la recuperación de las tierras donde ocurrió la matanza del 15 de junio de 2012.
Los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty realizaron ayer una conferencia de prensa en el albergue Nuestra Señora de la Merced, donde se encuentran cumpliendo el arresto domiciliario en espera del inicio del juicio, para explicar a las organizaciones que acompañan el caso aspectos referentes al proceso así como desmentir las versiones gubernamentales sobre la supuesta aceptación del traslado de las personas que ocupan las tierras de Marina Cue, en el departamento de Canindeyú, y que reclaman la recuperación de las tierras que fueron donadas al Estado para que sean destinadas a la reforma agraria.
“Las tierras de Marina Cue son innegociables”, afirmó tajante Néstor Castro, hermano de Adalberto y Adolfo Castro, procesado y fallecido, respectivamente, en la masacre de Curuguaty. Castro enfatizó que la tierra en la que fallecieron los campesinos –y por la cual deberán enfrentar cargos por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa– debe ser asentamiento humano y debe ser recuperada de las manos de Campos Morombí, firma que sin ser propietaria solicitó y logró el desalojo que terminó con la muerte de 17 personas.
También desmintió las versiones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sobre el supuesto traslado de 95 familias a 300 hectáreas ubicadas en el departamento de Alto Paraná, señalando que las personas que aceptaron tal traslado y que acampan al costado de la ruta son apenas 30, que además forman parte de otra comisión.
Respecto a la renuncia a seguir siendo defendidos por Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, señaló que no podían ingresar al campo de juego con dos jugadores lesionados, en referencia al sumario que coaccionaba la actuación de sus defensores y que estaban bajo la amenaza de perder sus matrículas si presentaban incidentes u otras medidas contra las arbitrariedades del proceso, donde el Ministerio Público ocultó pruebas, añadió otros elementos de manera irregular y que, sostuvieron, ni siquiera investiga la muerte de los policías, pues ellos están acusados de tentativa de homicidio sin que la fiscalía tenga interés de saber quiénes fueron los autores. Asimismo, tampoco se investigaron las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad contra personas heridas y detenidas.
También pidieron que el juicio sea abierto para todo el público interesado y que se habilite una sala más grande para que todos puedan acceder. Solicitaron el apoyo de toda la ciudadanía en pos de lograr la justicia, la libertad y la recuperación de las tierras de Marina Cue, que debe ser una causa nacional, pues las tierras malhabidas que siguen en poder de políticos y empresarios son propiedad de todo el pueblo paraguayo, señaló.
