Advierte al presidente que de promulgarla, estaría cometiendo un acto de inconstitucionalidad, por violar el principio de independencia entre los poderes del Estado.
El pasado 19 de noviembre la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY) envió una carta al presidente paraguayo, Horacio Cartes.
En ella peticiona al mandatario el veto del poyecto de ley “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección, al área denominada Reserva Natural Yberá, correspondiente a la finca N° 30, padrón N° 61, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú”.
Este proyecto fue sancionado por ambas cámaras del Parlamento y su objetivo es que la empresa privada Morombi “done” las tierras de Marina Kue, donde se registró en 2012 la masacre de Curuguaty, al Estado paraguayo.
Esto a pesar de que toda la documentación existente demuestra que las tierras son del Estado desde 1967 y la empresa Morombí las usurpó a través de su influencia política y ardides judiciales a inicios de los años 2000.
“Consideramos que se asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí, ya que para que este proyecto se pueda sustanciar, el Estado aceptará la donación de la citada empresa. En tal sentido, recordamos que actualmente sigue en litigio la disputa entre el Estado y dicha empresa respecto a la titularidad de la finca; por tanto, en este momento, la resolución sobre la titularidad de la misma se encuentra en el ámbito del Poder Judicial”, sostiene la carta.
Por estar en definición del Poder Judicial, la Coordinadora advierte que de promulgar el proyecto, el presidente estaría violando los artículos 3 y 248 de la Constitución Nacional, que hablan del principio de independencia de los tres poderes del Estado y de la independencia del Poder Judicial, respectivamente.
“La resolución, por parte de otros poderes del Estado, de un tema que actualmente corresponde que sea resuelto por el Poder Judicial, desde nuestra consideración implica una vulneración del principio de independencia de este poder del Estado”, remata.
Le recuerda que es el propio Poder Ejecutivo, a través de su Instituto de la Tierra(INDERT) y su Procuraduría General, quien está litigando en dos juicios contra la empresa, para esclarecer la titularidad del Estado sobre la finca.
Y como si faltaran pruebas, que la Comisión de Verdad y Justicia declaró como tierra mal habida la finca, en las condiciones en que está actualmente en manos de la empresa Morombí, de la familia Riquelme, con otros antecedentes de usurpar tierras fiscales.
El proyecto de ley fue elaborado por el diputado Óscar Tuma, del mismo partido político que la familia Riquelme y que el presidente de la República. Pretende que la empresa Morombí done como reserva forestal las tierras, desconociendo todos los antecedentes jurídicos y sociales.
