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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Ignacio Vera, funcionario del Indert hasta el 2013, declaró en el juicio por la masacre de Curuguaty, que las tierras en litigio donde ocurrió la matanza son del Estado.

Vera era director departamental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Canindeyú (este) cuando un grupo de campesinos ocupó una finca del distrito de Curuguaty, en ese departamento, para reclamar que formase parte de la reforma agraria estatal.

Los campesinos integraban la comisión vecinal Naranjaty, que desde 2004 gestionaba con el Indert la titularidad de las tierras, y poseía un historial de desalojos pacíficos, declaró Vera durante su intervención en el juicio que se sigue en Asunción a once labriegos acusados por la masacre.

Afirmó además que, según los documentos, estas tierras, conocidas con el nombre de Marina Kue, por la presencia de un destacamento de la Armada en el lugar durante décadas, pertenecen al Estado paraguayo.


Vera agregó que pudo constatar la existencia del destacamento de la Armada en el lugar, y que incluso uno de los campesinos fallecidos durante la masacre, Avelino Espínola, le había entregado documentos que certificaban la existencia de esta repartición militar.

El testigo rechazó que las tierras pertenezcan a la empresa que las reclama, Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Vera explicó que el 5 de enero de 2012 la comisión permanente del Congreso paraguayo instó a la Fiscalía a cumplir con la orden de desalojo de las tierras de Marina Kue, y que ese mismo día le visitó el abogado de la familia Riquelme, Enrique Peña Gamba, que le responsabilizó de haber permitido la ocupación de las tierras.

El desalojo se fijó para el 15 de junio de 2012, y antes de que comenzara se produjo un tiroteo que dejó un saldo de once campesinos y seis policías fallecidos.

Desde entonces, Vera estuvo amenazado de muerte, hasta que en 2013 fue despedido del Indert sin que se abriese sumario alguno, afirmó.

También denunció haber recibido presiones por parte de diarios de tirada nacional, que le acusaban de propiciar levantamientos y ocupaciones campesinas, y por parte del fiscal Jalil Rachid, encargado de la causa hasta que hace dos semanas asumió como viceministro de Seguridad.

Además de Vera, en la sesión de este miércoles prestaron declaración dos médicos forenses encargados de examinar los cadáveres de campesinos que perecieron en la masacre.

Uno de ellos, Gustavo Zaracho, describió las heridas que presentaban los cuerpos y detalló que el del campesino Delosantos Agüero recibió un disparo a quemarropa en el fémur que pudo provocarle la muerte por desangramiento.

El juicio por la masacre de Curuguaty procesa a once campesinos acusados de la muerte de seis policías, mientras que no hay ningún imputado por la de los once agricultores.

La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de irregular por organismos internacionales como Unasur. EFE

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