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El caso de Bosque Tsimane

Ismael Guzmán T.

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A 300 kilómetros al Noreste de la capital paraguaya, en el departamento de Canindeyú,distrito de Yvyrarovana, se levanta el asentamiento Primero de Marzo.

Allí viven más de 300 familias-al menos 1500 personas- campesinas que se establecieron sobre 4.500 hectáreas de tierras y extendieron los servicios de agua, electrificación, escuela, puesto de salud, radio, caminos, oportunidades de trabajo, asistencia productiva a las familias, almacenes de consumo y distribución de tierra.

Todos estos servicios lo levantaron con sus propias manos los vecinos y vecinas desde el 1 de marzo de 2012, a partir de una ocupación por la fuerza de la tierra donde hoy recrean su vida y su cultura.

  Las familias forman parte de la Organización de Lucha por la Tierra(OLT), que articula a agricultores y agricultoras sin tierra de distintas regiones de Paraguay.

La familia de origen alemán Bendlin, propietaria de la empresa importadora de armas y autos BMW en el país, Perfecta, se atribuye la propiedad y entra en conflicto con las familias agricultoras.

Sobre el título de la propiedad planea una sombra de irregularidad por el modo en que los Bendlin se hicieron de estas tierras. La documentación oficial muestra que las tierras originalmente eran del Estado, hasta que una de las dictaduras más despiadadas de la historia latinoamericana, la de Alfredo Stroessner, cambió las tierras por una avioneta con la familia empresaria.

Esto se concretó en 1969 a través de una resolución del entonces Instituto de Bienestar Rural(IBR) que tenía a su cargo desarrollar las políticas agrarias y de tierra con sujetos de la reforma agraria y no con firmas mercantiles, de acuerdo a las leyes de entonces.

A partir de la obtención de estas tierras, los Bendlin levantaron en el terreno la hacienda agroganadera Pindó.

Al Estado paraguayo, específicamente a los gobiernos de Federico Franco y Horacio Cartes, al parecer no preocupa esclarecer la situación de las tierras, tampoco si hubo responsabilidades legales en la permuta.

Hoy las acciones gubernamentales alternan entre la indiferencia y la criminalización de las familias campesinas de Primero de Marzo, dando por hecho los voceros estatales la legitimidad de los Bendlin sobre la tierra, a pesar de los antecedentes.

Pero el accionar de estos gobiernos todavía es más reprochable si tenemos en cuenta que desestimaron todas las propuestas de soluciones que presentaron las familias agricultoras al actual Instituto de la tierra(INDERT) y archivaron el caso desentendiéndose de su responsabilidad en un estado de derechos.

El argumento que el INDERT dio a las familias de Primero de Marzo para cerrar toda tratativa fue que se le terminó la plata, luego de agotar todo su presupuesto en la compra de un inmueble en el departamento de Cordillera, operación que es investigada por la justicia por involucrar en hechos de corrupción al entonces titular del INDERT, Luis Ortigoza,  al entonces presidente de la Repúlica, Federico Franco y al entonces presidente del Congreso Nacional, Jorge Oviedo Matto.

Luis Ortigoza también es investigado en otro caso de irregularidad por, al parecer, haber vendido parte de la reserva forestal Mbaracayú y en al menos otro más por intentar vender un aeropuerto del Estado a un ciudadano.

Últimamente la única respuesta del Estado paraguayo hacia Primero de Marzo es el envío de policías y fiscales, que en cuatro año realizaron tres operativos violentos contra la comunidad y que desde hace dos meses realizan un retén que amedrenta y humilla a pobladores y pobladoras, explica Jorge Mercado, uno de los dirigentes campesinos.

En un aparente intento de asfixiar a la comunidad, la policía impide la entrada a la comunidad de vendedores ambulantes que abastecen a las familias con distintos artículos, incluyendo alimentos de primera necesidad, dice el referente.

De hecho, fue la alerta de un nuevo desalojo violento lo que movilizó a una misión de observación compuesta por organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas, que visitamos la comunidad el pasado 12 de mayo.

Deforestación y criminalización

Uno de los discursos más virulentos de la familia Bendlin, el actual gobierno y sectores propietarios de tierra en Paraguay y parte de la prensa es que las familias campesinas de Primero de Marzo deforestan el lugar para vender la madera.

El técnico agrícola de la comunidad , Ciro Rojas, explica a parte de la comitiva que dentro de la comunidad tienen un criterio forestal que permite tumbar árboles solamente para hacer limpios donde cultivar alimentos o para hacer caminos o viviendas.

Este es un manejo tradicional dentro de la economía indígena y campesina local, inclusive dentro de las colonias estatales.

Jorge Mercado agrega que en el asentamiento existe un reglamento que orienta lo que llaman raleo, y que permite a la familia a disponer de hasta una hectárea y media de monte si es para hacer alimentos o viviendas.

El paisaje, en el asentamiento, alterna entre remanentes de bosque y cultivos de maíz, mandioca, hortalizas y casas de madera.

Mercado explica esto en un “soja-ty kue” o un lugar donde hasta hace unos meses se cultivaba soja mecanizada. De acuerdo a nuestra fuente, los Bendlin alquilaban esa parte de la tierra a otros empresarios para el cultivo de soja.

Y para eso se tumbaron todos los árboles de esa parte de la finca, pero esto al parecer no genera un remordimiento ecologista en los Bendlin, tampoco un arrebato ambientalista en los sectores propietarios y menos aún en el gobierno. O por lo menos no salieron a denunciar nada públicamente.

Tampoco preocupa a estos sectores o al gobierno que Paraguay esté señalado entre los países que más deforesta en el planeta, en un promedio diario de más de mil hectáreas.

Así las cosas, nos seduce concluir que la cuestión ambiental parece más una excusa para justificar un escenario propicio para un desalojo policial.

“Muchos derechos están en juego”

“Estamos en presencia de una situación donde la propia comisión vecinal de los campesinos sin tierra han tomado por sí la tarea del Estado de proveer los servicios básicos de la comunidad”, dice Óscar Ayala, que participó de la misión como secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY).

Para él el asentamiento y el modo de usar la tierra están cumpliendo lo que la ley exige, que es la función social de la tierra

Para este abogado con experiencia en litigar causas indígenas en instancias internacionales, el origen cuestionado del título es un hecho que le debe hacer ceder a la empresa ante los otros derechos humanos que están en juego.

“El acceder a la tierra supone, en términos de derechos humanos en el contexto rural, poder acceder a la alimentación, a la vivienda, al trabajo…en fin a un conjunto de derechos humanos que están en juego y en tensión en momentos de disputarse la propiedad de un inmueble rural”, dice.

“Entramos a esta tierra por necesidad y porque es malhabida”

“Ocupamos por necesidad de las familias sin tierra y también porque son tierras malhabidas que hasta ahora no se aclara su situación”, dice Jorge Mercado cuando se le pregunta por qué ocuparon el lugar.

Dice que investigaron todas las leyes relacionadas y no encontraron ninguna que permite cambiar un inmueble del Estado por otro privado. “Así es que nos organizamos los sin tierra y en 2012 realizamos la ocupación”, explica.

Comenta que desde un primer momento se acercaron al INDERT con varias alternativas de solución y hasta firmaron un acuerdo tripartido donde se comprometieron en salir de la tierra con la condición de que el INDERT pusiera a disposición otras tierras donde se reubicarían.

El asentamiento cumplió, explica, pero al vencer el plazo acordado, el INDERT no había movido nada, por lo que volvieron a ocupar plenamente la finca.

“Para solucionar el problema, el INDERT debería darnos tierra. 3500 hectáreas pedimos para 320 familias. Eso nos da y terminará el problema”, dice.

  Manejan la información, asegura, de una nueva orden de desalojo firmada por un juez y que está en poder del fiscal de la ciudad de Curuguaty, Vicente Rodríguez, pero que no tiene fecha. Por lo que la incertidumbre y la alarma está latente en el asentamiento.

“Tenemos miedo, nosotros no tenemos armas, solo tenemos herramienta de trabajo, para poder trabajar y vivir”, dice.

Junto con más de 100 personas de la comunidad, Mercado está imputado por el Ministerio Público por distintas causas relacionadas a la ocupación de la tierra.

El origen del título de propiedad -que genera el conflicto- la falta de soluciones institucionales del Estado paraguayo, la corrupción en torno a la tierra pública y el desentendimiento de las instituciones de sus responsabilidades en este caso, expresan fielmente la situación nacional de las tierras de Paraguay y los derechos en torno a ella.

En este país el 2% de los propietarios acapara el 86% de todas las tierras, mientras que unas 300 mil familias campesinas deambulan por el campo y por las villas de las ciudades, vulneradas en todo sentido.

Se estima que el 90% de todas las tierras que hoy tienen las comunidades campesinas en Paraguay fueron obtenidas a través de la ocupación a la fuerza, como única vía restante a conquistar sus derechos más elementales.

En Primero de Marzo están en disputa dos modelos que se enfrentan en el campo paraguayo, el que acumula tierras para lucrar y el que necesita tierra para recrear su vida.

 

Fotografía: Base Is

Texto:Jorge Gonzales / Base Is

Artículo original disponible en: http://www.baseis.org.py/un-asentamiento-campesino-que-cumple-el-papel-del-estado-en-paraguay/

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