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La legisladora anunció que luego de recopilar antecedentes, informaciones y pruebas del operativo realizado en Guahory, departamento de Caaguazú distante a 300 km de Asunción, presentarán una denuncia ante la Fiscalía General para exigirle que investigue los posibles delitos de funcionarios estatales.

Dijo que en estos momentos un grupo de senadores termina el escrito que presentarán al fiscal general, Javier Díaz Verón, para exigirle que investigue las responsabilidades de las instituciones estatales y civiles que participaron en el operativo.

Esto incluye al presidente del INDERT, Justo Cárdenas; a los comisarios que comandaron la operación; a los fiscales; a la entidad Yasyreta si es que se confirma que la misma cedió un helicóptero para ejecutar el desalojo; a la policía, por la participación de un civil en la orientación del operativo, que es el que estaba en helicóptero y también que se investigue la entrega de dinero por parte de los productores sojeros a la policía, para combustible o en cualquier otro concepto.

En la mañana del jueves pasado los fiscales Alfredo Mieres y Alfirio González y 1.200 policías entraron a la colonia campesina y en connivencia con productores sojeros del lugar, demolieron más de 200 viviendas de las familias y 700 hectáreas de cultivos, en su mayoría alimenticios, explicó el dirigente campesino Elvio Araújo.

Desde entonces, más de mil personas, ancianos, niños, niñas, adultos permanecen en total vulnerabilidad de sus derechos elementales, pues perdieron su techo, sus pertenencias, cultivos, vestimentas, utensilios, pozos de agua, servicios de electricidad, animales de corral…hasta el punto de que la municipalidad local de Tembiaporâ analizaba declarar emergencia distrital, explicó Martínez.

Se trata de alrededor de 2.300 hectáreas de tierras estatales que fueron colonizadas hace más de 20 años por familias agricultoras paraguayas y posteriormente ocupadas por productores sojeros de nacionalidad brasileña, a través de distintas vías.

Muchos de estos productores sojeros se hicieron de títulos a través de mecanismos irregulares y en connivencia con funcionarios del Instituto de la Tierra(INDERT).

La senadora explicó que de 97 fincas del lugar reclamadas por los productores sojeros brasileños, 67 de ellas están en proceso de expropiación, otros están en proceso judicial de anulación de títulos por irregulares y otros cuentan con títulos que les permite exigir derechos.

A pesar de estos procesos en curso y la diferente situación y complejidad de los lotes, explicó la legisladora, los fiscales decidieron arrasar con todas las viviendas campesinas, incluyendo algunas que ni siquiera forman parte del conflicto.

Denunció que los agentes fiscales solo tenían orden para ir al lugar y aprehender a personas que estuvieran ocupando lotes pertenecientes a otras personas, de acuerdo a la titulación. Sin embargo ejecutaron un desalojo y destruyeron las viviendas.

De acuerdo al dirigente Elvio Araújo, el procedimiento destruyó pozos de agua, sistema de energía eléctrica y su transformador y parcialmente los edificios de la capilla y escuela, con los cuales destruyeron inversiones del propio Estado y de la municipalidad.

Atendiendo la situación de ruina humana de las familias campesinas afectadas, la legisladora dijo que evalúan mediar ante la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para que por lo menos las asista con alimentos.

La parlamentaria dijo asistió junto con sus colegas los senadores Luis Alberto Wagner, Miguel López Perito y los diputados José Ledesma y Antonio Buzarquis hasta la colonia, y fueron insultados por los productores sojeros y sus abogados. Mientras que esto pasaba, la policía tenía una actitud condescendiente hacia este grupo de personas y pedía a los senadores y diputados tranquilizarse, explicó Martínez.

Dijo que todavía está latente nuevas situaciones de violencia, puesto que quedan policías y productores brasileño, y por otro lado las familias campesinas afectadas se guarecieron en la escuela local.

 

Fotografía y Texto original en: BaseIS

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