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En diciembre de 2015 la plataforma Ñamoseke Monsanto presentó al Senado paraguayo el proyecto de ley que obliga a la industria alimenticia a especificar en las etiquetas de sus alimentos si contienen ingredientes transgénicos o derivados. (Descargar el proyecto aquí)

De promulgarse la ley, Paraguay seguirá el camino de Brasil(2003), Ecuador(2008),Uruguay(en Montevideo desde 2015) y Bolivia(2016).

Además de estos países de Latinoamérica, se acaba de promulgar una ley similar en Estados Unidos y ya rigen otras en la Unión Europea, Rusia, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Noruega, Suiza y Arabia Saudita.

El juicio oral donde la justicia paraguaya dictará sentencia en torno a la menor Raquel, iniciará cuando se designe a dos nuevos jueces que reemplacen a Ramón Trinidad y Benito González. Uno de los jueces, Darío Chamorro, se mantiene en el caso.

 La Fiscalía acusa a ella y las demás mujeres de la causa de hacer de señuelo para atraer a los policías a una emboscada campesina aquel 15 de junio de 2012, que terminó en la masacre de Curuguaty.

 Por eso carga sobre ella las mismas acusaciones de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. Su defensa la lleva en esta etapa de juicio oral la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), a través de las abogadas Sonia Von Leppel y Mirta Moragas, quienes antes del inicio del juicio de hoy presentaron su recusación.

Tres mujeres fueron condenadas a seis años de prisión por estar vinculadas con la masacre de Curuguaty, ocurrida en Paraguay en el 2012.

Un grupo de mujeres apoyadas por varias organizaciones de campesinos acusaron a la justicia de Paraguay de ser machista por sentenciar a Fanny Olmedo, de 23 años, Dolores López, de 26 años, y Lucía Agüero, de 28 años a pasar seis años en prisión por su vinculación con la masacre de Curuguaty que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 11 campesinos y 6 policías en el 2012.

Luego de la investigación, los jueces decidieron que las féminas habían creado un ambiente de confianza ayudándose con sus hijos para disuadir a los policías que iban con el propósito de despojarlas de las tierras que ocupaban para pedirles que se integraran a la reforma agraria.

En una conversación telefónica con el jurista, realizada la semana pasada, intentamos profundizar en torno a los principales cuestionamientos hacia el trabajo fiscal y judicial que tiene el caso Curuguaty, donde hubo 17 muertes, pero la investigación estatal decidió indagar solamente seis de ellas.

En torno a las irregularidades de actores fiscales y jueces del caso, dijo que es tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como el Ministerio Público quienes deben investigar tanto en los administrativo como en lo penal.

Como defensa de parte de los 11 campesinos y campesinas explicó que evalúan por un lado apelar el fallo a través de un tribunal de apelaciones o directamente, a través de un recurso de casación directa, recurrir a la sala penal de la Corte Suprema.

El tribunal que esta semana condenó a 11 personas a penas de entre 4 y 30 años de cárcel por tomar parte en la masacre de Curuguaty en Paraguay, que en 2012 causó 17 muertes y el cese del expresidente Fernando Lugo, leerá la sentencia íntegra este lunes en Asunción en medio de fuertes medidas de seguridad.

Hasta un millar de policías serán desplegados dentro y fuera del Palacio de Justicia, donde está prevista una concentración de protesta contra las sentencias, que ya fueron criticadas el pasado lunes por grupos de izquierda como el Frente Guasu, el partido de Lugo.

Los condenados estaban acusados de varios delitos, algunos de ellos de las muertes de los 6 policías fallecidos en la masacre. La Fiscalía nunca investigó las de los once labriegos que murieron durante la matanza.