Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

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Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran

Eduardo Gudynas

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Indígenas avasallados por otros indígenas en Bolivia

JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES

Domingo, 29 Octubre 2017

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Los uniformados llegaron hasta la aldea sin presentar ninguna orden judicial e increparon a los indígenas a devolver la maquina a sus dueños, quienes posiblemente serían los representantes de la  empresa de capital alemán A. Brandenstein Agro Forest Investiment (BAFI) S.A.

Ante este hecho, Unine Cutamorajna, líder de la comunidad, les explicó que la retención de la topadora se realizó con el fin de frenar la destrucción del territorio que la mencionada firma viene realizando sobre la reserva indígena. También dijo que esperan la restitución de las  25.000 hectáreas que corresponden a su aldea.

Los Atetadiegosode  aguardan ahora la intervención de la Fiscalía para de esa manera  denunciar los atropellos del cual constantemente son víctimas.

Tras sucesivas suspensiones, ha empezado esta semana el juicio oral y público de 13 personas imputadas en la causa por la masacre de Marina Kue, en Curuguaty, todas ellas campesinas. Para el Servicio Paz y Justicia América Latina (Serpaj)el juicio ocurre en el marco de un proceso viciado de irregularidades donde la acusación se hizo sin fundamentos. Durante tres años, los 13 ciudadanos y ciudadanas enfrentaron numerosas situaciones de injusticias, orientadas a ratificar una sentencia que no busca a los verdaderos culpables.

Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.

A tres años de la masacre, que derivó en el golpe institucional al expresidente Fernando Lugo, 13 campesinos serán juzgados por "invasión de inmueble ajeno y asociación criminal", mientras que 10 de ellos afrontarán cargos por "intento de homicidio" contra 6 policías. Referentes de Derecho Humanos de sudamérica, entre ellos Nora Cortiñas, viajaron vigilar el proceso, tras varias denuncias por violación de garantías procesales durante la etapa de investigación. El proceso comenzará mañana, luego de que doce de los imputados renunciarán hoy a sus defensas.

En el juicio, que ya había sido pospuesto en varias ocasiones y se prevé que finalice el próximo 28 de agosto, serán juzgados sólo los campesinos, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de 11 trabajadores rurales, ocurrida en el mismo hecho.

El trabajo analiza la situación de los derechos elementales de 10 comunidades campesinas, donde encontramos al propio Estado como uno de los conculcadores. Se presentará hoy viernes 24 de julio en el auditorio del Archivo Nacional, a las 18 horas.

Base Investigaciones Sociales presentará el libro “Ciudadanía de papel, Derechos humanos en comunidades campesinas”, de la abogada especializada en derechos humanos Milena Pereira.