Los pequeños y medianos productores agrarios, especialmente los que están siendo víctima de los pool de siembra y las grandes corporaciones, están reclamando desde años por una ley de semillas.
De hecho, en el Congreso de la Nación existen cuatro proyectos vinculados a crear una nueva ley de semillas. La mayoría de esos proyectos están escritos a la medida y necesidades de Monsanto. Sin embargo, ningún candidato a legislador se ha referido a ellos. Una rareza, porque de prosperar sería otro duro golpe para los pequeños chacareros.
Las organizaciones campesinas, indígenas y especialmente la Federación Agraria Argentina, advierten que estas iniciativas ponen en riesgo la soberanía alimentaria, porque concede privilegios a las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de los agricultores.
En agosto del año pasado, el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. En esa ocasión dijo que “hay que respetar la propiedad intelectual”, y reclamó por la sanción de una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Por eso las organizaciones agrarias reclaman el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, cercena ese derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de la “propiedad intelectual”.
En la actualidad los pequeños y medianos agricultores no pueden guardar semillas de una cosecha para sembrar en la siguiente temporada. Se la deben comprar a Monsanto.
Por eso los agrarios federados de Entre Ríos también elevaron su voz de manera enérgica, porque las iniciativas que está en el Congreso, se olvida del origen mismo de la agricultura como es el de seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica no es solamente ancestral sino que es un derecho fundamental de los agricultores del mundo.
Por otro lado, los proyectos de ley no protegen los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida, similar a lo que ocurre con las patentes y las cadenas de ADN.
Por otra parte, esta clase de normas favorece la concentración del poder económico en muy pocas manos que pertenecen a empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de los pequeños y medianos productores agrarios y atenta abiertamente contra la agricultura familiar. Y para males, antepone el privilegio de lucro por encima del derecho innegociable a la alimentación.
Otra consideración es que se otorgan poderes monopólicos sobre las semillas y eso dificulta los procesos de mejoramiento genético independiente e impide que los agricultores produzcan sus propias semillas.
Por último, es una ley que se está articulando en el Congreso con demasiados secretismo y solamente se analiza con sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está estudiando y sin permitir la participación de toda la sociedad en el debate.
