Las comunidades Clara Rosa Guaquinchay y SalvadorTalquenca junto al Movimiento Nacional Indígena convocan a una movilización para este miércoles. Denuncian que les están quitando tierras.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a comunidades huarpes de San Juan están convocando a una movilización para este miércoles 20 de agosto desde la 9 en la Plaza Aberastain, para trasladarse desde allí hacia los tribunales federales, con el fin de "denunciar públicamente este atropello y reclamar por la función social de la tierra".
Explican que "Somos 25 familias de las comunidades Clara Rosa Guaquinchay y Salvador Talquenca – MNCI-, que vivimos en la zona del Encon, desde la Ruta Nacional 20, a la altura del km 465, hasta la llamada “Cruz de San Pedro”, y estamos sufriendo el alambrado de nuestros territorios. Dichas acciones están en el marco de la ejecución de un plan financiado por el Estado Nacional, bajo la Ley De Bosques 26331, cuyo beneficiario es De Los Ríos, Hugo Ricardo. Esta preocupación ya fue comunicada por ambas comunidades mediante denuncias realizadas ante la Comisaria Nº32 de Casuarinas, en el 4º Juzgado Correccional y Medio Ambiente de la Provincia de San Juan". Aseguran que debido a la situación, han montado una guardia permanente en la zona de conflicto.
Agregan que "Entendemos que estas acciones entran en contradicción con el espíritu de la ley, el cual contempla que se debe priorizar a los/as pequeños/as productores/as, comunidades campesinas y/o indígenas; que son quienes realmente conservan el bosque, y que, según el artículo 19 de dicha ley, todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. Y además, que aunque estas comunidades no posean la titularidad perfecta de la tierra, son poseedoras ancestrales del territorio, lo cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, equivale al título de pleno dominio que otorga el Estado".
Además, denuncian que "muchas de nuestras comunidades rurales son expulsadas a los desiertos y zonas salinas, ya que nuestras áreas de riego vienen siendo ocupadas por grandes empresas industriales, negando el acceso al agua de riego, expulsando familias de agricultores y desmontando grandes áreas de monte nativo. La consecuencia más grave es la perdida de la soberanía de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que una parte muy importante de nuestro suelo y su sistema productivo está en manos quienes perciben beneficios del Estado, como es el caso de los diferimientos impositivos, y en este caso, la Ley de conservación de Bosques Nativos. La apropiación de la tierra en nuestro país se funda en procesos ilegítimos y violentos que fueron sucediéndose en distintos momentos de nuestra historia. Los invasores así impusieron sus conveniencias, un modelo capitalista que se valió de la violencia intentando suplantar nuestra historia y nuestra forma de vida. Sin embargo, las familias campesinas e indígenas no pudimos ser exterminadas, sino que resistimos y aun hoy continuamos viviendo, produciendo".
