Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Una orden judicial expulsó a 14 familias de las 400 hectáreas que habitaban en Monte Bello, Tucumán, y les prohibió reingresar y retomar sus labores productivas. El fallo les impide acceder a un territorio ancestral, protegido por legislación nacional e internacional.

El lugar habitado por generaciones y generaciones de miembros de este pueblo originario está ubicado frente al antiguo San Pedro de Colalao, unos 80 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán, ahora en la mira de los inversores inmobiliarios.

"Mi abuelo María Jacinto Vargas tiene más de 90 años y está muy mal. Se acuerda todo el tiempo de que unos 100 policías ingresaron a su casa para sacarlo. Nos han tratado peor que a delincuentes", se lamenta Mabel Vargas durante una entrevista con Télam.

Mabel, junto a su papá, Mario, alimentan a las pocas gallinas, patos, cabras y cerdos que les quedan, pero para eso tienen que cruzar al caudaloso Tipas -un río de montaña que desciende al Salí- y recorrer una hora y media de caminata para dar de comer a sus animales.

El cacique de la comunidad Indio Colalao, Manuel Cata, asegura que este "es el primer caso de desalojo de comuneros. Nunca antes pasó algo así. Tenemos una Cédula Real junto con los tolombones (otra parcialidad cultural). No pueden hacer esto".

Acompañado por los jóvenes diaguitas Ramón Moreno y Esteban Cajata, bien conscientes de los derechos indígenas y damnificados directos, el cacique se explaya tanto sobre los daños de todo tipo a las familias desalojadas como "también del desamparo en el que quedaron centenares de animales.

"Hubo una resolución del juez Francisco Pisa y la Fiscalía de la 2da Nominación a cargo de Adriana Giannoni para la entrega provisoria de las tierras a Ana Alejandra García Mascoff, que pretende usurpar parte de nuestros territorio y desalojarnos", denunció el cacique.

Mabel Vargas denunció: "Cuando fuimos a la comisaría, había muchos chicos, lloraban, no habíamos comido y nos hicieron esperar. Además los policías nos decían 'arreglá, te conviene, así vas a tener lo tuyo', pero para nosotros una hectárea no es nada. Necesitamos más para cultivar".

Según los comuneros, la abogada, "acompañada por policías de civil", intentó hacerles firmar un acuerdo a los poseedores mientras, con pretendida presión psicológica, les decía: "Ya me enteré que andan con los indios".

El cacique Cata recordó que sus derechos están consagrados en "la Constitución Nacional, artículo 75, incisos 17 y 22; el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU".

Además, reclamaron por la demora en el relevamiento territorial que ordena la ley 26.160, vigente desde 2006. La comunidad resaltó que la Justicia provincial continúa obrando contrario a derecho. También recordaron la sanción de la ley 27.118, que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena, y prohíbe desalojos por tres años.

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