Frente a la campaña mediática de Félix Díaz, conversamos en exclusiva con el diputado nacional formoseño por el Frente para la Victoria, Juan Carlos Díaz Roig, consultamos documentos del Instituto de Comunidades Aborígenes e indagamos en la postura del Estado provincial frente al reclamo territorial que encabeza este grupo.
La Provincia de Formosa es una provincia diversa. Constituye un mosaico cultural en la cual habitan los Pueblos Toba (Qom), Pilagá, y Wichí. Los dos primeros pertenecen al grupo lingüístico guaycurú y el tercero al mataco-mataguayo y, desde ese punto de vista, la diversidad es aún mayor, puesto que se hablan en el territorio provincial 17 variantes dialectales.
El primer reclamo de Félix Díaz, presentado en los medios de comunicación como un representante de toda la comunidad Qom, es el derecho a la tierra.
Pero el Estado Provincial sostiene que esta garantía ya está asegurada. Desde 1984 se impulsaron procesos de innovación legislativa, incluyendo reformas constitucionales, trascendentes en el contenido de sus textos en orden al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; contando con una importante participación de los propios indígenas en la formulación de propuestas inclusivas, para lograr la plena participación en igualdad de condiciones con el conjunto de la sociedad.
Desde 1984, entonces, el Gobierno reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios ocupados, otorgándoles la propiedad comunitaria de aquellos. Se les entregó, a las tres etnias, mas de 300.000 hectáreas de la provincia. En ese sentido, Díaz Roig afirma que “Formosa es pionera en política aborígen”.
La profundización de los derechos aborígenes expresada en la legislación del ’84 continuó con la reforma constitucional del año 1991. “Allí establecemos los derechos de los pueblos originarios en función de un texto que fue aprobado por un Congreso de más de mil dirigentes aborígenes que se realizó en Las Lomitas, y que fue dirigido por el padre Nazar y quien les habla. Yo fui el autor de la constitución de Formosa y me comprometí -y así fue- a llevar íntegramente el texto de los derechos de la comunidad aborigen, tal como se sancionó en ese lugar” relata el diputado y aclara: “Si alguno tuviera dudas, yo le pediría que mire la Constitucion Nacional, en los articulos referentes a sus derechos, y verá que se advierte claramente que la única fuente que tiene es la de la Constitución formoseña. No existía en el país, a nivel del derecho público constitucional, provincial y nacional, ningún antecedente similar a este”. Es por esto que, desde el año 1984 hasta la aparición de Félix Díaz en 2008, no hubo ningún conflicto del Estado nacional ni provincial con las comunidades aborígenes.
“Ahora se reclama lo que la provincia reconoció en la reforma de 1991 y anteriormente a traves de la ley del ’84” sintetiza, y advierte sobre “la falta de información” de la sociedad y de los comunicadores al respecto.
5.187 son las hectáreas que fueron otorgadas a la Comunidad de la Primavera, uno de los grupos más pequeños de la provincia. De los cuales, unas cien personas son los que lo acompañan y hoy, son representados por Félix Díaz; el reclamo territorial exige aproximadamente 500 hectáreas más, ocupadas por una familia vecina desde 1930. Además, la comunidad pide 5000 hectáreas perteneciente a Parques Nacionales.
“Lo novedoso es que Félix Díaz plantea algo que se llama el derecho ancestral. Pasaron a reclamar, amén de las 5 mil hectareas, todo el Parque Nacional Pilcomayo, llevando al extremo esta teoría. Parece que deberíamos despojar toda la provincia para darle una solución a la problemática” cuestiona Díaz Roig y se refiere al líder Qom como “un personaje montado desde la publicidad, que no se refleja en la realidad, ni siquiera, de su comunidad” y que “no propone soluciones factibles, prácticas o legales”.
Según el Instituto de Comunidades Aborígenes, el accionar de este grupo comenzó en octubre de 2008, cuando un grupo de aborígenes ingresó a las tierras de la familia Celia, realizando una “demarcación”, lo cuál dio lugar a una denuncia por parte de su titular. A partir de allí, se originó un sumario de prevención (N° 141/08) de la Comisaría de Laguna Blanca. En ese marco, se celebró una reunión entre el juez de Instrucción Santos Gabriel, el Presidente del ICA junto a un asesor letrado, la asesora del equipo nacional ENDEPA, y el señor Félix Díaz, labrándose un acta y dejándose constancia que en presencia de las partes se exhibió el plano de mensura que se corresponde con el título de propiedad del terreno en cuestión. Félix Díaz se dio por enterado que la tierra que pretendía ocupar como propia no correspondía a la Colonia Aborigen, manifestando que desistían de sus acciones de inmediato.
A pesar de ello, este episodio se repitió dos veces más, hasta que en noviembre de 2010 se incorporó como método de reclamo el corte de la ruta N°86, que terminó con el desencadenamiento de un trágico episodio que finalizó con la pérdida de dos vidas: un miembro de la comunidad aborigen y un miembro de la policía de la provincia. “Esta es la realidad de la historia que está documentada y está en juicio. A partir de allí, esto tomó una notoriedad muy grande” ratifica Díaz Roig.
La Comunidad de la Primavera, es la única sobre el total de 192 comunidades existentes que mantiene un reclamo territorial. Sin embargo, antes de la campaña activa, el grupo liderado por Félix Díaz había tenido otras mediaciones para llegar a un acuerdo con distintos organismos nacionales y provinciales.
Con respecto al territorio perteneciente al Parque Nacional “Pilcomayo”, se realizaron reuniones conciliatorias donde se exhibieron los planos de mensuras y los títulos de propiedad. Al norte de la legua A, existe una fracción de Dominio fiscal que también es reclamada por Félix Díaz. No obstante, el Estado provincial les mostró la documentación que confirma que esas tierras fueron cedidas para la construcción de una sede de la Universidad Nacional de Formosa.
En lo que concierne a las tierras de la familia Celia por la cual se produjeron los incidentes, también se realizaron encuentros previos a las movilizaciones. Allí se acordó con la Comunidad de la Primavera cesar el reclamo de esa fracción que perteneció a la familia por más de 70 años, a cambio de compensarlos con otra porción de tierra. Por eso, las 5 mil hectáreas que fueron cedidas originalmente para este grupo, pasaron a ser 5.187, a través de una escritura traslativa.
Finalmente, resulta habitual que algunos miembros realicen contratos de arrendamiento de tierras (lo cual está prohibido por el artículo 12 de la ley 426, por tratarse de territorio comunitario) a particulares, con objeto de explotación agrícola o ganadera, lo cual genera quejas y reclamos por parte de otros miembros de la comunidad. De esta situación se desprenden conflictos internos que se entremezclan con lo antes mencionado.
Si en definitiva se decidiera que la solución fuera ampliarles la titularidad de mas tierras, quedaría como precedente la obtención de las mismas a través de los métodos violentos que utilizó este pequeño grupo, de menos de 100 personas.
En conclusión, a pesar de tener la legislación más innovadora y transgresora en derecho aborígen, el gobierno provincial ha atendido cada uno de los reclamos territoriales de este grupo; los cuales fueron tratados, discutidos y acordados con todas las partes implicadas; escuchando todas las voces y garantizando que el grupo tenga la asistencia legal correspondiente.
Aún así, a partir del 2008, el líder Qom, Félix Díaz, decidió desconocer el avance de los últimos treinta años en materia de reconocimiento, cuestionando la gestión provincial ante las cámaras de televisión y sosteniendo consignas que, más allá del fogoneo mediático y político por parte de los espacios opositores, no tienen ningún tipo de sustento en la realidad.
En la segunda parte del informe: la funcionalidad de Félix Díaz al Grupo Clarín, el trasfondo político que enmarca el conflicto y la realidad de los Qom en materia de educación, salud y vivienda.
