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¿Cómo cerrar las brechas de género en la propiedad rural? ¿Cómo generar modelos de desarrollo rural más sostenibles e inclusivos?, son algunas premisas de las dos investigaciones de Lilian Ferro, “Género y propiedad rural en la república de Argentina” y “Género y propiedad rural en Catamarca - Santiago del Estero y Tucumán”, publicaciones que serán presentadas este 4 de diciembre en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación en Buenos Aires-Argentina.

Ambos estudios que fueron encomendados por las áreas técnicas del actual Ministerio de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación  de la República de Argentina intentan medir las diferencias de acceso, uso y control de la tierra con información cuantitativa que de sustento a la definición de políticas públicas para el sector.  No se centran en la descripción de la inequidad, sino que intentan mostrar los factores causales de la desigualdad

Carla Gras y Valeria Hernández son los autores de este libro que reúne los resultados de las investigaciones realizadas por el Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG) y que plantea una interesante descripción del modelo denominado “agribusiness” o del “agronegocio”. 

El estudio abarca diferentes dimensiones y problemáticas, como la lógica de acumulación del agronegocio, su inserción territorial, su impacto sobre la configuración de sectores empresariales y de la agricultura familiar, la tenencia de la tierra, la expansión de la frontera agrícola, la utilización de la tecnología, el papel del conocimiento, la acción del Estado, entre otras cuestiones.

La nueva escala salarial del peón rural fijado por el Estado, del 24% en dos tramos, puso a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en estado de alerta y movilización, al considerar que el aumento debe ser rechazado porque fue "arbitrariamente" decidido por el Gobierno.

También salió al ruedo la CAME, que había propuesto 22%, luego de que los representantes del sector empresario y del sindical no lograran consensuar una propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas de los trabajadores rurales.

En un comunicado, explicó que ese porcentaje surgió no sólo del análisis de los distintos Convenios de Trabajo 2013 homologados ante el Ministerio de Trabajo, sino también del promedio efectuado entre estimaciones privadas respecto a la variación anual de costos.

Dar un salto cualitativo en el proceso de reindustrialización que comenzó en 2003. Ese es el desafío que planteó la presidenta, Cristina Fernández, a los empresarios de todos los sectores industriales en el cierre de la cena por el Día de la Industria en Tecnópolis. La mejora en la calidad que necesita la manufactura para “pelear y luchar para obtener una mayor producción, inversión y tecnología en un mundo muy complejo”, definió, contará con un mercado local dinámico como base para expandirse.

En palabras de CFK: “Insistiremos en la decisión de seguir teniendo como modelo el de metas de crecimiento”. No ofreció en cambio una protección comercial incondicional. 

Los pequeños y medianos productores agrarios, especialmente los que están siendo víctima de los pool de siembra y las grandes corporaciones, están reclamando desde años por una ley de semillas.

De hecho, en el Congreso de la Nación existen cuatro proyectos vinculados a crear una nueva ley de semillas. La mayoría de esos proyectos están escritos a la medida y necesidades de Monsanto. Sin embargo, ningún candidato a legislador se ha referido a ellos. Una rareza, porque de prosperar sería otro duro golpe para los pequeños chacareros.