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Al cumplirse los primeros cien días de gestión del gobierno nacional, Greenpeace advirtió la falta de avances en la resolución de los  problemas ambientales del país y señaló que la reducción de las retenciones a las  exportaciones de soja y minerales pone en riesgo a los bosques nativos y los glaciares.

“Lamentablemente, el gobierno ha desperdiciado la oportunidad de posicionar la política ambiental como un tema de Estado. No hay avances significativos en la aplicación de las leyes de Bosques y de Glaciares. A esto se suma que la baja de las retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las correspondientes a la minería, estimulan indirectamente los desmontes en el norte del país y la desprotección de los glaciares en la cordillera, respectivamente. Estas decisiones del Gobierno, combinadas con la devaluación de casi el 60% de nuestra moneda, significan una mejora notable en la rentabilidad de dos actividades destructoras del ambiente. Se está estimulando a los productores sojeros a aumentar la presión sobre los bosques nativos para aumentar la superficie cultivable y a las empresas mineras a continuar su actividad extractiva a costa de nuestros glaciares”, advirtió Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.

La Federación Agraria Argentina (FAA) organizó en esta provincia la primera protesta de los tamberos. En el cruce de la autopista Córdoba-Rosario y la ruta nacional 158, en cercanías de Villa María, el presidente de la entidad, Omar Príncipe, fue el orador principal del acto. Allí describió la situación de los tamberos como de "quebranto generalizado" y pidió al gobierno nacional que disponga un aumento del precio del litro de leche que se les paga a los productores.

Los organizadores plantearon que producir un litro de leche cuesta 4 pesos y ellos cobran entre 2,40 y 2,70 pesos. Príncipe subrayó que el país "no puede darse el lujo de seguir perdiendo tamberos" e insistió en que, por el aumento de costos (el precio del alimento se multiplicó por tres), la mitad está pensando en dejar la actividad. Durante su discurso, el corte de ruta fue total, aunque la convocatoria fue menor que la esperada por la magnitud de los reclamos.

La minería a cielo abierto y la vaga regulación que ha impuesto el Congreso de la Nación a lo largo de su desarrollo en las montañas argentinas se ha transformado en los últimos años en el conflicto ambiental por excelencia. En ese marco, Pablo Ortija, el juez de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, procesó hoy a 9 ejecutivos de la empresa minera Barrick en el marco de la causa que investiga un derrame de cianuro en la Mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, en la provincia de San Juan, en el centro del país.

El vertido se produjo el 12 de septiembre de 2015, cuando se rompió una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada. La investigación detectó que una compuerta que debía estar cerrada en realidad estaba abierta. Por ese error la solución cianurada terminó en el río en lugar de desembocar en el canal de contención y contaminó el agua potable, lo que generó un gran escándalo en Argentina que sin embargo quedó rápidamente opacado.

La Asociación de Trabajadores del Estado se declaró en alerta y hoy se moviliza al ministerio para pedir por la continuidad del plantel de trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. El Gobierno no garantizó todos los contratos.

La tanda de despidos del sector público podría continuar con 250 trabajadores en la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Los 1522 empleados de esta entidad recibieron en los últimos días una circular informando que su vínculo contractual vencía el 31 de marzo. El titular de la subsecretaría, Oscar Alloatti, confirmó ayer que renovará 1270 de estos contratos hasta diciembre, aunque aún no se definió si el resto seguirá desempeñando tareas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que venía denunciando la posibilidad de recortes de plantilla en el área, entró en estado de alerta, asamblea y movilización permanente para reclamar el pase a planta de todo el personal. La entidad gremial realizará una movilización hoy en el Ministerio de Agroindustria y comenzará un acampe hasta que las autoridades den una respuesta. 

Como respuesta a la compleja situación que atraviesan los productores de peras y manzanas del Valle del Río Negro, el Ministerio de Agroindustria ha puesto en funcionamiento desde hoy una serie de medidas en conjunto con los gobiernos de Río Negro y Neuquén.

El Ministerio dispuso 150 millones de pesos para la conformación de dos fondos rotatorios para las provincias de Rio Negro y Neuquén orientados a brindar créditos blandos para financiar la cosecha. La distribución se basa en la superficie en producción de cada provincia.

Del monto total, 128.9 millones están destinados a los productores de Río Negro. El 80% de los fondos se destinará a los pequeños productores (menos de 50 hectáreas), el restante 20% se consignará a los medianos productores (entre 50 y 250 hectáreas).