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El cacique Ava Taparendy recorre doce países europeos para lanzar una llamada de auxilio en nombre de los guaraníes kaiowás, uno de los grupos indígenas más numerosos y perseguidos de Brasil.

Al verlo llegar, con la corona de plumas que los chamanes colocaron en su cabeza antes de partir, los collares que cuelgan de su cuello y la prudencia de un sabio, uno puede adivinar que Ava Taparendy es un honorable hombre del bosque. El cacique, líder del pueblo takuara y representante de la comunidad guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, fue elegido para hablar en nombre de 45.000 indígenas que están siendo perseguidos y marginados en Brasil.

—No vengo aquí como turista, ni a pedir dinero —dice el cacique en Barcelona–. Vengo a buscar ayuda. A decir que nuestras tierras han sido tomadas y arrasadas por poderosos terratenientes. A decir que están matando a nuestros líderes, que estamos viviendo en áreas superpobladas, al lado de las carreteras, con niños y personas mayores, en tiendas de lona, sin alimentación, sin agua potable. Vengo a decirles que están destruyendo nuestro modo de vida.

Ava Taparendy —cincuenta años, profesor de historia, graduado de la Universidad Federal de los Grandes Dourados, esposo y padre— vino a decir que en las tierras que su pueblo considera sagradas ya no hay lugar para ellos. Vino a defender, ante todo, un derecho fundamental para los indígenas: ser reconocidos como seres humanos.

En lengua guaraní, Ava Taparendy significa “pequeño camino luminoso”. Para el Estado brasileño, que no reconoce su nombre indígena, Ava Taparendy es Ladio Verón. Algunos de sus hermanos no aprendieron a leer y escribir. Él dice que estudió historia para tratar de entender por qué son violentados los derechos de su pueblo.

El artículo 231 de la Constitución de Brasil dice que a los indígenas se les reconoce “su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiéndole a la Unión, demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”.

Para Ava Taparendy son sólo palabras.

—Mi pueblo fue expulsado de sus tierras en 1953. Como los terratenientes y el Gobierno quieren nuestras tierras para el ganado, para plantar soya, caña y eucalipto, el Gobierno nos llevó a ocho áreas demarcadas, ocho áreas de confinamiento donde los niños mueren de desnutrición y los jóvenes se suicidan. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿A los patios de sus casas? No tenemos más opción que recuperar nuestras tierras.

El estado de Mato Grosso do Sul, que en portugués quiere decir “matorral espeso”, posee una de las extensiones de tierra más ricas y amplias de todo Brasil: más de 300.000 kilómetros cuadrados. Según estudios antropológicos, la comunidad guaraní kaiowá empezó a ser expulsada de ese territorio en 1882, cuando el cultivo de yerba mate se convirtió en un negocio rentable. Después, a principios del siglo XX, se empezaron a construir haciendas en terrenos vendidos por el Gobierno a los terratenientes.

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Los guaraníes de Brasil se dividen en tres grupos: kaiowá, ñandeva y m’byá, siendo el grupo kaiowá el más numeroso de todos. Desde 1995, y a causa de la lentitud con que la burocracia brasileña aborda la regularización de sus tierras, los guaraníes kaiowás decidieron recuperarlas a través de acciones pacíficas que ellos llaman “retomadas”.

—¿Hasta cuándo vamos a esperar?, —dice Ava Taparendy—. Vivimos 280 familias, de cuatro o cinco miembros cada una, en una parcela de sólo 96 hectáreas.

El proceso de regularización de las tierras indígenas en conflicto funciona así: primero, la Fundación Nacional del Indio (Funai) realiza estudios antropológicos para identificar las tierras indígenas. Después, estas tierras son delimitadas por el Ministerio de Justicia y demarcadas físicamente por la Funai. Luego son declaradas y homologadas por el Gobierno. Una vez completada esta fase, los indígenas deben volver a ocupar sus tierras. Una decisión que no es aceptada de buena gana por los terratenientes, que deberían recibir una compensación económica, sólo por las mejoras que hayan realizado en el terreno, y abandonar las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas.

Ava Taparendy recuerda que, como consecuencia de las “retomadas”, al menos 300 líderes indígenas fueron asesinados entre 2003 y 2014. Marcos Verón, su padre, fue uno de los líderes que perdieron la vida en un intento por regresar a sus tierras. Ava Taparendy estuvo ahí. Mientras unos asesinos a sueldo golpeaban a su padre, él mismo era torturado.

Tres años antes de su asesinato, el cacique Marcos Verón había visitado Europa. Vino por las mismas razones que ahora impulsan a su hijo a recorrer doce países europeos. Ava Taparendy solicita el apoyo de la comunidad internacional. Invita a las organizaciones humanitarias a que visiten Mato Grosso do Sul, para que sean testigos de la situación que están viviendo y demuestren al gobierno brasileño que la comunidad guaraní kaiowá no está sola.

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Según datos del Banco Mundial, los pueblos originarios de América Latina pertenecen a los grupos más pobres y marginados del continente americano. A menudo, sus derechos son vulnerados por multinacionales, terratenientes y gobiernos que, en nombre del progreso, irrumpen en sus territorios de forma violenta y actúan con total impunidad.

Sucede cuando Donald Trump autoriza la construcción de un oleoducto que pone en peligro las fuentes de agua potable de la tribu sioux de Dakota del Norte. Sucede en la frontera amazónica, cuando los pueblos indígenas no contactados son alcanzados por la ambición y las balas de los empresarios madereros. Sucede cuando, en el Chaco paraguayo, los terratenientes arrasan el bosque de los indígenas ayoreros para introducir su ganado. Sucede cuando los tres acusados por la muerte del cacique Marcos Verón son absueltos del homicidio. Sucede cuando en un período de 10 años —entre 2003 y 2012, según el Consejo Indigenista Missionário—, sólo en Brasil, 554 indígenas son asesinados.

Sucede desde hace más de 500 años.

—En Mato Grosso do Sul hay empresas de seguridad privada que los terratenientes contratan para evitar que entremos a nuestras tierras —dice Ava Taparendy—. Con el pretexto de detenernos, nos disparan. Nos están matando, pero mientras quede un guaraní en pie, no dejaremos de luchar.

En el año 2001, Ava Taparendy ingresó en el Programa Federal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) de Brasil. Además de su padre, cuatro de sus hermanos, un tío y una sobrina han perdido la vida luchando por sus tierras ancestrales. El cacique dice que no tiene miedo, aunque constantemente recibe amenazas de muerte a través de su celular: “Si me matan, sé que otros líderes se levantarán para defender a nuestro pueblo”.

Cuando le pregunto cómo responde el gobierno brasileño a esta situación, Ava Taparendy dice que ninguno de los gobiernos de su país ha hecho nada: “Lula y Dilma sólo vinieron a hacer promesas y a buscar votos. Nada más. Y con Michel Temer estaremos peor. En el Congreso hay muchos defensores del agronegocio”.

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Stephen Corry, director de Survival Internacional —organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tribales—, ha expresado su indignación por la situación de la comunidad guaraní en Brasil: “La violencia es sistémica y empeora por el hecho de que las fuerzas de seguridad brasileñas están, deliberadamente, quedándose al margen y permitiendo que se produzcan los ataques. Esta cultura de impunidad se está cobrando vidas y destruyendo a los guaraníes. Brasil necesita devolver a los guaraníes su tierra: es la única solución”.

—No estamos pidiendo que se vayan los terratenientes. Ni siquiera pedimos que nos devuelvan toda la tierra —dice el cacique—. Sólo pedimos un 2 % de nuestra tierra ancestral, un pequeño terreno en el que podamos vivir como seres humanos. Tenemos proyectos para recuperar el bosque y los ríos, para que vuelvan los animales. Nosotros no queremos el sustento del Gobierno. Sabemos plantar. Es parte de nuestra cultura. Ahora el Gobierno firmó un decreto para que nos saquen de las tierras que hemos retomado. Para ellos, el agronegocio es más importante que nuestras vidas.

El cacique se refiere al proyecto PEC 215, una enmienda constitucional que dejaría en manos del Congreso brasileño la demarcación de las tierras indígenas y la facultad de rectificar aquellas tierras que ya han sido demarcadas y reconocidas como territorio indígena.

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Saudade es una palabra de origen portugués imposible de traducir. Una palabra que intenta expresar la tristeza mordiente que se siente por aquello que se sabe lejos o perdido. Como un verso de Fernando Pessoa, saudade es “todo lo que era, todo lo que ya no es”. Ava Taparendy dice que cuando mira a su alrededor y ve tanta tierra devastada, donde antes había una vegetación espléndida, animales y caudalosos ríos, siente saudade del bosque.

—Aun así —dice—, cuando estamos en las áreas retomadas vivimos como nos enseñaron nuestros antepasados. Nos lo han quitado casi todo. Pero no nos han quitado nuestra lengua, nuestras creencias, nuestra danza, nuestros cantos. Así nos enseñaron a vivir nuestros ancestros. Así viviremos siempre.

FUENTE: EL ESPECTADOR