Promover el acceso a la tierra y una agricultura sostenible son dos de las tareas en las que se debe trabajar, indica la Fundación Tierra.
El Director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, aseguró que en Bolivia hay mucho por hacer para no ingresar en la crisis alimentaria por la que atraviesan muchos países de la región, como continuar promoviendo el derecho a la tierra y a una agricultura sostenible. Asimismo comentó que, en los actuales contextos políticos y sociales, no solo en Bolivia sino en diversos lugares es complicado el trabajo para los organismos defensores de los derechos humanos.
“Somos cada vez más dependientes de la importación de alimentos, alimentos industrializados y controlados por el agro negocio. En ese sentido, los bolivianos corremos el riesgo de sufrir de inseguridad alimentaria, si no se promueve la agricultura sostenible. Venezuela con una gran renta petrolera se ha descampesinado, hoy sufre grandes problemas por su dependencia alimentaria, si llegamos a esos niveles de insostenibilidad las primeras víctimas de esta política agraria equivocada serán los campesinos indígenas porque ellos están en situación de vulnerabilidad”, comentó.
Para Colque, primero se debe trabajar en una tenencia equilibrada y justa de la tierra, que permita el acceso a la tierra para los campesinos e indígenas. “Esto no está sucediendo en nuestro país y no somos un país con escasez de recursos naturales o de tierra. Lo que pasa es que las tierras productivas, los principales cultivos están bajo el control de empresa transnacionales en alianza con las élites agrarias bolivianas”, denunció.
Según Fundación Tierra, el país continúa siendo un país vulnerable y con altos índices de pobreza. "A pesar de los bonos sociales y las transferencias, Bolivia aún es parte de los países con mayor desigualdad en el mundo, eso genera explotación, entre otros problemas”, sostuvo Colque.
Asimismo, remarcó que Bolivia tiene una importante presencia de población en áreas rurales, los datos señalan 32%, pero, según Colque, cerca de la mitad de los bolivianos de alguna manera aún viven vinculados a la tierra, al agro o a la ganadería. Por eso considera que el Estado debe continuar sosteniendo esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de este sector. "Si Bolivia fuera un país industrializado no habría problema, pero no es así, entonces hay mucha gente que aún depende del agro”, dijo.
Explicó que uno de los principales objetivos es trabajar por las mujeres campesinas e indígenas, debido a que muchas veces por factores económicos el varón es quien migra, por lo que la mujer es la que se queda a cargo de la actividad agrícola y se produce "la feminización del agro".
Colque aseveró que el reclamo permanente de justicia social para los campesinos e indígenas de Bolivia es parte de la agenda institucional, la misma que está en contrasentido con los intereses del gobierno de turno que busca promover la agricultura comercial y la expansión de la frontera agrícola. "No se está tomando en cuenta que el costo social de esta política es muy fuerte porque al campesino le estamos despojando de su derecho sobre la tierra y sobre los alimentos que produce y consume”.
“La Fundación Tierra es parte de los organismos que defiende el ejercicio y reconocimiento de los Derechos Humanos (DDHH) y los defensores de los derechos en muchos lugares del mundo son perseguidos, incomprendidos, descalificados y permanentemente se busca la reducción de su campo de acción por parte de los gobiernos y de los poderes económicos y políticos. En otros países es mucho más fuerte, pero en el nuestro también, esa es la condición en la que trabajamos”, lamentó.
“En ese sentido pedimos que nos dejen trabajar (...) No es fácil el trabajo de Fundación Tierra en este contexto, además debemos cumplir varias acciones burocráticas con el objetivo de que nuestro registro como ONG boliviana esté vigente. Ese control no es administrativo sino político, obviamente afecta, porque en lugar de dedicarnos a labores productivas debemos dedicar tiempo a acciones burocráticas”, comentó en relación a la exigencia del gobierno de realizar un registro de las ONG que trabajan en el país.
Dijo que el Estado debería reforzar este trabajo e, incluso, aportar con recursos para contribuir a las investigaciones como las que lleva adelante Fundación Tierra.
