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El proyecto de Ley General de la Coca, aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores de Bolivia, aguarda ser promulgada para autorizar el incremento de 12.000 a 22.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. El Gobierno y el MAS han justificado el incremento, explicaron que hicieron cálculos internos sobre producción y consumo tradicional. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, explicó que la demanda interna de coca es de 18.000 ha y que las restantes 4.000 se destinarán para la industrialización. Sin embargo, según el Estudio Integral de la Hoja de Coca financiado por la Unión Europea y por el Tesoro General de la Nación, presentado en 2013 establecía que se requerían 14.705 hectáreas de coca para el consumo legal, con un rendimiento de hasta 20.690 toneladas. No obstante las autoridades advirtieron en ese tiempo que el dato serviría como base para modificar la Ley 1008 que fijaba 12.000 hectáreas de cultivos de coca.

"En ese marco, la presidenta Montaño aclaró que las 22.000 hectáreas que se autoriza en el Proyecto generarán 30.900 toneladas métricas de coca, de las cuales se consumirían en el país en 2017, por usos y costumbres, 24.785 toneladas métricas, en tanto que el resto iría a la investigación, industrialización y a la exportación", extracto de un comunicado publicado en la página web de la Cámara de Diputados.

La legalización del incremento de la superficie de cultivos de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas ocasionará graves consecuencias ambientales en las zonas autorizadas, erosionará la seguridad alimentaria y provocará una gran presión sobre las Áreas Protegidas (AP), advirtió la experta en cambio Climático, Cecilia Requena.

Una carta de profesionales, que publicó ANF, destaca que la norma solo "beneficiará a una pequeña proporción de los productores agrícolas de Bolivia, quienes ni siquiera aportan al erario nacional, así como también a un sector delincuencial que viene creciendo a la sombra y cuya actividad coloca a toda la población boliviana en situación de alto riesgo, con consecuencias impredecibles". Como sucede en Colombia y México, donde el narcotráfico ha quedado fuera de todo control estatal".

Entre las consecuencias, la experta alerta sobre una devastadora contaminación de agua, suelos y aire por los perniciosos agroquímicos que se usa en el monocultivo de la coca y por los venenosos químicos que se emplean en la producción de cocaína. 

Advierten que el permiso aumentar la superficie de coca erosionará aún más la seguridad alimentaria del país, destinándose más superficie al cultivo de coca en detrimento de la producción de frutas y otros alimentos necesarios.

Requena alertó que Bolivia será identificada en la esfera internacional como un actor que tiende a fortalecer al narco, usualmente asociado con otras actividades ilícitas como tráfico de armas, trata de blancas, contrabando, apoyo al terrorismo y desestabilización de países.

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