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El promedio de precios de los alimentos se incrementó en 6,9% durante 2014, según un análisis realizado  por la Fundación Jubileo. 

Esta tasa es superior al 5,19% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la anterior semana.La fundación lleva adelante una medición exclusiva de la variación del precio de este componente, porque considera que las personas con menos ingresos gastan más en estos productos. El INE  incluye bienes y servicios.
El indicador, según la Fundación Jubileo,  es inferior al alcanzado el 2013, cuando la variación fue de 10,4% y mayor  a las tasas de 6,89% alcanzadas en 2011 y de 5,6% de la gestión 2012.

Los precios de los alimentos consumidos en el hogar subieron en 1,17% en diciembre, comparados  con los registrados en noviembre de 2014. La meta oficial de variación promedio general de precios, fijada por el Gobierno para todo el año, fue de 5,5%. Sin embargo, la tasa acumulada general de 5,19% fue inferior en 0,3 puntos porcentuales a la proyección, de acuerdo con el informe difundido por el INE.

Contrariamente a la caída en la producción mundial, las exportaciones de castaña de Bolivia gozan de buena salud y subieron en 56% desde 2000. El país ya cubre el 75% de la demanda mundial del fruto y este 2015 cumplirá 20 años como líder en la oferta global del alimento.

Brasil fue el mayor productor de castaña del mundo hasta 1995, cuando exportó 9.000 t contra 7.500 t de Bolivia, país que un año después se apoderó del liderazgo global del mercado. En 1999, la participación de la castaña boliviana llegó al 73% con 10.880 t contra 2.500 t del Brasil, según el Servicio de Información para el Desarrollo Económico Local (Sidel).

Actualmente, la participación del producto boliviano “en el mercado mundial es del 75%”, aseguró el responsable de la Dirección de Planificación de Empresa Boliviana de Almendra (EBA), Alejandro Cossío.

Según datos del INE elaborados por el IBCE, las ventas externas de almendros de Bolivia aumentaron en los últimos cinco años en 56%, de $us 103,71 millones en 2010 a 161,74 millones a noviembre de 2014. El volumen, a su vez, se acrecentó en 17,26%, de 21.120 toneladas (t) a 24.765 t.

El 98% de la producción total del país se destina al comercio exterior y el 2% al mercado interno, precisó Javier Freire, gerente técnico de la EBA, que opera en el país desde 2010.

Datos del sitio Trade Map dan cuenta de que desde 2009 hasta 2012, el volumen de las exportaciones de castaña del mundo se redujo en 45,5%, mientras que el valor se incrementó en 57,7%, una tendencia que se mantuvo en los últimos dos años.

Al menos 15 pueblos indígenas de Bolivia se encuentran en una lista de "alta vulnerabilidad" según la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblo Indígena-Originarios y la razón radica en  el olvido sistemático del Estado, la exclusión social y su propio aislamiento y dispersión demográfica; más que por la simple anemia y desnutrición (como describieron los medios de comunicación respecto a los yukis). En concreto esto significa que dichos pueblos están en peligro de extinción o desaparición sistemática.

Entre esos 15  pueblos se encuentran los Yuki, Pacahuara, Esse Ejja, Yaminahua, Machineri, Ayoreo, Araona, Moré, Tapieté, Chimán, Sirionó, Baure, Guarasug’we, Cavineño y Uru Chipaya. Cada uno  goza de lengua propia, pero dentro del contexto de un Estado Plurinacional, su nivel de participación, inclusión social y toma de decisiones en instancias sociopolíticas fuera de su entorno sociocultural y económico, para hacer prevalecer sus condiciones mínimas a sus necesidades y aspiraciones, son limitadas o casi nulas.

A cuatro años de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional no es aplicada ni socializada en su plenitud  debido a que se identificó dificultades en la diversidad de mandatos que hay en las comunidades originarias, a la accesibilidad a los municipios y a la falta de presupuesto, aseguró el director general de Justicia Originaria Campesina, dependiente del Viceministerio Indígena Originario, Nelson Cox.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional -promulgada el 29 de diciembre de 2010- otorga rango constitucional a la Justicia Indígena Originario Campesina.
Esta norma establece los mecanismos de coordinación y cooperación que debe regir entre la justicia ordinaria, la agroambiental y la indígena.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo destaca que el proceso de construcción de escenarios participativos de las naciones y pueblos indígena, originario-campesinos, se ha distorsionado totalmente por la contaminación de intereses políticos al interior de sus comunidades, ayllus, markas y suyus.

Asegura también que el ejercicio de los derechos de los indígenas originarios y campesinos a cinco años de su reconocimiento en el actual texto constitucional, se halla aún invisibilizado en las políticas públicas del nivel central, departamental y municipal.

Observando esta realidad la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, realizó acciones concretas con esta población, específicamente en el tema de seguimiento a la práctica de sus formas propias de administración de justicias sujetas a la normativa constitucional y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.