Fue una gran alegría que el pasado 25 de septiembre los gobiernos de 193 países aprobaran en las Naciones Unidas el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.2 que plantea “poner fin a la deforestación” para el 2020. Por fin una medida concreta y urgente, ya que cada año se queman en el mundo 13 millones de hectáreas de bosques que generan alrededor de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, tres meses más tarde en la COP21, los mismos gobiernos no incluyeron esa meta en el Acuerdo de París y los países con más altos índices de deforestación como Brasil, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Tanzania, Paraguay, Argentina y Bolivia en sus contribuciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no se comprometieron “a poner fin a la deforestación” para el 2020. A lo mucho que llegaron países como Brasil y Bolivia, fue a plantear la eliminación de la deforestación “ilegal” para el 2020.

El Seguro Agrario estatal puede pagar un máximo de tres mil bolivianos a un agricultor familiar cuando la producción de este haya sido dañada por algún fenómeno climático. Este monto corresponde a las tres hectáreas que puede asegurar como máximo cada familia ante el Instituto del Seguro Agrario (INSA).

Este beneficio ha sido establecido por el artículo 407 de la Constitución Política. La Ley 144 de Revolución Productiva creó el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, “con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos”.

Los beneficiarios de este seguro son las comunidades indígena originario campesinas, interculturales y afrobolivianas con producción colectiva y/o individual. También se benefician las y los productores agrarios sean personas naturales o colectivas.

Originarios. Varias familias yukis están con tuberculosis, además hay ayoreos no contactados en la frontera con Paraguay.

Las alertas están lanzadas, Bolivia, un país que se precia en su Constitución de tener 36 pueblos indígenas, tiene hoy un grave problema, buena parte de sus pueblos originarios están en peligro de extinción, a merced de enfermedades, olvidados y sin tierras.

La preocupación ya la expresó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que en un informe advirtió que la mitad de los 36 pueblos  está a punto de desaparecer.

Por lo menos unos ocho grupos originarios están por extinguirse en el territorio boliviano si no hay medidas concretas para preservar su identidad. 

Los más amenazados son los yukis, esse ejja, chacobo, canichanas, tapieté, araonas, pacahuaras y ayoreos no contactados.

El Gobierno limita su uso a la soja, pero los empresarios agropecuarios reclaman ampliarlo a otros sectores agrícolas para mejorar la productividad.

Bolivia, cuya agricultura tiene un gran peso en la economía, está dividida sobre las semillas transgénicas: el Gobierno limita su uso a la soja y el sector reclama ampliarlo para mejorar la productividad.

Pese a su uso habitual en la agricultura extensiva y las reivindicaciones del sector, Bolivia mantiene restringido el uso de transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) a un único tipo de soja resistente al glifosato, un herbicida no selectivo.

En la colonia de El Tinto, ubicada en el municipio de Pailón de la provincia Chiquitos de Santa Cruz, los habitantes son menonitas productores de soya. Sus más de 1.300 pobladores, pertenecientes a 258 familias, se enmarcan en la producción de este grano. 

Después de los bolivianos y de los brasileños, los menonitas de Santa Cruz son quienes más superficie  de soya cultivan en el país. Según una investigación, alrededor del 16% de la soya que se siembra en Bolivia corresponde al trabajo de los menonitas. Luego están productores argentinos, japoneses y de otras nacionalidades.

El libro Las colonias menonitas en Bolivia. Antecedentes, asentamientos y propuestas para un diálogo, del investigador Adalberto Kopp, recoge éste y otros datos significativos de esta parte de la población que se concentra en el departamento de Santa Cruz.