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El presidente Evo Morales advirtió ayer, en el anuncio del descubrimiento de un reservorio petrolífero, que se expulsará del país a ONG o fundación que perjudique la exploración de hidrocarburos, que ahora se enfoca en las áreas protegidas.
La declaración va a contramano de lo expresado por el viceministro Alfredo Rada, quien dijo que la encíclica papal, que pide respeto al medioambiente, coincide con la política de Bolivia.
“No es posible que algunas ONGs, algunas fundaciones manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto. Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia (...) No necesitamos (...) que vengan a perjudicarnos”, afirmó Morales en Yapacaní, Santa Cruz, al anunciar el descubrimiento petrolífero en el campo Boquerón N-K4D, acto transmitido por Bolivia TV.
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El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, impugnará tres decretos emitidos por el gobierno de Evo Morales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y contravienen la normativa nacional e internacional.
Mediante un comunicado emitido el 15 de junio, la Defensoría señaló que interpondrá acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra el Decreto Supremo 2366, emitido el pasado 20 de mayo, que permite actividades petroleras en áreas naturales protegidas.
Otra medida que será impugnada es el Decreto Supremo 2195, emitido el 26 de noviembre de 2014, referido a la compensación financiera por impactos de las actividades hidrocarburíferas en tierras indígenas y campesinas.
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Luis Arce, Ministro de Economía y Finanzas públicas, anunció ayer que en su despacho setrabaja en la redacción de una norma para que los cocaleros tributen por la comercialización de la hoja de coca. A su vez, Gumercindo Pucho, viceministro de Coca y Desarrollo Integral, confirmó el tratamiento de una ley que contempla un impuesto, posiblemente al llamado taque de hoja de coca.
Pucho explicó a Página Siete que actualmente los cocaleros aportan cinco bolivianos por taque (o 10 taques a 40 bolivianos). Ese dinero va destinado al funcionamiento de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).
"Se está viendo convertir ese aporte en un impuesto. Ellos (los cocaleros) aportan siempre, es como una tasa", afirmó la autoridad. Sin embargo no se tiene definido el monto del impuesto. El Viceministerio de Política Tributaria decidirá la cifra.
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El Decreto Supremo 2366 establece que "se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas".
El afamado diario británico The Guardian lamentó que el gobierno haya aprobado un Decreto Supremo que permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país, mientras activistas de derechos de la naturaleza advierten con que la medida "sentencia" al medioambiente en Bolivia. "El gobierno de Bolivia llama al Madidi un ?área protegida?, pero realmente no lo es.
El 75% de sus 1,8 millones de hectáreas, que incluye el parque como tal y el Área Natural de Manejo Integrado, se sobreponen a concesiones de la española REPSOL, la estatal brasileña Petrobras y la boliviano-venezolana PetroAndina", dice The Guardian.
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Las indígenas anuncian con una “marcha internacional que quedó pendiente”. Y la senadora Añez sugirió una resistencia democrática. El presidente Morales anunció ayer que la vía “se realiza”.
Las mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la senadora beniana de Unidad Demócrata, Jeanine Añez, convocaron, por separado, a la defensa del territorio indígena, ante el anuncio del presidente Evo Morales de hacer "realidad” la carretera por el corazón de la reserva nacional que cruza los departamentos de Beni y Cochabamba.
