“El río es sólo una de las manifestaciones del agua. Proteger el agua aquí, defender el agua aquí, es defender totalmente el ecosistema de todo el territorio y en esa medida del mundo, aquí estamos en un lugar especialmente privilegiado y tal vez el lugar desde el que habría que articular en este mundo y para este mundo el discurso del agua, por eso me parece tan importante todo esto, porque no puede ser percibido simplemente como la lucha local de unos ribereños o como la lucha local de unos nacionales por defenderse de unas fuerzas que avasallan un territorio y que quieren apoderarse de él, sino que es la lucha de la humanidad por salvar la esencia de su futuro es la lucha por salvar este planeta de un colapso anunciado y casi inminente”. William Ospina
Recientemente el Gobierno de Santos concesionó el Plan Maestro de aprovechamiento del río Magdalena a la estatal Hydrochina con la excusa de buscar su recuperación pero con el claro propósito de privatizar el río para megaproyectos de generación de energía y transporte de carga como “uno de los pilares estratégicos para la competitividad de la Nación, debido a los bajos costos y el desarrollo de infraestructura para el estímulo a la inversión privada”.
La estrategia del Plan gira en torno a la cuenca del río Magdalena y sus afluentes para el transporte fluvial de mercancías y la generación de energía para exportación, con el fin de satisfacer las demandas del consumismo internacional en el marco de los tratados de libre comercio. No se trata de proteger el ecosistema como bien público sino su explotación atentando contra el consumo de agua potable de varios municipios, la seguridad alimentaria y los proyectos de vida de las comunidades en sus territorios, que serán víctimas del despojo de facto que desde ya anuncia el nuevo Plan de Desarrollo del Gobierno.
El grupo Navelena, según Portafolio, integrado por la brasileña Odebrecht y la colombiana Valores y Contratos (Valorcon) será el encargado de las obras de dragado y encauzamiento del río, contrato que deberá cumplir durante 13 años y medio, y por el que recibirá más de 2 billones de pesos. Después de iniciado el dragado, el contratista tiene la obligación de cumplir con un ancho de canal, profundidad y radio de curvatura que permitan que, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, se puedan movilizar convoyes de 7.200 toneladas; desde Puerto Berrío hasta Barrancabermeja de 6.000 toneladas y de Puerto Salgar a Puerto Berrío de 800 toneladas cada uno. Con esos indicadores se espera que en el primer año ya estén las condiciones para que haya un transporte fluido de carga en los 652 km desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. La meta es pasar de 1,2 millones en el 2014, hasta 6 millones de toneladas anuales de nuestros bienes comunes para exportación.
El Plan contempla una cascada de represas desde cercanías del macizo Colombiano hasta Honda: Guarapas, 140mw y Chillurco 180mw (en Pitalito), Oporapa 220mw (en Oporapa), Pericongo 80mw (en Timaná), El Quimbo 400mw (Zona Centro del Huila), Betania 520mw (construida en Yaguará), El Manso 140mw (en Neiva), Veraguas 130mw (en Aipe), Bateas 140mw (en Villavieja) y continúan las de Basilias 140mw (en Natagaima), Carrasposo 170mw, Nariño 200mw (en Girardot), Lame 560mw (en purificación Ambalema 160mw), Cambao 100 MW (en Cambao), Piedras Negras 100mw (en Honda) y tres represas más en Honda y Tolima.
El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena es un atentado contra la soberanía nacional, de despojo de las comunidades de sus territorios y de apropiación privada de nuestro principal bien público el río Magdalena, el río de la Vida, de ese río cuyo cauce cruza el territorio de un extremo al otro y define tantas cosas de nuestro ser y de nuestro carácter. Ya los panches hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río.
¡Somos el Río!
El gobierno ha fortalecido la centralización del poder ante la exigencia de empresas nacionales y transnacionales privadas (Enel, Endesa, Emgesa, Pacific Rubiales, Estatal Hydrochina, AngloGold Ashanti, etc) para incrementar sus inversiones en las “locomotoras minero energéticas y los agronegocios”, con mayores garantías para la extracción intensiva de nuestros bienes naturales y la explotación de la fuerza de trabajo; despojando a las comunidades de sus territorios.
Ya se anunció que se concesionarán hasta 17.6 millones de hectáreas para la exploración de hidrocarburos, flexibilizando aún más la legislación ambiental con las “licencias exprés” y autorizando el sistema fracking. Se impusieron 150 grandes represas -El Quimbo, Hidrosogamoso, Ituango, entre otras- y existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Hasta pequeñas microcentrales, como las ocho proyectadas para el Sumapaz y las 14 solicitudes de licenciamiento para el Huila.
Para el Movimiento Ríos Vivos la movilización que se inicia el 14 de marzo propone articular a los movimientos de resistencia contra el modelo extractivista depredador de la vida y la naturaleza, contra el Plan de Desarrollo de Santos de imposición del despojo para el control corporativo de nuestros territorios por parte de las transnacionales, donde la paz es equivalente a más extractivismo, más endeudamiento, más impuestos; por la defensa del río Magdalena como bien público, la recuperación de las memorias y la reconstrucción de la región y del país para el Buen Vivir, con autonomía y poder territorial de las comunidades.
