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El territorio nacional se encuentra entre los lugares con mayor número de desplazados internos en el mundo, siendo esto confirmado por el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la actualidad Colombia tiene 6.3 millones de desplazados internos de un total de 40.8 a nivel mundial.

Según la ACNUR “Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país” [1]. Lo más paradójico es que estas personas deben ser protegidas por el gobierno aun cuando éste sea la causa de su padecimiento.

Colombia en ese sentido se encuentra al nivel de países como Siria, Irak, Sudán y Yemen. Algo que la mayoría de los colombianos no entiende o no quiere ver, de la misma manera los grandes medios no hacen eco de estas cifras, siendo el panorama desesperador cuando los mismos coterráneos no dimensionan esta realidad.

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) escribe sobre esto: “Es una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a los conflictos armados internos, un crimen de guerra y de lesa humanidad, y un delito en algunas legislaciones nacionales” [2], sin embargo en Colombia el desplazamiento interno sigue, y cada vez parece mayor, puesto que la arremetida paramilitar, ha causado en los últimos meses casos alarmantes como lo que está ocurriendo en los corregimientos de El Bagre, Antioquia.

En Puerto Claver, en el mes de enero fueron desplazados forzosamente más de 600 campesinos quienes se refugiaron en la casa del adulto mayor para proteger su vida y exigir al Gobierno Nacional una respuesta contundente frente al permanente asedio de los grupos paramilitares. Aun cuando se tienen estos antecedentes, la situación en la región del Bajo Cauca es alarmante y no se ve voluntad de atacar el problema de fondo que es la retoma paramilitar.

En la mesa de La Habana se ha denunciado permanentemente estos hechos, pero parecería que el Gobierno se hace de la vista gorda, y es que el Estado no ha proporcionado medidas adecuadas para prevenir estas acciones violentas que van en contra vía de los DDHH.

Teniendo en cuenta lo anterior, Ahermigua denuncia que ahora es el corregimiento de Puerto López donde se está concentrando la otra oleada de campesinos desplazados por cuenta de los grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o clan Úsuga, como bien se les quiera designar.

Cabe resaltar que una de las condiciones para llegar a buen término en las negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC – EP es solucionar el problema del paramilitarismo y su arremetida con las comunidades. Entonces ¿cuál es la respuesta verdadera de un Estado que se la juega por la paz cuando los paramilitares están generando una crisis humanitaria en el territorio nacional?

En palabras de un habitante de El Bagre, “los campesinos estamos mamados de la guerra, yo lo quiero es una vivir dignamente en paz, poder trabajar la tierra y que no me maten por pensar diferente o agruparme sanamente para cambiar esta joda”.

 

Fotografía y Texto: Prensa Rural

Artículo original disponible: http://prensarural.org/spip/spip.php?article19623

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