Presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, y con la participación de 25 alcaldes del departamento, este jueves en la antigua estación del ferrocarril de Buga, se firmó el gran Pacto por la Tierra.
Al acto asistieron el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper; el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego; y cerca de 2.000 campesinos de varias poblaciones vallecaucanas.
Uno de los anuncios más importantes lo hizo Miguel Samper, quien dijo que 4.400 hectáreas, que les fueron confiscadas a los capos del narcotráfico en esta región, serán repartidas entre campesinos sin tierra.
Estos predios, que estaban en proceso de extinción de dominio, pertenecían a Arcángel de Jesús Montoya, John Jairo Arizabaleta, Élmer Pacho Herrera, Nelson Urrego, José Santacruz Londoño y Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo'.
Según Samper, son 88 predios que ingresan al Fondo Nacional de Tierras, para un total de 4.400 hectáreas ubicadas en las tierras más fértiles del Valle del Cauca.
"Estas fincas, incautadas a estos capos del narcotráfico, harán parte de la fuente de predios con la que se resarcirá a familias de campesinos priorizadas por el Gobierno Nacional”, indicó el funcionario.
Asimismo, el director de la Agencia Nacional de Tierras, indicó que esta entidad está trabajando en la titulación de predios, uno a uno, para que ningún poseedor de tierras se quede sin su título que lo hagan propietario ya que el 40% de la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca es informal, es decir carece de títulación.
En el mismo sentido se pronunció Hernando Andrés Enriquez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, quien dijo que actualmente en el Valle del Cauca existen 3.000 solicitudes de igual número de familias campesinas que están reclamando predios.
"La meta es cubrir al menos 1.800 este año en todos los municipios del departamento”, manifestó Enriquez, quien dijo que gracias a que mejoraron las condiciones de seguridad los funcionarios de esa entidad podrán atender a campesinos ubicados en sitios considerados como zonas rojas, como el corregimiento de Puerto Frazadas, zona montañosa de Tuluá.
A su turno, el alcalde de Buga, Julián Latorre Herrada, les solicitó a los directores de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, la legalización de predios en la zona rural montañosa para poner en marcha proyectos sociales en beneficio de los campesinos bugueños.
En el mismo acto, se entregaron títulos de propiedad a cinco familias de las veredas, El Placer, Las Tinas, La Zulia y Corinto, quienes se vieron forzadas hace 15 años por los grupos de autodefensa a abandonar sus tierras luego de la masacre ocurrida el 10 de octubre de 2001 en la vereda Alaska en donde perdieron la vida 24 personas.
"Es muy importante la reivindicación de sus derechos a estas personas que les tocó sufrir el desplazamiento”, indicó el alcalde de Buga, quien dijo que la Administración Municipal podrá seguir apoyando a estas familias con más proyectos productivos, en mejoramiento de vivienda, arreglo de vías y construcción de escuelas.
Por su parte, el alcalde de Bugalagrande, Jorge Eliécer Rojas, dijo que en la zona rural de ese municipio, en donde permanecieron durante varios años las Farc y las AUC, ahora se respira un clima de tranquilidad.
"Sin duda que este es el resultado del trabajo de nuestras fuerzas armadas y del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional”, indicó el mandatario local.
Sobre el Acuerdo Final de La Habana, Samper llamó a los campesinos a que no se dejen “echar mentiras” sobre la posible colectivización de la tierra. “Hoy en día el pulso por la paz se está llevando a través de mentiras como por ejemplo que se va afectar la propiedad privada de los campesinos. ¡Eso es falso! El Acuerdo de La Habana es una reafirmación de la propiedad privada de la tierra, mediante la titulación”, dijo el funcionario.
"Queremos presentarles a los vallecaucanos la nueva política de tierras y el ambicioso proyecto de formalización de la propiedad rural para que los campesinos sean dueños de sus fincas. La paz tiene los pies en la tierra y el Gobierno Nacional se la juega por el desarrollo económico y social de esta región de Colombia, y ello sólo será posible con el ordenamiento social de la propiedad rural”, dijo Miguel Samper.
Fotografía y texto: El País - Colombia
