Fuente: Agencia de Prensa Rural
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La mujer rural colombiana se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad debido a la desigualdad estructural que se vive en el campo, ya que tiene menores posibilidades para acceder a la tierra y a planes estructurales de financiamiento para el fortalecimiento de la producción agropecuaria.
La vida de las mujeres ha estado trazada por violencias y exclusiones históricas que las ha invisibilizado como sujetas constructoras de realidad política y social. La mitad de la población colombiana está conformada por mujeres doblemente vulneradas desde la cotidianidad.
La mujer rural colombiana se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad debido a la desigualdad estructural que se vive en el campo, ya que tiene menores posibilidades para acceder a la tierra y a planes estructurales de financiamiento para el fortalecimiento de la producción agropecuaria con formación, capacitación, seguimiento y participación activa en la construcción de planes de vida territoriales y comunitarios.
Es por esto que las mujeres pertenecientes al movimiento social rural se piensan en nuevas formas de construir en comunidad. Su forma de vivir, soñar, sentir y cosechar luchas las lleva a tejer nuevos caminos de unidad y articulación para fortalecer el accionar político en contra de la negación histórica a la posibilidad de encontrarse, reinventarse y transformar sus vidas y entornos.
La participación activa de las mujeres como sujetas políticas, y no únicamente desde la victimización histórica en el conflicto armado colombiano, abrió una puerta en el proceso de negociación entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, impulsando el enfoque de género desde el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas y sujetas políticas de derechos. Sin embargo, tras la reestructuración del acuerdo final, el enfoque de género desapareció para convertirse en el histórico “derecho de igualdad”, que reconoce, desde la igualdad formal, a hombres y mujeres como semejantes, pero desconoce la igualdad material que, en un país como Colombia, niega los derechos sociales y políticos a la mujer.
Aun así, ya hay un camino recorrido y ganado, a pesar del enorme retroceso que esto significa para las históricas luchas femeninas en Colombia y el mundo, en el punto de Reforma Rural Integral, por ejemplo, se mantiene la priorización para la implementación en sistemas productivos y titulación de tierras a las asociaciones gremiales de mujeres, propuestas de emprendimiento y a sistemas productivos femeninos.
Por otra parte, en el punto de Participación Política reestructura la contribución política de la mujer reconociendo sus capacidades éticas, políticas y sociales en la construcción comunitaria y transforma la ley de cuotas para impulsar más una colaboración equitativa de hombres y mujeres en la consolidación de apuestas transformadoras desde y para los territorios.
En términos generales, el acuerdo final elimina el enfoque de género, pero sigue convocando a la participación activa de la sociedad. Así pues, el papel de la mujer sigue siendo fundamental para la transformación social. Su resiliencia y resistencia le permite organizarse desde las diferencias, articularse como mujeres populares, urbanas, campesinas, afros e indígenas enfrentando todas las formas de violencia, exaltando el arte, la cultura, la identidad común y acción pública para avanzar, hombro a hombro con los hombres, en la construcción de un país digno en poder popular.
Construirse entonces desde el feminismo popular para comprender la integralidad de las formas de opresión, violencia y valores hegemónicos, le permite al movimiento social recorrer unitariamente caminos de transformación real.
