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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran

Eduardo Gudynas

Jueves, 09 Noviembre 2017

Indígenas avasallados por otros indígenas en Bolivia

JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES

Domingo, 29 Octubre 2017

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Mientras el Gobierno Nacional escucha atentamente las recomendaciones que la OCDE, “el club de los ricos”, en materia agraria tiene como requisito para acceder a su membresía, los campesinos de la Cumbre Agraria le exigen al gobierno no dilatar las negociaciones del pliego único de peticiones presentado hace un año, y del que no se ha llegado a un solo acuerdo.

Era mayo de 2014 cuando el campesinado colombiano anunciaba el segundo tiempo del paro agrario que había empezado en agosto de 2013. El Gobierno Nacional llamó a los dirigentes agrarios, étnicos y afros para sentarse a una mesa, definir la metodología y discutir la propuesta de reforma agraria integral que reclamaba la Cumbre Agraria. Hoy, el balance que arroja un año de encuentros y lo distantes que pueden estar los acuerdos, resulta desalentador.

Tras la implementación del TLC Colombia-Estados Unidos, negociación más significativa para el país en los últimos años, queda claro que los conflictos del campo, secuela del narcotráfico y el conflicto armado, debieron ser resueltos antes de su firma. Inequitativo y asimétrico, este acuerdo comercial caracteriza al sector agrario como perdedor. Por un lado, el Gobierno permite el ingreso de toneladas de productos sin aranceles, generando competencia desleal, y por otro, esas concesiones libres de tributo, superan las ofrecidas por la nación socia.

No obstante, el valor de compras de productos estadounidenses es superior a las ventas de productos colombianos allí. Expertos aseguran que no hay posibilidades de revertir tal situación a mediano plazo.

El Canal Trece abre la primera convocatoria del año, en la que busca "productores independientes" interesados en desarrollar nuevos proyectos sobre dos temáticas puntuales: postconflicto y comunidades indígenas.

Con una inversión cerca de mil millones de pesos" Canal Tr3ce "ofrece la oportunidad a los productores independientes de la región Andina de presentar sus proyectos televisivos para posteriormente ser desarrollados", explican directivos del canal.

"Para Canal Tr3ce es muy importante abrir por cuarto año consecutivo esta oportunidad para casas productoras independientes, para que presenten proyectos en nuevos formatos y muy innovadores con temáticas que visibilicen comunidades alejadas de las grandes urbes", indica el gerente Lennart Rodríguez.

Se trata de una de las masacres contemporáneas más silenciosas y ocurre en América del Sur, con el desconocimiento de los medios que miran hacia otro lado: la tribu de los Wayúu, una de las mayores de La Guajira, en Colombia, está siendo exterminada, según denuncian sus propios líderes ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los indígenas, que viven en los mismos territorios que sus ancestros precolombinos, están sufriendo las consecuencias de la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, la que los ha dejado sin agua potable tanto para su consumo como para la irrigación de su plantíos, y los problemas gastrointestinales y el hambre por la pérdida de los cultivos ha matado cientos de niños, según denuncian.

El río Ranchería, el único que han tenido desde siempre los wayúu, tiene actualmente aguas de ínfima calidad en un 90% de su caudal, en tanto es derivada para los mantos de carbón y las escorrentías de la mina, antes de volver al cauce, por lo que no es apta para el consumo humano, ni para el animal o el riego de cultivos.

FIAN Internacional y el Grupo Suiza-Colombia han enviado una carta abierta al gobierno colombiano frente a la crisis humanitaria en el municipio del Hatillo, Departamento del Cesar, Colombia.

La carta pide que Colombia cumpla con sus obligaciones de derechos humanos y tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la alimentación de las 130 familias de la comunidad.

La comunidad del Hatillo está rodeada por cuatro minas de carbón a cielo abierto. Debido a los altos niveles de polvo y los problemas relacionados con la salud de los residentes, ya en el 2010, el gobierno colombiano ordenó a las empresas mineras el reasentamiento de la comunidad, sin embargo, todavía no se ha implementado un plan de transición.